Subcomisión pone en duda licitación del cuarto puente sobre el Canal

El diputado Roberto Ábrego, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó ayer que preliminarmente la subcomisión de Infraestructura Pública designada para revisar el proceso de licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal, ha determinado a primera vista que los resultados del acto público no representan los mejores intereses del Estado.

El proyecto, licitado en los últimos meses del gobierno del presidente Juan Carlos Varela y por el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, fue adjudicado al Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por China Construction Communication Company y China Harbour Engineering Company.

Ábrego manifestó que la conclusión preliminar de la subcomisión es que el tema amerita una investigación más profunda.

Detalló que a la empresa que ganó la licitación, como ha sostenido y como lo han señalado los técnicos y los especialistas, se le adjudicó el proyecto teniendo el menor porcentaje de evaluación técnica, de un 30%, y tiene un incremento en cuanto a precio en relación con la segunda empresa que licitó por casi $327 millones.

Manifestó que la segunda empresa incluso tiene la mejor evaluación técnica, con 46%, y un precio de al menos $300 millones por debajo del que ofertó el consorcio al que se le adjudicó la obra.

Ábrego sostuvo que es un tema que la subcomisión, de manera responsable, va a terminar de analizar para hacer la presentación formal el próximo martes a la Comisión de Infraestructura, no solamente con el diagnóstico, sino con las recomendaciones.

“La investigación profunda sería para determinar por parte de la Asamblea, como ente fiscalizador, si hubo o no irregularidades”, indicó.

Agregó que si la Comisión considera que hubo irregularidades, entonces tendrán que hacer el informe en esos términos y, obviamente, la competencia se podría trasladar a las autoridades correspondientes.

“Queremos decir objetivamente lo que hay, y si ese acto público entre el MOP y la empresa a la que se le otorgó la licitación pública representa o no los mejores intereses del Estado. Nosotros a primera vista hemos determinado que no está en esa línea de representar esos mejores intereses del Estado”, afirmó.