“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
- 06/10/2026 00:00
El exdirector de Finanzas de BAC fue aprehendido la mañana del lunes y ahora espera para enfrentar audiencia de imputación de cargos. El banco toma distancia afirmando que actuaciones individuales no comprometen su conducta ética ni legal
Detienen al primer ejecutivo de un banco en la trama de corrupción de Operación Pandora. Luego de tres meses de operativos que resultaron con la aprehensión de decenas de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), abogados y empresarios, una persona directamente vinculada a la banca es aprehendida por las autoridades.
Se trata de Arnoldo Salgado Galeano, quien hasta septiembre de este año fue director de Finanzas en BAC Panamá.
Salgado es Contador Público Autorizado (CPA), “líder en finanzas y auditoría, optimización de procesos y controles internos”, de acuerdo a su perfil personal en Linkedn. Su firma aparece en los informes presentados por el banco ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) dando fe que los estados financieros estaban en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el Registro Público aún se encuentra como apoderado de BAC International Bank, Inc.
Por el momento, se desconocen los detalles exactos sobre el rol que habría tenido Salgado en la Operación Pandora. Las audiencias para legalización de la aprehensión, imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares ya fueron solicitadas por el Ministerio Público y deberían llevarse a cabo este martes para cumplir con los tiempos legales aunque al cierre de esta edición el Órgano Judicial no ha confirmado la hora exacta.
BAC y Pandora
BAC, el segundo banco más grande de la plaza panameña, mantiene un lugar clave dentro de la investigación del caso Pandora. El informe de auditoría realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalla transferencias por poco más de 36 millones de dólares de parte del banco por la compra de créditos fiscales cuya legitimidad ahora está siendo investigada.
La entidad bancaria respondió a La Estrella de Panamá sobre el caso en julio, reiterando que la compra de créditos fiscales se realizó siguiendo los procedimientos legales, sin nunca pagar antes que el sistema estatal reflejará el crédito a favor del banco.
Además, aseguró que preservaron la evidencia y trazabilidad operación por operación, incluyendo contratos, soportes de acreditación por parte de la DGI, comprobantes de pago, trazabilidad de fondos, debida diligencia y demás documentación relevante.
En agosto, la entidad tomó la decisión de voluntariamente incorporarse al proceso penal con el objetivo de colaborar de forma eficiente con el Ministerio Público.
Un mes después, Salgado es separado de su cargo dentro del banco. Luego de su aprehensión, BAC emitió un comunicado desvinculándose de las acciones que podría haber cometido Salgado y asegurando que sus operaciones regulares no se verían afectadas.
“Es indispensable separar con absoluta claridad dos ámbitos totalmente distintos. Por un lado, las investigaciones judiciales responden a actuaciones individuales de personas naturales, que no representan ni comprometen la conducta ética y legal de nuestro banco. Por el otro, la operación de la entidad: BAC adquirió créditos fiscales de forma lícita, amparado en el principio de legítima confianza y legalidad sobre las certificaciones oficiales y validaciones emitidas por la DGI”, señaló la entidad bancaria. “Queremos garantizar, una vez más y con total certeza, que esta situación se relaciona exclusivamente con obligaciones tributarias. Por lo tanto, este proceso no afecta las cuentas, los ahorros, los depósitos ni los fondos de nuestros clientes. BAC mantiene sus operaciones con normalidad y cuenta con los niveles de liquidez y solvencia requeridos para atender sus compromisos”, enfatizó.
Cronología del caso
De ser imputado, Salgado Galeano se convertiría en la 23° en enfrentar cargos por la Operación Pandora. La extensa lista de imputados en el caso abarca funcionarias de la DGI que laboraban en el departamento responsable de tramitar los créditos fiscales; abogados que manejaron sociedades intermediarias para recibir los créditos y posteriormente venderlos; intermediarios que presuntamente habrían facilitado el pago de las coimas a los funcionarios; y otros particulares vinculados.
De acuerdo al Ministerio Público se trata de una estructura criminal organizada. De ser incluido Salgado, los fiscales tendrían imputados a actores en la cadena desde la institución estatal hasta la banca privada.
La cronología del caso se remonta a 2022, cuando se detectaron las primeras operaciones irregulares en forma de créditos fiscales ilegítimos dentro de la plataforma e-tax 2.0 de la DGI. En 2023, la DGI presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. El año siguiente, el director general, Publio De Gracia, ordenó suspender los trámites de créditos fiscales e implementó controles adicionales.
En 2025, una auditoría del MEF revela una posible lesión patrimonial de más de 40 millones de dólares. La auditoría detalló transferencias en las cuáles el principal beneficiario de los créditos fiscales fue BAC. El banco ha reiterado que no recibió dinero, sino créditos fiscales que fueron tramitados en la plataforma estatal.
En 2026 es aprehendido Eduardo Silvestre, exjefe de Cuenta Corriente de la DGI, quien detalla a la Fiscalía el modelo utilizado para crear y traspasar los créditos ilegítimos. Su testimonio ha sido clave para la Operación Pandora que es ejecutado en julio de este año por el Ministerio Público.
En los meses siguiente, decenas de personas terminaron siendo imputadas por cargos como blanqueo de capital, falsificación de documentos y delincuencia organizada.
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