17 de Ago de 2022

Nacional

Parque Nacional Coiba, un patrimonio en peligro

Un accidentado proceso de licitación pública se está llevando a cabo para la construcción de una pista de aterrijaze y otras infraestructuras obras que pondría en riesgo el área protegida

Parque Nacional Coiba, un patrimonio en peligro
La Isla de Coiba forma parte del Parque Nacional de Coiba, un área ecológica protegida.

En el Parque Nacional Coiba, existe una pista de aterrizaje en el área del campamento central, de aproximadamente 850 metros de largo, sin pavimentar, utilizada para turismo y visitas oficiales. Será rehabilitada, según un plan impulsado desde el Ministerio de la Presidencia, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), categoría I, fue aprobado entre el 26 y 27 de junio por MiAmbiente. Sobre este proyecto se han interpuesto dos demandas -ampliadas recientemente- en la Procuraduría General de la Nación y la Asamblea de Diputados, contra el presidente Juan Carlos Varela y dos miembros de su Gabinete, entre otros funcionarios.

El proceso mediante el cual el Ministerio de la Presidencia adjudicó el acto público No. 2018-0-03-0-09-LV-029896 para ‘Estudio, Diseño, Rehabilitación y Mantenimiento de la Pista de Aterrizaje de Isla Coiba, Provincia de Veraguas' no ha estado exento de contratiempos. De acuerdo con la resolución No. 115, con fecha del 17 de mayo de 2018, la licitación para este proyecto fue adjudicada a ‘favor de la empresa Constructora Cumo, S.A., por la suma total de Tres Millones Doscientos Setenta Mil dólares 25/100 ($ 3, 270, 000. 25)'. La cifra excede el precio de referencia previamente establecido de $3 millones.

La adjudicación se dio en una segunda convocatoria, toda vez que la primera fue declarada desierta aduciendo el ‘incumplimiento de la única propuesta recibida', que fue la presentada por la empresa Constructora Cumo, S.A. Entre los requisitos que la compañía falló en completar estuvo la entrega del paz y salvo de la cuota obrero patronal a la Caja de Seguro Social, ‘toda vez que el aportado no se encontraba vigente a la fecha de realización del Acto Público', de acuerdo con el documento que puede ser descargado en PanamaCompra. La resolución 72, que declaró desierto el acto público, tiene fecha del 5 de abril.

Veintiún días después, y a pesar de los obstáculos, la empresa someter su oferta, faltando un minuto para las 11:00 a.m. Fue la única que se entregaría durante los siguientes 21 minutos, tras los cuales culminó el acto de presentación y apertura de propuestas en esta segunda convocatoria.

PROCESO CUESTIONADO

En la primera convocatoria, las empresas interesadas en competir por la licitación por mejor valor participaron de una reunión de homologación que se celebró en el salón de reuniones de la Secretaría Ejecutiva de Metas Presidenciales.

En el acta, disponible también en PanamaCompra, no aparece ningún representante de Cumo S.A.

Turismo en zona ecológica protegida

‘Rehabilitación de la pista existente, construcción del hangar y las oficinas administrativas'. Así se describe en el pliego de cargos original del acto público no. 2018-0-03-0-09-LV-029896 el alcance del proyecto en Coiba. Pero para el abogado Donaldo Sousa Guevara se trata de la construcción de una nueva terminal área. Así lo plantea en la ampliación de una denuncia presentada previamente ante la Procuraduría General de la República: ‘Dicha terminal tendrá todas las infraestructuras para recibir a turistas, con una pista de aterrizaje mayor y mejor para recibir aviones de mayor envergadura'. De acuerdo con el documento, estas obras permitirían la ‘entrada de miles de turistas'.

El jurista cita un informe de la Dirección de Aeronáutica Civil del año pasado. ‘La Estrella de Panamá' intentó conseguir más información en Aeronáutica Civil, pero los mensajes dejados en esta institución no fueron respondidos.

