Formulan cargos a seis productores por protestas en Divisa

Un juez de garantías de Herrera, Zeddy Ureña aplicó medidas de notificación periódica y prohibición de salida del país a seis productores involucrados en una protesta realizada el martes 18 de diciembre pasado en Divisa y en la que se retuvo a los ministros de Seguridad y Desarrollo Agropecuario (Jonattan Del Rosario y Eduardo Enrique Carles.

En ese confuso incidente un vidrio del auto donde viajaba el ministro del agro quedó roto probablemente por piedras, hasta los caballos participaron de las protestas. A los productores (Elías Marciaga, Alberto Martínez, Luis Miguel Chávez, Leonys Peralta, Pedro Vidal y Carlos Avilés se les imputo cuatro cargos, entre ellos, desorden en la vía pública, intento de secuestro e irrespeto a la autoridad.

La juez de garantías consideró ilegal la forma en la que los productores fueron sacados de sus casas, esposados. Y, aunque, la fiscalía solicitó una medida de privación de libertad por peligro de fuga y destrucción de pruebas, la juez la negó por considerarla excesiva.

Para los productores todas estas actuaciones son consecuencia de una persecución política del gobierno contra el derecho de defender una actividad de la cual dependen miles de familias interioranas. Edgar Voitier, del Frente Amplio de Colón, señaló que las detenciones y procesamiento judicial de los productores es ‘criminalizar la protesta.

Raúl Rodríguez, productor y presidente del Movimiento de Abogados (MAG), explicó que el día de la protesta los ánimos se exacerbaron por la desatinado decisión del gobierno de enviar al ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles, como vocero del gobierno. ‘Carles no solo representa los intereses antagónicos del sector agropecuario porque representa al sector de los importadores porque es un importador', señaló.

‘Las detenciones y procesamiento judicial de los productores es criminalizar la protesta'

EDGARDO VOITIER,

FRENTE AMPLIO DE COLÓN

Rodríguez recordó que el ministro no ha cumplido absolutamente nada de lo que ha prometido. El abogado no aplaude los actos de violencia, no está de acuerdo con las represiones, y considera que sacar a los productores de sus casas, de sus fincas para que enfrenten a las autoridades es un acto de ‘intimidación' que en nada contribuye a solucionar el problema existente. Rodríguez hizo un llamado a ‘la paz y la cordura'.

En esta misma línea se pronunció la iglesia quien llamó al gobierno y a los productores a un diálogo como uno de los principales caminos para lograr consensos.

El Comité Permanente de la Conferencia Espicopal Panameña (C.E.P.) manifestó públicamente su preocupación por los niveles de violencia en que han desencadenado una serie de protestas del sector agropecuario que demandan se evalúen los tratados comerciales suscritos.

La iglesia reconoce que es evidente el desamparo en que han quedado los productores. ‘Se ha puesto el capital por encima de la persona, produciéndose un abandono de la tierra y la pérdida de la cultura del trabajo'.

Mientras que en una carta abierta suscrita por Aquiles Acevedo, coordinador de Unidos por el Agro, y dirigida al nuncio apostólico del país, monseñor Miroslaw Adamczyk solicita un entrevista al Papa Francisco que estará en esta ciudad para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en enero del próximo año.

Los productores piden se conceda una audiencia, en la que los campesinos y productores puedan manifestar sus penurias y angustias.

Los productores explican que los problemas han sido provocados por una economía profesa exclusión promovida por los funcionarios públicos de turno. ‘Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, la mayoría se queda cada vez más lejos del bienestar'.

La Red de Derechos Humanos de Panamá y la Asamblea de Acción Ciudadana expresó que este sector ha sido muy golpeado por las políticas gubernamentales que le han dado la espalda a la producción nacional en detrimento del hombre del campo y de la seguridad alimentaria de los panameños.

Las organizaciones lamentaron los acontecimientos ocurrido en Divisa donde no solo se puso en peligro la vida de funcionarios sino de todos los participantes de las protestas. ‘Este tipo de protestas violentas no se deben repetir. Tampoco el irrespeto a los productores que son llevado a mesas de diálogos que no son efectivas y que prolongan la agonía del sector.

Ambas organizaciones hacen un llamado al gobierno a que se retiren las denuncias penales contra los manifestantes porque no ayudan a encontrar una salida al diálogo.

Por su parte, el presidente Juan Carlos Varela uso su cuenta personal de Twitter para pronunciarse por este tema. ‘A cuatro meses de gobierno no está en capacidad de renegociar Tratados de Libre Comercio que fueron negociados anteriormente'.

El mandatario agregó que ‘siempre estamos dispuestos al diálogo, condenamos todo acto de violencia que afecte el orden público y altere la paz social'.

Varela reconoció que se tienen muchos retos por delante en este sector.