Perito describe el equipo Pegasus y las diligencias realizadas

En la continuación del juicio al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos y dos delitos contra la administración pública por supuesto peculado, el perito informático del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Luis Rivera Calles se refirió a dos diligencias de inspección ocular en las que participó en el año 2014.

A diferencia del viernes pasado, cuando la Fiscalía realizó una intervención con tropiezos, ayer la fiscal Rosario Ortega logró que el perito narrara con detalles —y sin tantas objeciones de la defensa— su participación en los hallazgos efectuados en inspecciones a páginas de g-mail y de la empresa Liberty Technologies (proveedora de servicio de internet al Consejo de Seguridad).

‘Hoy en día, en el Consejo de Seguridad Nacional hay intervenciones telefónicas... Lo van a escuchar del propio Consejo durante este juicio',

ALFREDO VALLARINO

DEFENSA DE MARTINELLI

Rivera Calles describió su participación en la diligencia de inspección ocular, consistente en la prueba documental N° 3, introducida por la Fiscalía durante la fase intermedia del proceso.

La misma fue practicada en los laboratorios del Instituto de Medicina Legal, donde Rivera Calles es jefe de Informática. Esta acción estuvo relacionada a un servicio de conectividad en Paitilla y otro a un buzón de correo.

El perito indicó que la empresa NSO Group fue la proveedora de software para el Consejo de Seguridad; se identificó el equipo Pegasus, que hizo posible el acceso remoto al celular para obtener agendas, fotografías, correos electrónicos, mensajería, entre otra información. También se activaba el micrófono y la cámara para conocer en tiempo real lo que hacía el usuario.

Toda esa información fue impresa, declaró el perito. Anteriormente, dijo, no había escuchado hablar sobre ese sistema, punto que ataca la defensa de Martinelli, cuyos abogados no comprenden cómo el perito, sin haber escuchado del sistema, supo todo lo que era capaz de hacer.

CADENA DE EVIDENCIA

Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía preguntó al perito si se practicaron principios de cadena de custodia a la información obtenida en la diligencia en mención a lo que respondió: ‘No recuerdo que se utilizaban los principios de la cadena de custodia durante el proceso inquisitivo (2014), no así en el Sistema Penal Acusatorio'.

Para la defensa esta respuesta es una ventana para atacar la veracidad de la prueba. El abogado de la defensa, Alfredo Vallarino, declaró a los medios al culminar el acto que ‘la cadena de custodia no existió, y si eso no existió no hay principio de mismidad', lo que quiere decir que la evidencia que se obtuvo de un sitio en particular debe ser la misma que va a evaluar el tribunal.

‘Si no se puede garantizar que es lo mismo, de qué sirven un par de hojas impresas; yo puedo imprimir las hojas y le puedo poner el nombre de cualquiera, eso no tiene valor si no tiene una cadena de custodia... jamás se nos permitió la ‘copia espejo' para poder examinar que lo que diga cualquier perito sea lo que está en los dispositivos o las hojas' , señaló Vallarino.

‘Nosotros lo que hemos logrado establecer es que hay documentos de la compra y recepción por parte de Gustavo Pérez, quien fuera parte del Consejo de Seguridad, de este programa', manifestó el fiscal Ricaurte González al salir de la audiencia. Respondió, ante preguntas de la prensa, que la forma como se adquirió el aparato Pegasus debe ser verificada en la parte administrativa.

Este es un punto que la defensa cuestiona, ya que aduce que se carece de una auditoría de la Contraloría, por tanto, no se puede considerar como una compra que haya efectuado el Estado, a pesar de que este tipo de aparatos o softwares son de venta exclusiva a gobiernos por parte del proveedor, en este caso NSO Gruop.

En 2012, el Consejo de Seguridad Nacional estableció una relación comercial con la empresa israelí NSO Contract Materials. Este contrato incluía el sistema Pegasus. Se establecía que la compra del equipo era para colectar información de celulares, a un costo de $8 millones. A diferencia de la adquisición efectuada en 2010 a la empresa M.L.M. Protection, a quien se adquirió un sistema para infiltrar ciertas computadoras, en esta ocasión, Panamá no produjo ninguna documentación de pago por este sistema. Dicho equipo se adquirió a través de la sociedad Caribbean Holding Services Ltd, y no a través del Estado. ‘El perito se ratificó de que había un aparto Pegasus y sobre ese tema van a ver lo que va a participar la defensa. Hoy día en el Consejo de Seguridad hay intervenciones telefónicas. Lo van a escuchar del propio Consejo de Seguridad en este juicio', adelantó el jurista Vallarino.

Si bien la defensa había considerado efectuar el contrainterrogatorio al perito en el acto de ayer, la Fiscalía consideró importante culminar el interrogatorio de las 11 diligencias en las que participó Rivera para después dar el turno a la defensa.

La audiencia del juicio oral culminó ayer antes del mediodía para dar tiempo al acusado de atender, en las instalaciones del Palacio Gil Ponce, la audiencia de apelación por un habeas corpus que había sido negado la semana pasada. Estaba programada para las 2:00 p.m.

ANTENAS Y FIBRA ÓPTICA

Rivera Calles también habló sobre una inspección ocular realizada a los tanques ubicados en Balboa el 29 de agosto de 2014, acción reconocida como la prueba documental N° 9 introducida por la Fiscalía.

En dicho terreno, administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, Rivera Calles observó antenas que emiten señal por microondas, un cableado estructurado, propicio para las comunicaciones, repetidoras para amplificar la señal, entre otros dispositivos. El especialista recordó que las antenas apuntaban a otra similar ubicada en la azotea de las oficinas administrativas del Consejo de Seguridad, que a su vez, estaban conectadas por fibra óptica con el edificio 150 del Consejo de Seguridad.

El perito aseveró que en la diligencia no realizó un informe pericial, su intervención se basó en hacer la descripción del funcionamiento de los equipos. Lo anterior lo dejó plasmado luego de las preguntas efectuadas por la fiscal Rosario Ortega con la intención de desvanecer la argumentación de la defensa sobre el hecho de que el perito no había efectuado un peritaje con una conclusión, sino un informe. Según Calles, esa descripción quedó consignada en un acta donde quedó establecido que el dueño de las antenas era la empresa Liberty Technologies.

A través del testimonio del perito, la Fiscalía buscaba establecer una relación entre el uso del equipo Pegasus, que requiere un sistema técnico particular para su funcionamiento, entre los que se mencionó la banda ancha de 50 megas, y las actividades que se dieron en el Consejo de Seguridad. La teoría del caso de la Fiscalía es que se instaló un equipo sofisticado en la entidad de inteligencia desde donde operaba el equipo de espionaje Pegasus. que supuestamente se empleó para indagar en la vida e intimidades de cientos de víctimas.

La última diligencia que la Fiscalía equivocadamente trató de citar fue la prueba N° 10, que consistió en una visita a las instalaciones de Liberty Technologies, pero a la cual nunca asistió el perito, situación que fue admitida por el fiscal que lideraba el interrogatorio, Ricaurte González, quien inmediatamente indicó al juez que había culminado el interrogatorio por el día (ayer).

El Tribunal que conoce este caso está conformado por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Cabellero y Raúl Vergara .

En tanto, los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmaron la decisión de Tribunal de Apelaciones de decretar legal la detención provisional que mantiene el expresidente Martinelli.