Gobierno asegura que desea hacerle justicia a empelados públicos

El gobierno panameño intenta  hacerle justicia a los  funcionarios, que no tuvieron la oportunidad de asistir a una universidad, pero que  por  sus años   de experiencia - veinte y veinticinco años  -  tienen  el conocimiento y la capacidad para  aspirar a un cargo que antes estaba reservado a personas con títulos.

Así lo dio entender el vicepresidente José Gabriel Carrizo, al ser consultado sobre los fines de la Resolución N°69 del 6 de agosto de 2019, que equipara la educación formal con la experiencia laboral previa dentro del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público, en  el Consejo de Gabinete.  
    La Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA) rechazó de forma categórica la resolución que modifica el Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público y los respectivos manuales institucionales para equiparar la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa para determinadas posiciones dentro del gobierno, “sin detallar cuanta experiencia sería considerada válida”.

Para las universidades privadas, la medida representa un retroceso en materia educativa porque promueve la deserción estudiante en la etapa superior, una acción que frenaría la competitividad, que tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población panameña.

“Es imprescindible tener en cuenta que la educación es un pilar fundamental, pues la única vía en la que se pueden incrementar los conocimientos y capacidades de las personas y se convierte en un instrumento para generar ingresos, disminuyendo el nivel de pobreza y mejorando la calidad de vida”, concluye un comunicado  de las universidades privada que llegó a  los correos electrónicos de este medio de comunicación.

El abogado Ernesto Cedeño interpuso una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la  resolución que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa dentro del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público. 
Cedeño solicitó que se declara la ilegalidad de dicha resolución, y que se suspenda de manera inmediata la misma.

El abogado explicó que la resolución hay que interpretarla como lo que  pasó en  los 90 con (Ernesto) Pérez Balladares donde se tuvo que hacer ese tipo de equiparación para darle buenos cargos a personas empíricas.
Según Cedeño, “ lo que se vislumbra aquí es la oportunidad de fortalecer a la gente empírica que tiene puestos versus los que tienen formación académica".