Acodeco anuncia multas de hasta un millón a telefónicas por alzas de precios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha escalado su vigilancia sobre el sector de las telecomunicaciones en Panamá.

El administrador general, Ramón Abadi Balid, confirmó que la institución mantiene una investigación formal de oficio y por denuncia, que busca determinar si las operadoras vigentes están incurriendo en prácticas monopolísticas que desvirtúan el mercado y afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Un mercado con “menos opciones”

El contexto de esta investigación se remonta a la transformación del mercado de telefonía móvil e internet en el país.

Durante años, Panamá gozó de la competitividad de cuatro operadores. Sin embargo, tras procesos de consolidación y salidas del mercado, los usuarios quedaron limitados a solo dos grandes compañías.

Para Abadi, esta es la “génesis” del problema actual. La pérdida de competitividad ha generado un escenario donde las opciones de los consumidores para cambiar de proveedor ante un mal servicio o precios altos son casi inexistentes.

“La posibilidad de competencia libre para que cualquiera pudiera escoger y cambiarse de operador dependiendo de las condiciones y el servicio ha desaparecido”, señaló el Administrador.

El detonante: Facturas “inexplicables”

La investigación, que tomó fuerza el pasado 19 de febrero con la apertura formal del expediente, nació de una oleada de quejas por parte de consumidores que reportaron alzas de precios sin sustento.

Las denuncias señalan incrementos mensuales en las facturas de telefonía móvil e internet, así como la falta de descuentos cuando ocurren fluctuaciones o caídas en el servicio.

Aunque el modelo económico de Panamá permite la libre fijación de precios, la ley prohíbe que estos aumentos respondan a acuerdos previos entre competidores (prácticas monopolísticas absolutas) para evitar la competencia real.

Acodeco busca determinar si existe un “aviso” o coordinación entre las empresas para subir tarifas de manera simultánea.

Vía judicial y sanciones ejemplares

Abadi fue enfático en que la institución no se quedará solo en el análisis administrativo. Una vez concluida la recolección de pruebas, la Acodeco acudirá a los Juzgados de Comercio. “Solicitaremos al juez que intervenga directamente en la suspensión de este tipo de actividades”, explicó.

Las consecuencias financieras para las empresas podrían ser severas. De comprobarse las irregularidades, las multas oscilarán entre los $250,000 y el millón.

El funcionario recordó que, en casos anteriores, la simple apertura de procesos judiciales ha logrado que las compañías se retracten de medidas abusivas para evitar sanciones mayores.

El reto de la tecnología

Finalmente, el regente de la Acodeco reconoció que la lucha no es sencilla debido a que las legislaciones actuales se han quedado rezagadas frente al avance tecnológico.

“Son un poquito arcaicas”, admitió, señalando que los márgenes tecnológicos de las telefónicas dificultan rastrear los acuerdos entre ellas.

No obstante, aseguró que la colaboración con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) es estrecha para garantizar que, a pesar de los vacíos legales, se protejan eficazmente los derechos del consumidor panameño.