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Actualizado
- 05/10/2018 02:00
Creado
- 05/10/2018 02:00
Nueve de los diez mencionados en esta investigación son funcionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, entre ellos el comisionado Ovidio Fuentes,
La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha imputado cargos a diez personas —seis mujeres y cuatro hombres— por delitos de tráfico ilícito de armas y explosivos y contra la fe pública, entre ellas un comisionado de la Policía Nacional al cual se le ordenó detención preventiva para imputarle cargos.
Nueve de los diez mencionados en esta investigación son funcionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), entre ellos el comisionado Ovidio Fuentes, informó una fuente judicial vinculada a la investigación.
El número diez es un ciudadano de origen asiático —Yu Ki Tong—, principal acusado dentro del proceso y mantiene una medida cautelar.
Las pesquisas de la fiscalía se iniciaron en abril de este año. Un informe elaborado por un teniente establecía que se había recibido una llamada anónima que alertaba de la comisión de un delito contra la seguridad colectiva (posesión y tráfico de armas y explosivos), y que vinculaba al ciudadano asiático, a quien posteriormente se le encontraron más de 10 mil municiones en su vivienda.
El individuo de origen asiático colaboró con las investigaciones. Trascendió que con su estatus de empresario compró cerca de cien armas de fuego en los Estados Unidos, de las cuales mantenía cuarenta que no contaban con el permiso de importación.
La investigación determinó que el asiático recibía un trato preferencial en la Diasp al momento de realizar el trámite de los permisos de porte o tenencia ‘VIP', sin cumplir con los requisitos exigidos por ley.
Hasta la fecha se han realizado 27 diligencias de allanamientos en residencias, comercios y en la Diasp. La fuente judicial contó que desde el lunes se intenta ubicar al comisionado para que pueda rendir sus descargos, pero hasta el momento no se ha tenido éxito.
También se tramitó una solicitud de colaboración internacional mediante asistencia judicial a los Estados Unidos para conocer quién introdujo las armas al país. Se determinó que había realizado múltiples compras a bajos precios y las vendía a precios elevados: las de $149, se vendían a $5,500 y las de $540 a $7,500.
La audiencia de este caso fue reprogramada para el próximo martes bajo las normas que rigen el Sistema Penal Acusatorio.
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