El primer paso: adecentar la Asamblea

El escenario nacional, luego del discurso del nuevo presidente, Martín Torrijos, será ocupado por los auditores y los fiscales. Sería un triunfo de la democracia que la justicia, apegada a la ley y no a la venganza, cumpla su alto ministerio de depurar responsabilidades, dando a cada cual lo que en verdad le corresponde.

Contrario a lo que se decía, la presidenta Moscoso permanece en el país para enfrentar las denuncias que se formulen contra su gobierno. Así como ha resultado alentador que la alternativa presidencial no sea fruto de golpes militares o de la voluntad absoluta de los cuarteles, de igual modo es estimulante que la mandataria saliente tenga la firme voluntad de rendir cuentas de sus actos ante auditores y fiscales, si fuere necesario, sin invocar gracias, privilegios o inmunidades, como es del conocimiento público.

‘...la corrupción que se denuncia no está solo en el sector público, también está en el privado'.

El discurso de Torrijos esboza una política de probidad como eje central de su gobierno. El discurso tuvo otras vertientes visiblemente retadoras y polémicas, que pudieron dar fundamento a los dirigentes de la oposición para tomar posiciones críticas y no lo hicieron adecuadamente porque prefirieron, hasta ahora, el comentario frívolo o tibio impropio de los deberes que impone todo liderazgo.

Ni siquiera quienes aspiran a reemplazar el protagonismo partidario de Moscoso entraron con garra al ruedo de la réplica, al menos para destacar rumbos a las nuevas consignas de lucha. Prefirieron la línea del bajo perfil dialéctico, cuando en política no se debe renunciar a la controversia adoptando siempre el recurso del contraataque. Lo positivo es que la sociedad, más serena y práctica, ha registrado de modo indeleble el propósito moralizador enunciado por Torrijos. Lo que significa que ese propósito no debe ser de la exclusiva competencia gubernamental.

La sociedad civil debe incorporar sus propios programas de adecentamiento, porque la corrupción que se denuncia y adquirió su mayor impunidad duran la dictadura militar, hoy tan siniestramente olvidada, no está solo en el sector público, también está en el privado.

FICHA

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia.

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé.

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, Ciudad de Panamá.

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.

Se debe promover una cruzada cívica de carácter nacional contra la corrupción, porque ella es hidra de mil cabezas, unas visibles y otras invisibles, enquistada en todo el tejido de la sociedad tanto en los sectores más humildes como en las camarillas de los encopetados. Y todos los panameños, de todos los pelajes y de todos los colores políticos, deben dar su contribución señalando con precisión y pruebas concretas los focos perturbadores del convivir decente.

La comisión Presidencial Anticorrupción, integrada por Aura Emérita Guerra de Villalaz, Tomás Herrera, José Javier Rivera, Héctor Montemayor y quien escribe estas notas, rindió, luego de 60 días de funcionamiento, un diagnóstico sobre ese mal nacional y ofreció recetas para expulsar la corrupción detectada en algunos sectores del país.

Ahora que el gobierno de Torrijos domina plenamente la Asamblea Legislativa, se debería iniciar allí la política de profilaxis pública pregonada electoralmente y ratificada en función de gobierno por el nuevo Presidente. La cartilla está escrita y no se debe investigar mucho, porque su conocimiento es patrimonio nacional. Bastaría como paso inicial acabar con los siguientes privilegios:

A) Eliminar las exoneraciones fiscales para la adquisición de automóviles.

B) Eliminar los sueldos a los suplentes de legisladores cuando no están en ejercicio del cargo titular.

C) Rebajar el salario del presidente y vicepresidente de la Asamblea, quienes devengan sueldos superiores al del presidente de la República. En el año en que la Comisión Anticorrupción llevó a cabo su investigación, el presidente de la Asamblea devengaba un salario de 14,500 dólares mensuales y cada vicepresidente percibía 10,500 dólares mensuales.

D) Eliminar los pasaportes oficiales para los dependientes de los legisladores.

E) Eliminar la planilla conocida como la del ‘gabinete del legislador' a razón de 4,500 dólares para el personal atribuido a cada legislador, personal que no marcaba reloj de asistencia y no era controlado administrativamente.

F) Rebajar drásticamente el altísimo presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Estas y otras anormalidades fueron detectadas por la Comisión Anticorrupción. Es posible que algunas hayan sido superadas. Es posible que no. Todo sería materia de una actualización del estudio.

Los privilegios no son propios del sistema democrático y republicano. Son formas refinadas de la corrupción. En la actualidad los abusos que se cometen en el Órgano Legislativo resultan emanaciones residuales muy feas de la dictadura militar.

El presidente Torrijos tendrá ahora la oportunidad irrepetible de entrar con el pie derecho —en su política anticorrupción— en un predio absolutamente repudiado por la opinión pública y donde se encuentra representado todo el espectro de la vida política nacional. La misma Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por nuevos legisladores que no tienen complicidad con las prácticas nocivas del pasado, lamentablemente aún vigentes, tendrá que observar con agrado que se tomen medidas rectificadoras. El pueblo elector ha delegado sus poderes para que se ejerzan con probidad y no con evidentes actos de corrupción.

En cierto modo las rectificaciones que se sugieren podrían constituir una prueba de fuego para los nuevos legisladores oficialistas, porque si no las respaldan quedaría en evidencia la parcialidad de una política oficial dirigida a examinar únicamente la conducta de sus adversarios, lo que no tendría sabor a justicia sino a persecución.

El cese de la corrupción en la Asamblea no depende de auditorías ni de fiscalías, sino de la voluntad política del gobernante. El presidente Torrijos debe dar el primer paso, con la seguridad de que el pueblo panameño comprenderá que su discurso anticorrupción ha comenzado a rendir frutos ¡Manos a la obra!