Abogado de Martinelli propone al SPA fianza de $500 mil y entregar sus pasaportes

Actualizado
  • 04/02/2019 12:22
Creado
  • 04/02/2019 12:22
El Ministerio Público se opuso a que se le otorgue una fianza al expresidente, insiste  en que todavía persiste el riesgo de fuga

La defensa de Ricardo Martinelli solicitó al juez de garantías, Justo Vargas, que se otorgue al expresidente una fianza de excarcelación por medio millón de dólares, a cambio de que se cambie la medida cautelar de detención preventiva,  además propuso una serie de condiciones que se comprometen a cumplir.

Entre las condiciones, Martinelli se compromete a entregar sus pasaportes (el regular y el diplomático) como garantía de que no abandonará el territorio nacional, también están de acuerdo con que se le dicte medida de prohibición de salida del país, y que se le exija presentarse cada 15 días -o cuando disponga del juez- ante el tribunal.

Su abogado, Alfredo Vallarino, propuso además que Martinelli quede incomunicado con las víctimas o querellantes de los delitos que se le imputan y que se instalen dispositivos electrónicos como el GPS para su ubiación en tiempo real o proporcionar el IP  de su teléfono portátil para que pueda ser localizado y monitoreado por la oficina judicial, al mismo tiempo que se active el modo de "FaceTime" para comprobar que sea él quien porta el teléfono.

El equipo de la defensa ofreció $500.000, tomando en consideración que en los Estados Unidos, se le fijó una fianza por un millón de dólares.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso a que se le otorgue una fianza a Martinelli y que se le cambie la medida cautelar, alega que todavía persiste el riesgo de fuga, y no hay garantías de que se presente a las audiencias después de la campaña electoral.

Martinelli está postulado por el Partido Cambio Democrático para el cargo de alcalde de Panamá y diputado del circuito 8-7.

El Ministerio Público representado por la fiscal adjunta Delia De Castro, rebatió los puntos que presentó la defensa como el retraso judicial y el derecho a ser juzgado.

En este sentido dijo que los retrasos que son producidos por la defensa no se pueden atribuir a las autoridades.

“Hablamos de delitos graves, del uso de funcionarios públicos para estos delitos como el seguimiento y la inviolabilidad del secreto de la información sin causa justificada de orden judicial”, expresó la fiscal adjunta.

La fiscal también recordó que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto y por unanimidad negó al expresidente un cambio de medidas cautelares, así como una fianza.

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