Los alternativas del magistrado

Tal vez en su carrera jamás se había enfrentado a una crisis tan delicada como la actual. Las opciones que le quedan al magistrado Hernán De León, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, parecen reducirse a dos caminos: presentar su renuncia o formalizar una denuncia por haber sido grabado ilegalmente, por ser presionado para que emita un fallo a cambio de no hacer pública una grabación que parece incomodarlo o ponerlo nervioso.

De cualquier forma, las palabras que vertió el magistrado a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, ya están judicializadas.

Tan solo unos días atrás, el magistrado había negado a los medios de comunicación que existiese una grabación de la que él era el protagonista. Desestimó un rumor sobre una extorsión en su contra cuyo propósito era dirigir el voto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a favor de declinar la competencia en el caso de escuchas telefónicas que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.

Sin embargo, eso no fue lo que le dijo a Porcell el 30 de julio pasado, a quien repetía constantemente que le habían grabado —sin detallar quién— y que el caso del exmandatario Martinelli estaba a punto de anularse, que ‘se va a caer' porque los magistrados podrían renunciar a la competencia para juzgarlo.

De los detalles de la conversación entre Porcell y De León, también se desprende un nuevo caso de pinchazos en el que habrían 5 mil víctimas, una de ellas, aparentemente es De León, quien aseguró a la procuradora que de su conversación habían varias copias, dos en Estados Unidos y una en Italia. Estos hechos formarán parte de las pesquisas a cargo del fiscal de Atención Primaria Julio Villarreal.

Ayer, después de denunciar los hechos ante la Fiscalía, Porcell comunicó a los medios que puso al fiscal Villarreal al tanto de las particularidades de la conversación que sostuvo con el magistrado De León.

Porcell colige que estos hechos puedan traducirse en un delito contra la intimidad del magistrado y de otras personas.

Como parte del material probatorio del encuentro, Porcell proporcionó al fiscal copia de los chats con De León y el nombre de los testigos que lo vieron entrar a su despacho. De la investigación dependerá si el fiscal cita a declarar al magistrado o envía compulsas a otro órgano del Estado.

Porcell contó al fiscal que aquel lunes 30 de julio, cuando se concertó la cita informal con quien fuera su excompañero de trabajo —ambos fungieron como asistentes en el Órgano Judicial— su interlocutor se encontraba nervioso, se ponía las manos en la cabeza y reiteraba constantemente ‘me grabaron'. Porcell también señaló al fiscal que en un momento de la conversación, ella se levantó de la silla y le pidió abandonar su despacho. Esto sucedió, según Porcell, cuando ella intuyó que De León era portador de un mensaje, por lo cual le dijo: ‘Hernán, quien te mandó a darme un mensaje, dile a esa persona que no me interesa'.

El mensaje, presuntamente, era que los magistrados declinarían competencia del caso y le tocaría al Ministerio Público atenderlo a través de la fiscalía competente.

Sin embargo, aún hay detalles de la conversación entre los representantes de la Corte y la Procuraduría que se mantienen en reserva, tales como quién grabó ilícitamente al magistrado De León, a cuántas personas más se les ha vulnerado su intimidad y por qué la Procuraduría no había iniciado una investigación al respecto.

La otra incógnita es el contenido de la grabación que le dispara los nervios al magistrado.

Así se refirió Porcell al segundo caso de pinchazos que se conoce ahora formalmente: ‘Yo asumo que son cinco mil personas más, lo digo porque cuando la investigación de escuchas telefónicas inició, en ese momento nosotros no teníamos conocimiento del caso, pero solo se pudo identificar a 150 víctimas, eso no significa que sean esas solas'.

Porcell acudió ante la Fiscalía a sabiendas de que era una responsabilidad primaria del magistrado, ya que el artículo 112 del Código Procesal Penal establece que la parte ofendida debe presentar la denuncia. ‘En atención a que no lo ha hecho, lo he venido a hacer, pero lo conmino a que repita lo que me dijo en mi despacho', manifestó la procuradora.

EL RUMBO DEL CASO

El momento en que la procuradora hace públicas estas declaraciones, a pesar de haber conocido de los hechos el 30 de julio, complica el panorama judicial del caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.

La confesión de De León sobre la probabilidad de que se anule el caso en la Corte, aunado a los supuestos ‘favores' que se tejen entre los magistrados, podría cambiar el rumbo del caso.

Recientemente, ante la decisión del magistrado de garantías Jerónimo Mejía de negar la falta de competencia del caso, la defensa interpuso un amparo de garantías para que sean los magistrados quienes decidan si su cliente debe o no ser juzgado por la Corte, o si debería conocer del caso un juzgado de circuito. El proyecto está en manos del magistrado Oydén Ortega.

El 11 de julio, el Pleno decidió por unanimidad conservar la competencia del caso tras la renuncia de Martinelli como diputado del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, el fallo se basó en la forma, más que en el fondo, razón por la que los abogados de Martinelli insistieron en presentar el mismo recurso para excluir el caso de la Corte.

