La Estrella de Panamá
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16 de Oct de 2019

Nacional

Lisac interpone querella contra Alfonso Slim y Roberto Meana

Julio César Lisac ha emprendido acciones legales para que las autoridades de la ASEP ejecuten las respectivas sentencias dictadas por la Corte

Una querella criminal fue presentada por Julio César Lisac Jiménez en el Ministerio Público (MP) contra Ideal Panamá, S.A., su representante legal, Alfonso Slim, y Roberto Meana, administrador de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP).

La demanda responde a que desde el 11 de noviembre de 2010, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia que, en condición de cosa juzgada, restituye judicialmente la propiedad de la concesión Bajo de Mina a favor de Lisac Jiménez, y deja sin efecto la licitación del objeto litigioso otorgado por la ASEP a Ideal, S.A.

Luego el pleno de la Corte, en sentencia de 31 de agosto de 2015, dictada de forma unánime y en grado de apelación dentro del proceso de amparo de garantías constitucionales promovido por Ideal Panamá, S.A., que revoca la sentencia de 20 de abril de 2015 del Primer Tribunal de Justicia, declara nulo por inconstitucional todos los argumentos del amparista enderezados contra el proceso ejecutivo, y ordena la continuación del embargo al encontrar la ejecución ‘conforme a derecho'.

Desde entonces, Julio César Lisac ha emprendido acciones legales para que las autoridades de la ASEP ejecuten las respectivas sentencias dictadas por la Corte.

Por lo tanto, Julio César Lisac ha recurrido a la vía penal para interponer una querella por el supuesto delito de apropiación indebida de parte de Ideal Panamá, S.A. y quien es representante de esa empresa, Alfonso Slim, sobrino del mexicano Carlos Slim.

Para ello, según los demandantes, se han servido de la omisión del director de la ASEP en el que desafían las sentencias de la Corte Suprema, que por ser cosa juzgada, no admiten recurso alguno y pareciera que esa asociación delictiva les permite enfrentar, vulnerar al Órgano Judicial y exponer la seguridad jurídica en el país, por vía de un soberano desacato.

Le tocará al MP, conforme a las reglas del proceso penal acusatorio, examinar las pruebas que se presentaron en la demanda y ‘poner orden a quienes desafían de manera deliberada las sentencias finales de la Corte', dijeron los demandantes.