De troncales a corredores para triplicar las indemnizaciones

El proceso de compensaciones que sacaría de circulación el antiguo servicio de buses denominados ‘diablos rojos' dio pie a una compleja trama de corrupción.

Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación determinó que se cancelaron cupos de rutas troncales —vías principales de la ciudad— para posteriormente asignarlos a los corredores Norte y Sur con la intención de triplicar el monto de las indemnizaciones por la salida de circulación de los buses colectivos. De esta forma, los beneficiarios llegaron a cobrar $75 mil en lugar de $25 mil.

Las pesquisas evidenciaron cómo dirigentes del transporte, en complicidad con funcionarios, armaron un esquema que permitió el cobro, de manera irregular, de $95.9 millones.

La investigación se origina tras una denuncia del entonces director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Juan Pablo Mora, por presuntas irregularidades en las gestiones del proceso de rescate administrativo del sistema de transporte público colectivo de pasajeros para la implementación del nuevo sistema de movilización masiva en los distritos de Panamá y San Miguelito, en marzo de 2012. Más adelante, se le sumaron otras cinco denuncias.

El denunciante dijo que en la piquera de los buses de Mañanitas se contaba con 150 unidades, en rutas troncales. Señaló que el Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac) había cancelado 18 cupos, los cuales fueron reasignados para operar en los corredores Norte y Sur.

El entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, también alertó del incremento de los certificados de operación para las rutas de los corredores.

La providencia de indagatoria N° 21 detalla que los concesionarios del servicio de transporte insistieron en aportar nuevos listados de cupos de las rutas de los corredores para ser considerados como beneficiarios de una indemnización prometida por el gobierno de Ricardo Martinelli para sacar de circulación estas unidades en marzo de 2013.

Inicialmente, el inventario de la ATTT y de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) daba cuenta de 684 cupos para las rutas de corredores. Un año después, el registro de la institución y la Secretaría de Metas de la Presidencia hacía referencia a 801 unidades con permiso para prestar el servicio colectivo en las autopistas. Se trataba de 117 cupos que no estaban contemplados en un censo inicial .

La ATTT, a solicitud de una organización transportista concesionaria de una ruta, otorgó los certificados de operación que permitieron los cambios de rutas.

Los trámites para el cambio de ruta, que por lo regular pueden durar hasta ocho meses, se llegaron a realizar en un mes, según el documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

‘MODUS OPERANDI'

Los cupos eran cancelados a los propietarios originales que supuestamente no prestaban el servicio. Posteriormente, se les asignaban a otra persona quien finalmente se beneficiaba de la indemnización estatal.

Como la notificación de la cancelación de los cupos se realizaba mediante edicto, el propietario no tenía conocimiento de este aviso. En algunos casos, incluso el transportista continuaba prestando el servicio desconociendo que su certificado estaba vigente para seguir operando.

La reasignación o transferencia de cupos se registró entre los años 2010 y 2013 para rutas que no eran oficiales o donde el autobús nunca prestó el servicio. Este procedimiento violaba la norma que establecía que ningún certificado de operación emitido después del 1 de julio de 2009 sería compensado.

Con la anuencia de la ATTT, las concesionarias se dieron a la tarea de realizar los cambios de rutas para que otras unidades pasaran a formar parte del proceso de compensaciones. Esto, según la fiscalía, trajo como consecuencia una serie de hechos que cruzaron la línea de una falta administrativa a una evidente conducta delincuencial.

La ATTT admitió el cambio de ruta sin tomar en cuenta lo regulado en el Decreto 543 de 2003, que establecía que ningún concesionario de certificado podría cambiarse de ruta o concesionaria sin antes presentar un estudio técnico y económico que diera como resultado la necesidad de incrementar buses a un destino determinado.

Pero ni siquiera existieron constancias de informes que avalaran el cambio de rutas de troncal a corredores. ‘Fue una necesidad creada no justificada, ni mucho menos sustentada a través de medios estadísticos o de análisis...', establece el documento de la fiscalía.

MONTOS DE INDEMNIZACIONES

La ATTT estableció el monto de las compensaciones para la salida de circulación de los ‘diablos rojos'

mil se estableció para cada unidad de bus que prestaba servicio en las rutas de los corredores (Norte y Sur).

mil se estableció para cada unidad de bus que prestaba servicio en las rutas troncales.

unidades de corredores estuvieron censadas inicialmente para ser compensadas.

fueron incluidas posteriormente en un nuevo censo de la ATTT y Canatra.

EL SEL

Sobre el servicio de lujo (SEL) destinado a los corredores, se estableció que operaron en rutas troncales, pero fueron beneficiados como corredores. Hubo incluso ‘diablos rojos' por los que se cobraron $75 mil por presuntamente tener incorporado un sistema de aire acondicionado, destaca la investigación de la fiscal Kyra Tascón.

De acuerdo con el listado de la Dirección Regional de San Miguelito de la ATTT, 17 buses prestaban el servicio en el Corredor Sur, 12 eran ‘diablos rojos' y cinco de lujo. Solo cinco debieron ser compensados con $75 mil y los restantes, con $35 mil. La indemnización total sería de $795 mil.

Pero la realidad, según la fiscalía, es que la mayoría de los buses fueron compensados con $75 mil.

Otro punto que destaca la investigación es que había buses con pólizas que estaban vencidas y otros que ni siquiera tenían seguro de asiento.

El incumplimiento en el pago de las imposiciones tributarias (tasa única) y administrativas (placa comercial) fue otro detalle del proceso que quedó expuesto como consecuencia de las pesquisas judiciales.

Sujetos investigados, establece la providencia de indagatoria, cancelaron la placa comercial de años anteriores cuando solicitaron participar de las indemnizaciones de los ‘diablos rojos' para cumplir con los requisitos establecidos.

Las investigaciones de la agencia de instrucción también apuntan a duplicidad de compensaciones; es decir, se pagó dos veces por un mismo certificado de operación de un transporte colectivo.

En la institución reposan 261 expedientes de buses que no prestaban el servicio porque estaban dañados; sin embargo, también recibieron compensaciones.

AMIGUISMO

Los listados para compensaciones de buses provenientes de las piqueras o concesionarias fueron elaborados sin tomar en cuenta la base de datos del ente regulador (ATTT). ‘Eran levantados por amiguismo dejando por fuera a los verdaderos derechohabientes', señala la fiscalía en la acreditación del hecho punible.

Las autoridades concluyeron que el proceso se gestionó sin las exigencias correspondientes. Se usaron listas que los transportistas confeccionaron y se indemnizó a un número selectivo de transportistas agremiados.

La fiscalía ha imputado cargos a 528 personas, entre transportistas, funcionarios de la ATTT y de la Secretaría de Metas.

Este expediente tiene 416 tomos (200 mil fojas). El proceso se encuentra en la fase de toma de declaración indagatoria.

La fiscalía determinó una diferencia entre los certificados de operación (1,762) existentes en 2012 y las compensaciones pagadas (3,317) para 2014. En esta investigación, están vinculados algunos diputados relacionados con el tema del transporte.

Los ‘diablos rojos' eran parte del antiguo sistema de transporte público iniciado en 1973 durante el régimen militar de Omar Torrijos, en el que el Estado daba un permiso de operación a cada transportista dueño de su autobús.