“La Policía es responsable del negocio criminal de las armas en las cárceles”, denuncia el CNA
El Colegio Nacional de Abogados dijo que ya habían advertido una semana antes a las autoridades sobre el ingreso de armas a los penales

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) señaló a la Policía Nacional (PN) como principal responsable de la presencia de armamento de guerra dentro de las cárceles, tras la reyerta en el centro penitenciario de La Joyita, que dejó 14 muertos y más de una decena de heridos.
“¿Quiénes meten las armas y las drogas en las cárceles?, los familiares son minuciosamente registrados, los abogados cuando ingresamos a los centros penitenciaros son registrados y pasados por rayos x, lo mismo le hacen a los custodios del sistema penitenciario (…) conclusión, la Policía Nacional es la responsable del negocio criminal de las armas en la cárceles”, reclamó Carlos Herrera Morán, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del CNA.
Morán señaló, además, que el Colegio advirtió el pasado 11 de diciembre al hoy separado del Sistema Penitenciario, Luis Gordón, de que el gremio tenía información sobre la introducción de armas de grueso calibre en las prisiones y que la responsabilidad sobre esa situación era de la Policía.
Luego de lo sucedido ayer, ordeno separar del cargo a Walter Hernández, director del Sistema Penitenciario, a Luis Gordón, subdirector del Sistema Penitenciario y a José Melamed, comisionado jefe de la Seguridad Externa del Complejo La Joya.
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) 18 de diciembre de 2019
El gremio también reprochó al subdirector de la PN, Alexis Muñoz, por “minimizar” los hechos al describirlos como una “lucha fratricida de una pandilla” cuando es el Estado el responsable de mantener seguridad en los penales según lo establecido en la Constitución de la República.
Por su parte, el presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, dijo que se necesita una estrategia colectiva y desde el más alto nivel para enfrentar esta situación. Igualmente pidieron al Gobierno que convoque de manera inmediata al Consejo Penitenciario para enfrentar lo que el gremio calificó como un “desastre” en el sistema carcelario.
Finalmente pidieron al Ministerio Público que se tome la escena del crimen, evitando así esta “sea contaminada”: También que no se descarte acuerdos de pena y de colaboración con privados de libertad para que “digan quienes son los oficiales de la Policía y los funcionarios que meten esas armas de fuego en las cárceles”.
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