Carlos Santana y su intento de engañar a la opinión pública

El diputado Carlos Santana, del circuito 9-1, montó ayer ‘un show ' al convocar a los medios de comunicación para anunciar su renuncia a la prerrogativa de ser investigado como diputado para que el Ministerio Público (MP) tenga plena libertad de actuar e investigarlo en el proceso por cobros irregulares para sacar de circulación a los ‘diablos rojos', durante la pasada administración de gobierno. Esta fue la conclusión a la que llegaron varios abogados consultados por La Estrella de Panama.

‘No es posible renunciar a la prerrogativa, son reglas procesales. El tribunal competente para investigar y juzgar a los diputados es el Pleno de la Corte bajo la regla de juicios especiales',

JUAN CARLOS ARAÚZ

EXPRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Uno de los primeros que mostró su asombro por la actuación del diputado Santana fue el abogado Juan Carlos Araúz. Las palabras del diputado no tienen sentido, dijo Araúz. ¿Es una estrategia para engañar a la opinión pública o es que acaso desconoce las leyes y la Constitución Política, pese a que forma parte del órgano donde se elaboran?, manifestó Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados al ser consultado.

Sin salir del asombro añadió: ‘No es posible renunciar a una prerrogativa que no existe. Eso no funciona así. El tribunal competente o juez natural para investigar y juzgar a los diputados es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)', explicó Araúz.

Para que el diputado sea investigado como una persona ‘común y corriente' debe renunciar al cargo al que llegó por elección popular, agregó el especialista y conocedor de las leyes.

Rosendo Rivera, también abogado, coincide plenamente con Araúz: ‘Él sabe que la única opción para que la justicia ordinaria lo investigue es que renuncie a ser diputado'.

Este medio buscó una segunda versión de Santana y le pidió que aclarara su actuación. Se le preguntó, por vía telefónica, si estaría dispuesto a presentar su renuncia como diputado. Tras un corto silencio como respuesta, reaccionó: ‘Tendría que pensarlo'.

Los procesos contra los diputados entran bajo las reglas de los juicios especiales del Código Procesal Penal y la Constitución Política de la República de Panamá, recordó Araúz.

‘Eso no es cuestión de que yo llamo a la Corte y digo ‘levanten el fuero'. El Tribunal Electoral es el que dice a la Corte que le ha levantado el fuero al diputado. Esto no es más que demagogia barata',

MIGUEL ANTONIO BERNAL

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

Quien expresó indignación fue el constitucionalista y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal. La actuación del político no es más que ‘demagogia pura y barata', consideró Bernal.

Sin embargo, Santana dice que no fue más que ‘un acto de buena fe. Todo el mundo puede renunciar a algo', recalcó. El político del Partido Panameñista alegó después de la conferencia de prensa en la que presentó el anuncio que no había recibido asesoría legal. Actuó, según él, por ‘mera co nciencia y decisión propia'.

La Constitución Política de la República de Panamá establece, en su Título V, artículo 155, que los m iembros de la Asamblea Nacional solo pueden ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización del Órgano del que forman parte.

‘Puede investigarse por la compulsa de copias de parte del Ministerio Público o por una querella que se interponga en su contra', explicó el abogado Rivera.

En 2004, durante el gobierno de Martín Torrijos, se aprobó un cambio constitucional que incluyó, entre otras modificaciones, eliminar la inmunidad a los legisladores (hoy diputados).

La reforma permitió que el legislador dejara de ser inmune penalmente y se estableció que correspondería a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia jugar el doble papel de investigador y juzgador para los casos en que se viera envuelto un diputado.

EL INTENTO FALLIDO

‘Hemos tomado la decisión de hacer cosas radicales porque sentimos que es la única forma de corregir lo malo y voy a comenzar por mí mismo. Que el MP me investigue a partir de este momento',

CARLOS SANTANA

DIPUTADO, MIEMBRO DE LA BANCADA OFICIALISTA

Después de que este medio publicó que Santana aparecía mencionado en el expediente que adelanta el Ministerio Público por los pagos irregulares a los transportistas, el diputado decidió dar una conferencia de prensa. La razón: comunicaría que este martes 20 de noviembre había enviado una nota a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, en la que alegaba que renunciaba a la prerrogativa de ser investigado como diputado.

La carta estaba notariada en Veraguas y enviaba copia al presidente de la máxima magistratura de justicia del país, Hernán De León, y a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell. ‘Que me investiguen a partir de ya, si así lo desean', dijo.

ANTECEDENTES

De inmediato este medio se percató de que Santana sostenía su argumento sobre normas inexistentes, pues la inmunidad parlamentaria dejó de existir en el sistema legal panameño hace varios lustros.

Santana no es el único diputado que aparece mencionado en el citado expediente. Además están Diógenes Vergara y su suplente, quienes hasta el momento, a diferencia del veragüense, no han dado la cara por las supuestas irregularidades.

Las pesquisas evidenciaron cómo dirigentes del transporte, en complicidad con funcionarios, armaron un esquema que permitió el cobro, de manera irregular, de $95.9 millones.

Santana dijo que desde el 23 de marzo de 2011 advirtió al entonces ministro de la Presidencia (Demetrio Papadimitriu) de los actos de corrupción que se estaban dando dentro de este proceso. ‘Nosotros personalmente habíamos sido víctimas', alegó.

El diputado tenía 12 cupos operando en las rutas de los corredores, pero solo logró compensar $225 mil. ‘Perdí mucha plata' porque le ‘robaron' seis cupos que le cancelaron para darlos a otras personas que se beneficiaron de las indemnizaciones, explicó.

CHATARREO DE BUSES PUEDE DAR PIE A UN PROCESO PENAL

El proceso para la implementación de un nuevo sistema de transporte público incluía convertir en chatarras los viejos autobuses. Pero, según las investigaciones del Ministerio Público, en este trámite hubo irregularidades y quedó en evidencia que los funcionarios no cumplieron con la tarea asignada.

Entre estas se señala que no habían registros certeros de los buses que entraban al cementerio, lo que permitió que ingresaran unidades que no estaban contempladas en el rescate administrativo (zonas del interior del país), buses con desperfectos mecánicos con distintivos de privados, pero con rutas remarcadas, describe la fiscalía en la providencia de indagatoria N°21.

Hubo unidades que debían estar descartadas, pero sus dueños estaban haciendo fila para cobrar nuevamente la indemnización, señaló una fuente ligada al caso.

Hasta este momento las investigaciones se han centrado en el pago irregular de las compensaciones. Pero no se descarta la apertura de un nuevo proceso por lo ocurrido durante el descarte.

La Dirección Administrativa de la ATTT tenía a su cargo supervisar el proceso de chatarreo. Para esta actividad, se habilitó un área en la zona de Howard donde los transportistas debían hacer entrega del bus junto con una copia del certificado de operación, póliza de seguro y Registro Único de Propiedad.