Esta decisión es la que está en juego y a la que el magistrado De León supuestamente se refiere en la conversación que tuvo con la procuradora. Tal vez, parte del mensaje al que se refiere Porcell guarda relación con la decisión que tomará el Pleno en los próximos días, y Porcell advertía al magistrado que de acceder a la pretensión de la defensa, ‘el país los va a linchar'.

El caso ha generado reacciones de todas partes. El presidente Juan Carlos Varela se limitó a calificar los hechos como ‘preocupantes'. Dijo que se trata de una asunto ajeno a su competencia, pero insistió en que es grave y exhortó a De León a presentar su denuncia.

La sociedad civil y agrupaciones sindicales se manifestaron afuera de la Corte en horas de la mañana de ayer. Llevaron pancartas en las que pedían la renuncia del magistrado De León.

Por otro lado, el abogado José Antonio Moncada Luna, en representación de Heraclio Bustamante, solicitó a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, y a la Comisión de Credenciales que se investigue lo que ocurre en la Corte, producto de las declaraciones de Porcell.

QUERELLANTES RECUSARÁN A MAGISTRADOS

Los querellantes en el caso de pinchazos telefónicos emplazaron al magistrado Hernán De León a que presente una denuncia formal sobre las grabaciones y las presiones que ha recibido.

El jueves, los querellantes presentarán una solicitud de recusación contra el magistrado De León, en caso de que este no presente una denuncia sobre las grabaciones que aduce que le hicieron, y sobre los cinco mil pinchazos de los que dijo haber sido informado por una persona conocida.

Además, pedirán que no participe en ninguna decisión del caso y le solicitarán su renuncia si no presenta una formal denuncia sobre la extorsión de la que ha sido objeto, según las declaraciones de la procuradora Kenia Porcell.

Los querellantes temen que De León actúe influenciado por las presiones que siente por la presunta extorsión.

Asimismo, la querella prepara otra recusación contra Efrén Tello (suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega), quien también fue mencionado por el magistrado De León como parte de las personas que supuestamente podrían estar influenciadas en el fallo.

‘A la procuradora no le quedaba más recurso que actuar, porque si no quedaba como encubridora. Ya que si se destapaba esto más adelante, y se sabía que ella estaba al tanto, quedaría involucrada en un hecho punible. El mensaje ella no lo dice de manera taxativa, pero aparentemente era del magistrado José Ayú Prado diciéndole que el caso llegaría al Ministerio Público', indicaron los querellantes en conferencia de prensa.

‘Al parecer, los cinco mil pinchazos a los que se refiere De León emanan de las otras máquinas o equipos que no se han podido recuperar', indicó Mitchell Doens, una de las víctimas.

La última fecha de comunicación del sistema instalado en Panamá para escuchas fue el 16 de mayo de 2014, tal como lo señala la investigación que reposa en el expediente y que detalla los equipos.

Se colige de la información proporcionada por la procuradora que el mensaje presuntamente provenía del magistrado Ayú Prado.

Según Doens, ‘el caso se le estaba saliendo de las manos a los magistrados, y por eso es que la defensa actúa con un cariz político. Aparentemente, les dieron un golpe muy duro con la denuncia de la procuradora, porque de alguna manera trastoca su estrategia'.

DEFENSA DE MARTINELLI CENSURA A LA PROCURADORA

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli cuestionó la actuación de la procuradora Kenia Porcell, al haber acudido a la Fiscalía de Atención Primaria para narrar al fiscal la conversación que sostuvo con el magistrado Hernán De León.

Carlos Carrillo relacionó los hechos con el recurso que está próximo a decidir la Corte y con los cuestionamientos que ha efectuado la defensa acerca de la legitimidad del testigo protegido que, en el caso de los pinchazos, debe brindar luces de cómo se ‘pinchaban' los teléfonos de cientos de ‘blancos'.

‘Si la procuradora consideraba que tenía una noticia criminal, debió actuar de oficio como lo ha hecho en otras ocasiones', dijo Carrillo. Además, responsabilizó a Porcell por la ilegalidad de la actuación que tuvo, ya que se desconoce los fines específicos que perseguía al acudir con el fiscal de Atención Primaria para denunciar los hechos. La defensa alega que lo que se persigue es afectar el proceso contra su cliente y denunció la injerencia del Ejecutivo en el caso, a través de la Procuraduría.

‘La defensa rechaza todas las afirmaciones hechas por terceras personas o intereses que manipulando la situación, han tratado de desviar las declaraciones realizadas con las cuales hemos sido sorprendidos y que públicamente exigimos una explicación de las partes', agregó Carrillo.

Por otra parte, Sidney Sittón leyó una nota de Martinelli en la que decía que contaba con pruebas de cómo el Consejo de Seguridad, con Rolando López a la cabeza, y Kenia Porcell fabricaron el caso sin pruebas.

‘No tengo nada que ver con lo ocurrido entre la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Este caso es ilegal y está lleno de irregularidades y nulidades. Si hay justicia se debe tumbar el caso. Pero como manda Juan Carlos Varela, veo muy difícil que eso suceda', leyó Sittón en nombre de su cliente.