Transportistas demandan ante la Corte resolución de la ATTT

Actualizado
  • 26/05/2019 02:00
Creado
  • 26/05/2019 02:00
Esto, luego de la creación de esta zona del país como provincia de la República

La cooperativa de transporte Transportistas Unidos, a través del abogado Luis Baruco de la firma Cochez y Martínez, demandó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema una resolución de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Se trata de la Resolución OAL-121 del 11 de febrero de 2019, mediante el cual la ATTT ordena el cambio de nomenclatura de 8T a 13T para la reubicación de los certificados de operación en Panamá Oeste. Esto, luego de la creación de esta zona del país como provincia de la República.

La resolución, de acuerdo con la demanda, viola el articulo 2 de la Ley 34 de julio de 1999, mediante la cual se crea la ATTT y establece sus funciones. A juicio del abogado Baruco, la resolución ‘no atiende en sentido amplio' el contenido del artículo 2 de la Ley 34 que establece que la ATTT debe actuar como ente rector para la planificación, ejecución y coordinación de las políticas en materia de transporte.

La ATTT, agrega el abogado, utilizó su facultad sancionadora para decir que los concesionarios de certificados de operación 8T están incumpliendo normas de transporte público de pasajero, en vista de que al crear la provincia de Panamá Oeste los transportistas ofrecen un servicio en un lugar que no le correspondía.

La nomenclatura 8T pertenece a la provincia de Panamá. La ATTT, incluso, se abroga el derecho de no reasignar los certificados a las respectivas concesionarias.

‘Al no existir motivos para cancelar certificados de operación, la ATTT incurre en arbitrariedades', recalcó Baruco.

El abogado consideró que el propósito de la Resolución OAL-121 del 11 de febrero de 2019 debe ser reestructurar y ordenar el transporte público de pasajero por motivo de la nueva provincia de Panamá Oeste y no para aplicar sanciones. Barruco solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspender provisionalmente los efectos de la norma hasta tanto se resuelva la demanda.

Los transportistas, además, presentaron una denuncia penal contra el director de la ATTT, Julio González, cuya gestión concluye el 30 de junio.

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