Una filtración, una renuncia y un nuevo debate sobre el uso de un aparato pagado por el Estado

Creo que hay suficiente mérito para que se abra una investigación en contra de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, por los 'Varelaleaks' porque el cargo de procurador está llamado a ejercerse con total independencia. No puede cometer ningún delito ni ningún acto que empañe su transparencia y credibilidad. Recordemos que existen los delitos y las faltas administrativas y las conversaciones que se han conocido por la intromisión de la privacidad del entonces presidente Juan Carlos Varela indica que la procuradora Porcell estaba posiblemente pidiendo favores, lo que significa una alteración al normal desenvolvimiento de las investigaciones cuando daba informaciones al presidente Varela o solicitada que el presidente, de alguna manera, interviniera en asuntos personales de la Procuraduría de la Nación. Esto es más que suficiente para adelantar una investigación sin entrar en detalle de culpabilidad o no. Los 'Varelaleaks' se constituyen en una noticia criminal.

Una cosa es la ilegalidad de los 'Varelaleaks' y otra cosa es muy diferente la información que hay allí, si la Procuraduría o el fiscal que toma el caso presenta como prueba esa información, evidentemente es ilegal, y todo lo que surja de esa información sería ilegal por el principio del árbol envenenado, pero si la fiscalía toma simplemente la información para iniciar su propia diligencia investigativa, todo lo que surja a raíz de allí es legal y lo que llega como medio de convicción son suficiente para imputar cargos y sostener una acusación es totalmente legal. Son dos cosas totalmente diferentes. La información de los 'Varelaleaks' por sí misma es ilegal porque se hizo violando la ley.

En lo personal me pareció muy acertada la renuncia de la procuradora, porque es un cargo que, además de ejercerse con honestidad, hay que hacerlo con integridad. La honestidad implica no cometer delito y la integridad significa hacer las cosas correctamente desde el punto de vista ético y moral, no puede una procuradora o un procurador ejercer el cargo de investigar a cuatro millones de panameños cuando no puede verle a los ojos a cada uno de los panameños porque ha perdido credibilidad y confianza; por eso reitero que la renuncia es oportuna.

La renuncia de la procuradora Porcell no puede afectar ninguno de los casos de alto perfil porque los procesos son de la institución, este caso es de la Procuraduría de la Nación y no de la procuradora, entonces cada proceso tiene un fiscal encargado de la investigación y cada proceso tiene un protocolo que registra cada diligencia que se realiza. Vendrá un nuevo procurador o procuradora que nombrará nuevos fiscales o mantendrá los actuales y no tiene por qué haber ninguna afectación a los procesos.

Una reflexión es que llegaron en un momento oportuno porque permitió que el país reafirmara que, efectivamente, los presidentes de la República de una u otra forma han tenido injerencia en el Ministerio Público, sobre todo por la forma como se nombra a los procuradores. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les somete a un filtro mayor que a los procuradores, y debería ser todo lo contrario; el procurador debería pasar por un filtro más grande porque es la persona que puede afectar bienes jurídicos de terceros, incluso, mucho antes de que exista una investigación formal. El procurador o procuradora debe tener mayor legitimidad, transparencia, integridad y generar mayor confianza. Pareciera que la figura del procurador es para favorecer a ciertos sectores que el presidente de la República desea complacer y me da plena que haya sido a través de una dama, que el país haya corroborado esta realidad. Lo bueno es que se da a conocer en un momento que se discute unas reformas constitucionales y esperemos que a ese nivel se aborde el tema de la Procuraduría de la Nación.

Lo que te puede decir es que el funcionado calificado para decidir si hay o no mérito es el procurador de la Administración que, de acuerdo con la legislación panameña, le corresponde investigar a la procuradora de la Nación.

En cuanto al tema que se ha filtrado que corresponde, lo primero que debemos saber es si esa comunicación se estableció de manera privada; es decir, desde el teléfono particular de la procuradora Kenia Porcell y del presidente de la República, Juan Carlos Varela, porque en caso de que haya sido de celulares pagados por el Estado, yo considero que cualquier comunicación que se deriva de esas comunicaciones es pública o debe ser pública porque se está utilizando un recurso del Estado.

Esas decisiones son tan personales que en verdad no me atrevo a dar una opinión sobre su renuncia particular. Cualquier funcionario que tenga un cargo tan importante como el de procurador de la Nación y decida renunciar, evidentemente es una decisión muy personal y, a mí particularmente, no me gusta emitir consideraciones sobre si está bien o mal.

Tendría que formar parte de la investigación que debe hacer el procurador de la Administración porque, como he manifestado, si esa comunicación se hizo con equipos, en este caso celulares del Estado y tendría que definir si eso afectó esos procesos de investigación.

Con todo lo que ha pasado con esto de divulgar o filtrar comunicaciones —no solo en Panamá, sino en otras partes del mundo— creo que la población tiene el derecho de conocer esas informaciones sin la necesidad de que ocurran estas filtraciones. Todas estas filtraciones han venido a comprobar que la humanidad tiene derecho a conocer toda la comunicación que se da entre los gobernantes y los ciudadanos.