Una radiografía de las cárceles

Las cárceles panameñas no han dejado de ser sitios de tratos crueles, infrahumanos y degradantes. ‘Diablos dibujados en las paredes parecen cobrar vida en las noches de encierro', contó un joven privado de libertad sobre las penurias detrás de las rejas. Pero esas oscuras imágenes solo son el principio de una cadena de situaciones que recoge un amplio informe de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura.

El documento elaborado por oficiales de derechos humanos y seguridad de la organización, entre otros, es el resultado de una visita a Panamá entre el 20 y 26 de agosto del año 2017.

El informe del equipo de la organización destaca como positivo una serie de avances legislativos e institucionales en materia de derechos humanos.

El equipo mira con beneplácito el reemplazo del sistema inquisitivo por el acusatorio, convencido de que tendrá un efecto positivo en la administración de la justicia penal.

La construcción de nuevos centros penitenciarios y la adopción de un protocolo para el ingreso de organizaciones de derechos humanos también fue aplaudido. En contraste, la misión hizo una serie de observaciones sobre el degradante estado de la infraestructura y el hacinamiento al que se están sometidos los privados de libertad.

El documento recoge situaciones como acumulación de basura, cableado eléctricos de alta peligrosidad expuesto -incluso con posibilidad de incendio-, alta humedad y falta de ventilación, lo que vuelve a las cárceles panameñas sitios inhabitables.

Entre las cosas que destaca el informe es la existencia de detenidos que duermen en el suelo y en hamacas improvisadas. Pero, para muestra un botón. En el Centro Penitenciario La Joyita, donde el hacinamiento alcanza un 33%, había personas dormidas debajo de una mesa.

En el Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, todo es peor, no existen las condiciones mínimas de higiene, de salud, alimentación y mucho menos de infraestructura. El penal es tan degradante que la recomendación es construir uno nuevo para clausurar lo antes posible el existente.

Las malas condiciones en las infraestructuras carcelarias fueron detectadas en una subestación policial de El Chorrillo. Una visita de los miembros de la misión durante la noche pudo determinar que no había luz natural ni eléctrica en las celdas. Los techos eran de láminas, hacía un calor inmenso, señala el documento. Pero, además esto hizo suponer que durante el día estas celdas eran inahabitables.

Otra experiencia recogida fue la de la subestación de Policía de Calidonia, en la zona metropolitana. El sitio tampoco reúne las condiciones mínimas para albergar a detenidos. Por ejemplo, el único baño estaba alejado de la celda, inundado e inutilizable.

POBLACIÓN PENITENCIARIA

Cifras poblacionales, según la Dirección General del Sistema Penitenciario.

15,206

Hombres forman parte de la población penitencia. Un 48% ha sido condenado.

Mujeres están detenidas. Un 57% de las féminas recluidas en los centros penitenciarios han sido condenadas.

La situación obliga a los privados de libertad a hacer sus necesidades físicas dentro de la misma celda. La misión encontró baldes grandes llenos de orine y excremento en bolsas.

Los baños del personal policial no estaban en mejores condiciones. El funcionamiento e higiene eran pésimos. El puesto policial debe cerrarse de forma inmediata por el respeto que merecen las personas. Esa es la recomendación del equipo que elaboró el informe de acuerdo a lo que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Otro de los puntos a los que hace referencia el documento es al sistema de aprehensión provisional de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). En el área se detectaron un número importante de personas con meses de detención en áreas con dimensiones muy reducidas, que carecían de ventanas, ventilación y con cableados de alta peligrosidad.

Una de las situaciones en las que reflexionaron los miembros de la misión es que tratándose de una zona de corta estancia hubiera tantas personas recluidas por tiempos prolongados.

Las condiciones carcelarias del centro eran inadecuadas, al punto que privados de libertad, que no tenían camas como consecuencia de la sobrepoblación, dormían en el pasillo. La situación, según el informe, difiere con la de otro número reducido de privados de libertad, quienes gozan de mejores condiciones.

LA COMIDA

Sobre la alimentación de los privados de libertad tampoco hay buenas noticias. La alimentación que se ofrece, por lo menos en los penales visitados, es escasa y de mala calidad. La hora de entrega es irregular y el acceso a agua potable es muy limitado.

En las subestaciones policiales, que son centro de corta estancia, en donde no se proporciona comida ni agua, se pudo corroborar que había personas hasta con cinco días de detención.

El informe destaca que los privados libertad que recibían comidas de sus familiares las compartían con quienes no tenían visitas. La falta de alimentación y agua durante la custodia policial es uno de los temas más preocupantes para el equipo.

LAS PANDILLAS

El ejercicio de poder de grupos de pandillas y autoridades de los penales es otro de los temas destacados en el estudio.

En algunos casos, esto se debe a la insuficiencia de personal penitenciario idóneo para cumplir su tarea. En otras instancias, las autoridades policiales o custodios solo se mantienen en el exterior de los pabellones. Esta situación también puede encubrir un verdadero sistema de corrupción, según el documento.

En algunos casos, el control de las pandillas es muy fuerte al punto que su autoridad dentro de sus pabellones es total. En otros casos, el poder es más difuso y hasta se confunde con el de los grupos religiosos, establece el documento.

En los penales donde existe el autogobierno existe un ambiente de terror entre las personas privadas de libertad. El informe también reporta el ingreso de armas de fuego en los centros de detención.

El autogobierno en manos de las pandillas, además de la corrupción, aumentan la posibilidad de que las personas privadas de libertad sean objeto de formas de explotación, malos tratos, tortura y otras afectaciones, con una alta probabilidad de impunidad para los autores.

De acuerdo a las estadísticas que maneja el Ministerio de Gobierno, la población penal alcanza 16,069 personas. Un 48% de los privados de libertad han sido condenados. Mientras que el hacinamiento en las cárceles panameñas alcanza el 8%. Si bien en algunas no había, en la mayoría se registraban diversos niveles de hacinamiento, llegando hasta 266% en el caso de centro penal de David.

El cómite instó al Estado a que se garantice que todas las personas privadas de libertad gocen de las salvaguardas establecidas en las normas internacionales desde el principio de su detención.

CARENCIAS DE LA DEFENSA PÚBLICA

La misión para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que estuvo en Panamá expresó su preocupación por las carencias de la defensa pública.

El comité recibió testimonios que daban cuenta de que era frecuente que la asistencia de un defensor de oficio solo era efectuada en el momento de las audiencias.

Esto, según el informe de la visita efectuada al país en agosto del año pasado, evidencia la falta de comunicación a las que son sometidas los privadas de libertad antes de su comparecencia ante el fiscal o juez, en el momento de la detención o durante las etapas de la investigación penal del hecho imputado.

En las visitas realizadas a los centros de detención no se encontró la presencia de defensores públicos.

Esta falta de defensa pública coincide con la información recibida de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que establece que el total nacional de defensores es 38; en el circuito 1 (Panamá), que alberga a la mayor población penitenciaria, hay solamente 11, cantidad absolutamente insuficiente para la población penitenciaria existente.

La misión estimó que el número reducido de defensores públicos es un problema serio para consolidar un nuevo modelo acusatorio ya desplegado a nivel nacional, en el que la defensa y la fiscalía deben contar con el mismo nivel de personal y recursos para alcanzar un eficiente ejercicio de su función en el marco del principio de igualdad de medios, dice el documento.