Minera Panamá busca anular fallo de la Corte

La empresa Minera Panamá, a través de la firma Morgan & Morgan, presentó cinco recursos antes la Corte Suprema de Justicia que buscan revertir el fallo de la máxima corporación de Justicia que anuló la Ley 9 de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato ley entre el Estado y la Minera Petaquilla.

Los recursos presentados, este martes por Morgan & Morgan son: incidente de nulidad, revocatoria de oficio, solicitud de aclaración, advertencia de inconstitucionalidad y una reconsideración de fallo.

El recurso de incidente de nulidad busca que la Corte Suprema de Justicia anule el fallo que tiene fecha del 21 de diciembre de 2017, pero no se dio a conocer hasta el mes pasado, luego de que culminara el proceso de firma de los magistrados.

Morgan & Morgan, apoderado legal de Minera Panamá, se notificó el lunes del fallo. Ayer presentó los recursos que fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa de la empresa, en la que participó el representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

José Carrizo, abogado de la firma, explicó que la solicitud de anular el fallo se sustenta en que la Corte Suprema se fundamentó en el Decreto de Gabinete No. 267 de 1967 para decretar inconstitucional la Ley 9. Sin embargo, alega Carrizo, el Decreto de Gabinete fue derogado con la Ley 9 de 1997.

A juicio de Carrizo, se trata de un escenario jurídico inédito que la Corte no tomó en cuenta y ante esa realidad se presentó el recurso de nulidad del fallo. Explicó que cada uno de los cinco recursos se fundamenta en distintas normativas.

Lo que se ha pedido a la Corte es que revise el alcance y contenido de ese fallo, porque Minera Panamá estima, como cualquier inversionista del país, que se debe mantener y respetar los términos y condiciones del contrato, dijo Carrizo.

Manuel Aizpurúa, vocero de la empresa, indicó que el proyecto de cobre tiene un avance de 73% y continuará vigente, tal como lo ha planteado el Gobierno. ‘Hemos venido realizando un proyecto responsable en cumplimiento de todas las leyes. Queremos seguir invirtiendo en Panamá', dijo.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue en repuesta a una demanda de inconstitucionalidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental en el 2007.