Defensa de Martinelli recibirá copias de audios de los DVD

Actualizado
  • 08/05/2019 02:00
Creado
  • 08/05/2019 02:00
Se hará una copia espejo del material escuchado durante el juicio contra el expresidente Martinelli. Este martes, la audiencia continuó con el reconocimiento de dos audios por parte del perito informático

El tribunal a cargo del juicio que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli, presidido por el juez Roberto Tejeira, escuchó ayer una extensa grabación sobre una reunión política en la que se habló de minería. También escuchó conversaciones de miembros del Partido Revolucionario Democrático en las que se planeaban las elecciones primarias y otros eventos.

Así lo hicieron saber el querellante Carlos Herrera Morán y el abogado de la defensa Roniel Ortiz, quienes manifestaron que el martes transcurrió con la reproducción de estos audios contenidos en una de las carpetas del DVD en el que se grabó el material del disco duro marca Seagate encontrado en el Consejo de Seguridad Nacional.

En el mencionado dispositivo hay 52 audios, pero hasta el momento solo se han escuchado dos. El primero es de dos horas y unos minutos de duración; el segundo, de poco más de una hora. Otros no duran tanto tiempo, aunque para la fiscalía es imprescindible escucharlos.

Por ello, para el perito de informática forense Luis Rivera Calles las sesiones se prolongarán hasta agotar todo el material que hay en el DVD, que se evacúen todas las diligencias en las que participó —once en total— y se someta al contrainterrogatorio de la defensa.

Al finalizar la sesión de este martes, realizada a puerta cerrada, el fiscal Aurelio Vásquez enfatizó que las grabaciones —en las que se escucha el audio ambiente— son producto de interceptaciones ilegales. En las mismas se diferencia la comunicación de varias figuras políticas en un ambiente más cerrado.

El fiscal Aurelio Vásquez lo dice convencido: ‘Son producto de las interceptaciones'. Recuerda que el equipo adquirido durante la administración de Ricardo Martinelli tenía la posibilidad de abrir el micrófono de cada celular y grabar el sonido. ‘Quien va a determinar en qué momento, año y en qué lugar se dio es la propia víctima que ya ha sido identificada', manifestó Vásquez.

‘El simple hecho de no haber pedido autorización a los que ahí se escuchan, es un delito', agregó.

Este miércoles, el perito Rivera Calles hará una copia espejo de las evidencias que ya se han reproducido durante el juicio. Lo hará a solicitud de la defensa, que ha alegado desigualdad de armas por desconocer lo que contienen dichos discos.

Esta diligencia se realizará a las 11 de la mañana en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), y estarán presentes un abogado de la defensa, el fiscal y un representante de la parte querellante.

‘Estamos escuchando un audio de una reunión política, algo que tiene que ver con minería, y para mañana se habilitó un espacio en el Instituto para que nos den la copia y hacer un acta para dejar sentado que (es) hasta ahora (que) recibimos este material, lo que no corresponde a igualdad de armas en un juicio', señaló Roniel Ortiz, abogado de la defensa. Y añadió: ‘Esto no es algo legal, tenían que habernos dado esto cuando se inició el juicio. Hay otros audios de minutos, pero son 32 por escuchar. Mientras eso ocurre, se pierde el tiempo'.

Este miércoles no habrá audiencia, a solicitud de la defensa de conceder un día libre al exgobernante por razones médicas, y cada semana el juez determinará cuál será el día de descanso.

Con respecto a la denuncia que efectuó el perito Rivera Calles, sobre los seguimientos e intervenciones telefónicas detectadas a su celular, por los que culpó al Consejo de Seguridad Nacional, la fiscalía indicó que no se ha dado seguimiento de este caso en el juicio, pues lo señalado el jueves pasado por el perito ‘no necesariamente se liga a lo que ocurre en el juicio, porque él no señaló a los fiscales', manifestó Vásquez.

No obstante, el juez otorgó fuero laboral al perito para evitar un despido injustificado, ya que denunció que en su trabajo le decían ‘qué es lo que tenía que hacer'.

En vista de que la procuradora Kenia Porcell forma parte de la Junta Directiva del Imelcf y que podrían ocurrir presiones de la fiscalía o de los altos mandos de la Procuraduría, Vásquez se vio en la necesidad de aclarar el tema.

‘El Imelcf tiene un director y hay una junta directiva donde la procuradora representa a la institución como tal, pero también hay un representante del Colegio Nacional de Abogados, del Órgano Judicial. Es decir, no tiene nada que ver, quien regenta la institución debe tomar decisiones de orden humano, pero nosotros no nos metemos en eso porque el juicio demanda mucha concentración', dijo.

Por otro lado, la procuradora de la Nación se declaró impedida para emitir opinión sobre la querella interpuesta por los abogados de Martinelli contra el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, ya que existe una previa causa interpuesta por los mismos juristas contra ella y que investiga el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro.

La causa que motivó a la procuradora a declararse impedida es la número 2019-01P, por la supuesta comisión de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos, y está en fase de investigación.

‘Este criterio coincide con el emitido por mi persona en otras ocasiones, en las cuales he destacado en cada caso la importancia de procurar la probidad e independencia procesal, de modo que se presentan las garantías suficientes excluyendo cualquier duda razonable', se lee en la nota.

Por esta razón, remitió la causa al fiscal Superior asignado a la Sección de Atención Primaria.

La defensa pretendía que la procuradora Kenia Porcell iniciara una investigación en contra del ministro Rubio por supuesto delito contra la libertad individual y la administración pública en perjuicio de Martinelli. Para ello, se otorgó poder a la abogada Shirley Castañedas, y como abogados sustitutos a Roniel Ortiz y Alejandro Pérez, quienes interpusieron la denuncia en contra de Porcell por abuso de autoridad que podría parcializar el proceso. Por ello, Porcell envió la pesquisa a la Fiscalía Superior.

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