Cinco funcionarios del Ejecutivo se salvan de comparecer ante la Asamblea

La culminación del primer periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, salvó a por lo menos a cinco funcionarios del Órgano Ejecutivo de rendir cuentas ante el pleno legislativo, a pesar de haber sido citados por decisión de la mayoría de los diputados de éste órgano del Estado.

Ni la ministra de Salud, Rosario Turner, la ministra de Educación; Maruja Gorday de Villalobos, la ministra de Vivienda; Inés Samudi, el Director de la Caja de Seguro Social (CSS); Enrique Lau Cortés ni el director de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP); Armando Fuentes comparecieron al pleno para sustentar diversas situaciones y cuestionamientos en sus respectivas instituciones.

Las ministra de Salud, Rosario Turner, a cargo de la lucha contra el COVID-19, sí pudo asistir el 16 de marzo pasado a un conversatorio con los diputados en torno a la crisis del COVID-19, pero fuera del pleno legislativo. Turner fue citada por el pleno de la Asamblea el 2 de marzo pasado, cuando ni siquiera se había registrado oficialmente el primer caso de COVID-19 en Panamá.

En la citación impulsada por la diputada oficialista Zulay Rodríguez se buscaba que Turner respondiera si Panamá estaba preparada para afrontar el coronavirus y que suministrara detalles del plan de contingencia del MINSA ante una eventual llegada del coronavirus a Panamá.

Posteriormente, la Asamblea aprobó citar el 16 de marzo pasado a la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Inés Samudio, para que respondiera un cuestionario de ocho preguntas relacionadas a los proyectos de interés social que desarrolla esta entidad; entre los relacionados al programa Techos de Esperanzas que se lleva a cabo en el distrito de San Miguelito.

De igual manera, se solicitaba información en torno a ¿cómo van las auditorías que ha realizado su administración? y ¿por qué razón se ha suspendido el programa Techos de Esperanza y el Plan de Sanidad Básica?, entre otros cuestionamientos. 

Mientras que el 15 de abril pasado la Asamblea citó a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos para que respondiera un cuestionario sobre la situación del sistema educativo en medio de la pandemia por COVID-19.

La ministra Gorday debía responder sobre la situación del sistema educativo tanto de las escuelas públicas como las privadas y las medidas que se analizan para garantizar que el año escolar no se pierda.

También se exigía información en torno a cómo el Ministerio de Educación enfrentará la deserción escolar y los acuerdos en relación a los pagos de mensualidades de las escuelas particulares.

Mientras que el 21 de abril los diputados citaron al director de la CSS, Enrique Lau Cortés para que respondiera cuestionamientos sobre un contrato adjudicado ese mismo mes al consorcio de origen mexicano Salud en Control, para el almacenamiento y distribución de medicamentos por un monto de $168 millones.

La citación fue apoyada por la mayoría de los diputados para que Lau Cortés esclareciera las dudas sobre este contrato  y para saber si el funcionario conocía sobre las investigaciones que le siguen a esta empresa por supuestas irregularidades en el cumplimento de contratos y falsificación de documentos públicos en México.

Los diputados solicitaban además conocer en calidad de qué viajaron a México miembros de la junta directiva de la CSS en noviembre de 2019, entre otras interrogantes.

Ese mismo día fue citado el director de la Autoridad de los Servicios Públicos ASEP, Armando Fuentes, Fuentes para que explicase al país lo que algunos diputados consideran como “cobro abusivo y excesivo” en la factura de energía eléctrica por parte de las empresas de distribución eléctrica, en medio de la pandemia por COVID-19.

Los diputados pidieron a Fuentes informar qué medidas va a tomar ante las últimas quejas de los usuarios por el alza en la facturación de la electricidad y ante quién pueden presentar los reclamos atinentes al alza de sus facturaciones frente a las medidas de movilidad aplicadas por el Gobierno por la pandemia del COVID-19. 

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez recordó que la mayoría de la Asamblea tomó una decisión justamente buscando ejercer su rol fiscalizador, al citar a estos funcionarios.

No obstante, señaló que son las entidades citadas y la Directiva de la Asamblea las que buscan desconocer la importante facultad de los diputados de fiscalizar. "Teníamos ideas para mejorar esa realidad en el Reglamento Interno, pero tristemente no llegó a buen puerto", dijo.

Agregó que la Directiva no tiene manera legal de hacer comparacer a estos funcionarios. "Eso debo reconocerlo, pero no sé si siquiera insistieron", precisó. 

Los diputados de querer insistir en que éstos u otros funcionarios aclaren el manejo de sus instituciones, deberán esperar el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones que comienza el próximo 1 de julio, para reiterar estas citaciones.