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06 de Aug de 2020

Nacional

Asamblea aprueba en tercer debate suspensión en el pago de luz, teléfono e internet por COVID-19

El proyecto quedará en manos del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien deberá decidir si lo veta o lo sanciona para convertirlo en ley de la República   

pineda
El proyecto de ley 295 solo incluye la suspensión de los pagos hasta por cuatro meses en los servicios de luz eléctrica, telefonía móvil y fija e internet.Archivo| La Estrella de Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta tarde de manera unánime del proyecto de ley 295 que establece la suspensión por un periodo de cuatro en el pago de los servicios públicos de luz eléctrica, telefonía fija, móvil e internet; como parte de las medidas para aliviar la situación económica de la población ante la pandemia del coronavirus.

Diputados de las diversas bancadas legislativas, avalaron esta iniciativa impulsada por el diputado del Partido Revolucionario (PRD), Raúl Pineda, no sin antes pedir que se aclararse a la población, que es una suspensión temporal de estos pagos y no la condonación de la deuda que se acumule durante estos meses.

Este proyecto, que ahora deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo para convertirse en ley de la República, sería aplicable a todas las personas que se encuentren en algunas de las siguientes circunstancias: Que el ingreso familiar percibido sea menor de $2,000 mensuales, que el ingreso familiar haya sido reducido, que a la persona se le haya suspendido su contrato laboral, que la persona haya sido destituida o no está laborando por la declaración de urgencia nacional, también los jubilados y pensionados.

La suspensión se daría por el término de cuatro meses, a partir del 1 de marzo de 2020, a nivel nacional.

También se beneficiarán todos los ciudadanos que, a partir del 1 de marzo de 2020, han sido afectados con una medida de terminación o suspensión de su relación laboral, inclusive aquellos casos en los que se ha modificado el contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral; los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que hayan sido afectados en sus ingresos; los dueños de restaurantes, bares, casinos, así como de medios transporte de servicio público y privado, que hayan sido afectados en sus ingresos.

Además a cuando una persona natural o jurídica que se dedique a un acto de comercio  le haya sido ordenado el cierre temporal y opte por la suspensión provisional de los efectos del contrato por un máximo de 90 días, el Estado asumirá el pago de un bono solidario a cada trabajador.

La ser sancionada por el Ejecutivo, la ley sería de orden público y de interés social,  y tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de marzo de 2020.

La diputada y presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, la perredista Cenobia Vargas, instancia en donde se aprobó en primer debate este proyecto, manifestó que esta iniciativa no significa que el servicio que le van a suministrar estas empresas va a ser gratuito, sino que posteriormente se va a pagar una cuota prorrateada durante un periodo establecido por la empresa por los meses no cobrados al cliente.

“Hay que aclararle al pueblo que después de estos cuatro meses, en el que esperemos hayamos superado esta pandemia, pagaremos un poquito más por mes en cable, internet y luz eléctrica; hasta estabilizar sus pagos”, precisó.

Por su parte la diputada Dalia Bernal, del partido Cambio Democrático (CD), aclaró que este no es un bien que se está regalando. “Esto es como un préstamo sin intereses, que debe ser pagado posteriormente según lo establezca cada empresa”, dijo.

El diputad Pineda acusó a algunos diputados independientes de tener un doble discurso al pedir hace dos semanas la suspensión de las sesiones, pero que ahora cuando el presidente de la Asamblea suspendió las sesiones para desinfectar la Asamblea, decía que estaba dispuesto a amarrarse en la Asamblea para que la reabrieran. 

“No es ni el diputado Juan Diego Vásquez, ni es el diputado Raúl Fernández”... “Nosotros no venimos a esta Asamblea a hacer politiquería”, exclamó Pineda.

Manifestó que con este proyecto 295 se sentó con el Ejecutivo, se sentó con diputados y se sentó con los empresarios que asegura, comprendieron que esa ley es necesariamente urgente en favor de las comunidades.

La también diputada perredista Zulay Rodríguez afirmó que apoya el proyecto de ley 295, pero insistió en que sea discutido y aprobado el proyecto de ley 287 presentado de su autoría y que asegura le da la tranquilidad a la personas en Panamá que en estos momentos están siendo asediadas por los bancos, las cooperativas y las financieras.

“No estamos pidiendo que se perdonen las deudas, sino el aplazamiento del cobro del capital y de los intereses que se les siguen cobrando a los clientes, a pesar de la situación económica que vienen en estos momentos los panameños”, destacó.