Legislativo y Ejecutivo chocan por propuestas económicas para afrontar el Covid-19

El Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo han evidenciado no estar alineados en torno a la discusión y aprobación de algunas normas económicas y de salud, con miras a hacerle frente a la emergencia nacional sanitaria surgida por la pandemia del coronavirus.

En un solo  día, el pasado lunes los diputados de diversas bancadas —incluso del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD)— presentaron cuatro anteproyectos de ley. Dos de estos establecían diversas medidas económicas como la suspensión por 90 días prorrogables en el pago de la cuota obrero patronal de la Caja de Seguro Social (CSS), la suspensión de obligaciones con la banca privada y estatal  y mecanismos de control de precio de algunos productos; entre otras medidas.

La diputada Zulay Rodríguez, quien presentó una de las propuestas para suspender estos pagos de manera temporal, pidió a sus colegas diputados no quedarse callados y que defendieran estas propuestas para ayudar a la población a afrontar esta crisis sanitaria.

Rodríguez habló de una "línea" lanzada por el Ejecutivo y les recordó a sus colegas diputados que muchos de los diputados del periodo pasado no se reeligieron por seguir la línea del presidente Juan Carlos Varela. 

Rodríguez abogó porque se respete a los diputados que fueron electos para legislar, y que se legisle a través de leyes y no de decretos.

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, al ser cuestionado sobre este tipo de propuestas en el Legislativo, dijo inicialmente que trabajan en armónica colaboración. Pero matizó: "No vamos a permitir que se aproveche este tipo de situaciones de emergencia para cualquier tipo de goles".   

Este miércoles, con urgencia notoria, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional discutirá en primer debate, dos anteproyectos de ley con los cuales se dictan medidas sanitarias para afrontar la crisis del coronavirus (Covid-19).

Se trata de los proyectos: 391, impulsado por la diputada Ana Gisselle Rosas, de Cambio Democrático (CD); y el 392, presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames. Ambos, respaldados por diputados independientes y otras bancadas legislativas.

El proyecto 391 establece que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos garantizará que durante el periodo de vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria, no se le suspenda a nadie los servicios públicos indispensables como agua potable, luz eléctrica y telecomunicaciones; para el cumplimiento de las medidas antes descritas.

De igual manera se establece que la Superintendencia de Bancos de Panamá, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, adoptará las medidas necesarias para suspender los pagos de hipotecas, y otros compromisos bancarios, para todas aquellas personas que puedan acreditar una baja en su liquidez que imposibilitaría el pago de estos.

El plazo de la suspensión no sobrepasará los 30 días luego de levantada la Emergencia Nacional Sanitaria.

La iniciativa señala además que, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normativas, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto a la Dirección General de Ingresos, diferirá el pago de los tributos nacionales a todos los contribuyentes y se promoverá que los municipios de todo el país adopten la misma medida en cuanto a los tributos municipales.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Caja del Seguro Social, establecerá medidas para diferir, exonerar o suspender el pago de la cuota obrero patronal a las empresas privadas que se vean afectadas económicamente por la declaratoria de Emergencia Nacional. 

En tanto, el proyecto 392 que establece medidas de interés social frente a la emergencia nacional sanitaria, impulsado por Adames, legaliza algunas de las medidas ya implementadas por el Ministerio de Salud para afrontar la emergencia nacional por Covid-19.

Entre las medidas mínimas que pueden adoptar las autoridades de salud, con el fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario están: 

También se ordena el cierre temporal de las áreas comunes tales como:

El Ministerio de Salud podrá apersonarse al lugar, acompañado de la policía nacional, para verificar el cumplimiento de estas medidas. 

Mientras que a los medios de comunicación incluyendo los canales de radio, televisión y diarios de circulación nacional, se les obliga a incrementar las propagandas, videos y programas educativos a requerimiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 64 de 28 de enero de 2020.

La iniciativa también permite al Ministerio de Salud, según sea necesario, retenes sanitarios en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas de salud establecidas referente a la pandemia, por lo cual podrá acompañarse de agentes de la Policía Nacional o estamentos de seguridad.