Delitos comunes se triplicaron en los últimos diez años

Todos los gobiernos afirman que, gracias a su gestión, la criminalidad se ha reducido. Actualmente, esto se refleja mayormente en los homicidios, pero con una subdimensión del resto de los delitos, ya que el 76% de las víctimas no presentan la denuncia.

La primera Encuesta de Victimización efectuada en 2008 por la Cámara de Comercio y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) arrojó que el 6% de los encuestados fueron víctimas de un delito en ese año, pero con el paso del tiempo la cifra se incrementó: 10% en 2010; 19% en 2014; 17% en 2016 y, en 2017, un 19% dijo haber sido víctima de un delito ( ver tabla ).

Los delitos comunes en Panamá, como el robo, hurto, violación, estafa, por citar algunos, se han triplicado en la última década, según reflejan las encuestas de victimización que se han efectuado desde el 2008 al 2017.

En comparación con los homicidios, que representan 7 de cada 10 mil delitos a nivel nacional, en la actualidad se cometen 630,739 delitos anuales. Es decir, 1.2 delitos por minuto, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2017. Seguramente esta cifra continuará en aumento si los gobiernos emplean las mismas recetas para combatir el crimen.

¿Qué están dejando de hacer los gobiernos en esta materia, ante una escalada progresiva?

Estas cifras están tratando de decir a los gobiernos de turno que los esfuerzos enfocados en prevención no están dando los resultados, a pesar de los cuantiosos recursos y las buenas intenciones de los políticos, o del esfuerzo del sector privado y los programas de las organizaciones internacionales implementados en Panamá.

En el 2007, la Sección de Investigación y Análisis de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) publicó el informe ‘Crimen y desarrollo en Centroamérica, atrapados en una encrucijada', en el que expuso una serie de advertencias que cobran singular importancia en la actual coyuntura económica y social de Panamá.

Los estudios sobre la correlatividad en la delincuencia han encontrado que la distribución de la riqueza en una sociedad es de hecho mucho más significativa que la pobreza extrema como indicativo para predecir los niveles de violencia.

Se ha dicho que las grandes disparidades en la distribución de la riqueza brinda a los delincuentes una justificación —poner fin a la injusticia social— y una oportunidad —riquezas que robar— para sus actividades y genera ‘violencia expresiva'.

El desempleo, especialmente en los jóvenes de las zonas urbanas que han abandonado la escuela, se ha asociado también con los niveles de delincuencia. Varias naciones de la región concentran elevados niveles de juventud ociosa; mientras que el porcentaje de inscripciones en las secundarias es menor al 50% y las economías urbanas no están creciendo lo suficientemente rápido como para soportar el crecimiento de la población, tal como lo revela el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, ‘Crimen y desarrollo en Centroamérica, atrapados en una encrucijada'.

DISPARIDAD

La Contraloría recoge que en Panamá los jóvenes de 15 a 29 años representan un tercio de la población en edad productiva, pero aunque 2 de cada 3 buscan trabajo, en la última década sólo obtuvieron 1 de cada 13 nuevos empleos. Es decir, 1 de 4 jóvenes no trabaja ni estudia —2 de cada 3 ‘ninis' son mujeres—, lo que representa un 61% de los desempleados del país. Otro dato a destacar es que aportan 62% de la población penitenciaria y se ven involucrados en 2 de cada 3 detenciones que lleva a cabo la Policía Nacional.

Los jóvenes panameños obtuvieron 1 de cada 4 nuevos empleos generados en la economía entre 2004 y 2009, pero sólo 1 de cada 13 en los últimos 4 años (2014-2018) según datos de la Contraloría General. No obstante, esta misma institución registra que la edad promedio para los nuevos empleos en la economía formal es de 53 años.

Aunado a esto, retomando datos de la Contraloría, la deserción escolar en educación premedia y media entre 2009 y 2015 alcanzó un 56%; 48,864 alumnos de escuelas públicas reprobaron sus materias en el 2016, el número más alto en 14 años, y 95% de los jóvenes humildes que culminó educación media en Panamá busca trabajo, en contraste con el 64% de los graduados de clase media y alta, que ingresa a la universidad antes de cumplir 25 años de edad.

Tomando en cuenta lo anterior, no es de sorprenderse que la mayoría de los jóvenes humildes del país sienten que sus perspectivas laborales no han mejorado, o que Panamá sea el país latinoamericano con la mayor proporción de adolescentes que ve la educación como una ‘pérdida de tiempo'.

En este contexto, la explosión delictiva es otro síntoma de una creciente alienación social de nuestros jóvenes humildes. Para atacar este flagelo, será importante identificar que el enemigo de la sociedad no es la delincuencia, sino la exclusión social.

Expertos consultados coinciden en que la única manera de prevenir la criminalidad es minimizando la necesidad de delinquir, lo cual requiere empoderamiento económico.

LOS GOBIERNOS Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

LAS ACCIONES

En los gobiernos democráticos en Panamá se iniciaron acciones que crearon una institucionalidad nueva para atender este tema, acciones que se constituyeron en documentos particulares de política gubernamental de seguridad ciudadana.

En ese sentido, en los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares no hubo política oficial, pero se generaron condiciones de fortalecimiento institucional, principalmente en las entidades de represión de crimen, sin contemplar la prevención como parte de la situación de inseguridad. La administración de Mireya Moscoso creó un documento denominado Fundamentos de Política Panameña de Seguridad, aprobado a través de la Resolución de Gabinete Nº 34 del 21 de junio de 2000. En este texto oficial se reconoce el concepto de seguridad integral.

Durante el gobierno de Martín Torrijos, se generó otro esfuerzo formal de política; en este caso, dirigida al tema criminológico. Este documento se denominó: Lineamientos generales para una Política Criminológica del Estado Panameño. Fue aprobado como Decreto Ejecutivo Nº 260 del 8 de junio de 2006.

Los ejes centrales o principios rectores de esta política establecían los derechos humanos, la participación ciudadana, la prevención, el desarrollo sostenible y la cultura de paz como temas a tomar en consideración en las acciones y estrategias para minimizar o influir de manera positiva en la situación de inseguridad en el país.

Por otra parte, apartado de este documento, se propuso desarrollar el Programa de Seguridad Integral (PROSI), como una acción general adoptada por el gobierno en ese momento. Su funcionamiento dependía del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Los temas de prevención y acciones se orientaron a localidades municipales que en ese momento presentaban las cifras más alarmantes de delitos.

Durante la primera etapa del gobierno de Ricardo Martinelli, el PROSI se mantuvo vigente, reorganizándose y estableciéndose una nueva dirección con el objetivo de retomar las acciones, además de extender el financiamiento para el sostenimiento.

En la segunda parte del gobierno de Martinelli, se generó un tercer documento denominado ‘Estrategia de País de Seguridad Ciudadana', aprobado con la Resolución de Gabinete Nº 84 del 24 de junio de 2012 y adoptado como política de seguridad en Panamá. Este instrumento presentaba como principios rectores el entendimiento de que el problema de seguridad ciudadana se debe abordar de forma integral, además del respeto de derechos humanos en la ejecución.

Por último, el gobierno de Juan Carlos Varela ha adoptado varias acciones de política, reconsiderando la aplicación de la Estrategia de País de Seguridad Ciudadana. Durante el primer año de gestión se aplicó el programa Barrio Seguro, con el objeto de intervenir en la realidad de violencia en los jóvenes de los barrios de las ciudades más importantes del país. Este programa ha sido la punta de lanza en el tema de seguridad ciudadana; no obstante, se han cuestionado sus resultados reales en comparación con los indicadores de criminalidad.