Actualmente el Ministerio de Ambiente realiza un estudio sobre la capacidad de carga o el flujo de visitantes que puede recibir la isla de Coiba, dada su condición de parque nacional y Patrimonio Natural de la Humanidad. Ecologistas han expresado su preocupación acerca de cómo los trabajos afectarían a las especies presentes en la zona y al proceso de erosión en Bahía Damas.

La compañía Dell'Acqua, C.A., enraizada en Venezuela, es una de las que aparece en el listado. Una de sus asociadas recordó la participación de la compañía de ingeniería y construcción en el proceso, pero afirmó que se retiraron porque la oferta no les pareció ‘atractiva'.

Constructora Cumo S.A. es una empresa de origen costarricense que ha participado en varios proyectos hoteleros, en Costa Rica y Panamá. Al introducir su nombre en la base de datos del Registro Público se pudieron encontrar varias ‘anotaciones preventivas' que alertaban sobre la renuncia del agente residente, a través de los años. La más reciente es de enero de 2018 y anuncia la inclusión de la sociedad en cuestión en un listado ‘de personas jurídicas con más de 10 años en concepto de tasa única', por lo que se procede a su ‘disolución'.

Una búsqueda en Opencorporates arrojó tres compañías con el nombre de Cumo. Una se encuentra inactiva, mientras que las otras dos, Constructora Cumo S.A. y Empresa Constructora Cumo S.A., siguen activas. En la última aparece como presidente y director Luis Gustavo Cubillo Montes, egresado de la Universidad Latina de Costa Rica.

Para el abogado Donaldo Sousa Guevara, quien este mes ha presentado denuncias contra el presidente Juan Carlos Varela y Emilio Sempris, ministro de Ambiente, por abuso de autoridad, extralimitación de funciones, tráfico de influencias, y delitos ambientales en detrimento de la Ley 44 del Parque Nacional Coiba, el tema de la licitación de los trabajos contemplados en la pista no ha sido manejo con la prolijidad y la transparencia que exige el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2005. Una preocupación que ha sido compartida por el embajador de Panamá ante la UNESCO, Flavio Méndez, oenegés como Fundación MarViva y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA

‘Esperamos que haya una mejor comunicación entre MiAmbiente y la sociedad civil… el Gobierno tiene sus propios procedimientos y sus tiempos para liberar información', indicó Jesús Navarrete, especialista en temas de patrimonio del BID, entidad que otorgó un préstamo de 62 millones de dólares para contribuir a la preservación del patrimonio natural en Colón, Chiriquí y la isla Coiba. Si bien se contemplan realizar trabajos de infraestructura dentro del área protegida, señaló que el préstamo, refrendado por Contraloría en marzo pasado, no incluye la financiación del proyecto relacionada con la pista área.

Otra entidad que ha demandado mayor transparencia sobre el alcance del proyecto promovido por el Ministerio de la Presidencia es ICOMOS. En una nota enviada a Emilio Sempris, ministro de Ambiente, a principios de años, su presidenta, Katti Osorio Ugarte, advierte que ‘si el VUE (Valor Universal Excepcional) se viera afectado por manera negativa por una intervención inadecuada, este patrimonio mundial podría ser ingresado en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, y si la afectación resultase irreversible, arriesgaría su salida de la Lista de Patrimonio Mundial ante UNESCO'. Osorio, que posee una maestría en conservación arquitectónica y conservación, urge a ‘informar debidamente a los actores involucrados en la toma de decisiones y a las asociaciones para la protección del ambiente a nivel nacional e internacional'.

‘El l tema de la licitación de la pista no ha sido manejado con transparencia',

DONALDO SOUSA GUEVARA, ABOGADO.

Asimismo, CIAM y Fundación MarViva, entre otros grupos ambientalistas, han presentado un habeas data sobre los trabajos que se adelantan en Coiba. ‘La Estrella de Panamá ' intentó infructuosamente obtener la reacción de MiAmbiente ante la demanda interpuesta por Sousa Guevara, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, contra el ministro Sempris, Etmara Donoso, directora regional de MiAmbiente en Veraguas, y Edilma Rodríguez, jefa del Departamento de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, entre otros.