Crimen organizado, al acecho por los vacíos que dejarán los gobiernos

El crimen organizado está haciendo la vez de gobierno en los espacios que el Estado deja sin atender por múltiples factores. Esta situación se acentúa más como consecuencia de la crisis económica y social provocada por la pandemia del Covid-19 en Latinoamérica, región que en los últimos meses se ha convertido en el epicentro. Las proyecciones de organismos internacionales estiman una contracción económica en Latinoamérica de al menos 5.3% en 2020, que califican como uno de los retrocesos económicos más severos de la historia.

En Panamá se estima que la tasa de desempleo alcance un 20% o más, y la capacidad de las instituciones gubernamentales para estructurar un plan de reactivación económica se ve en tonos muy ambiguos hasta ahora.

El Covid-19 impactará la generación de empleo en siete sectores que, en su conjunto, representan 878 mil empleos (481,543 asalariados del sector privado) que aportaron 3 de cada 5 nuevos empleos generados en los últimos 5 años.

Ante esta realidad, se percibe una ausencia de coordinación y organización estructural por parte del Gobierno para dominar la situación, que pueda brindar tranquilidad económica y organizativa sobre el rumbo que debe tomar el país.

Aunque Panamá ha sido capaz de salir adelante luego de crisis profundas, en esta ocasión harán falta cambios sustanciales en el sistema de seguridad para contener el crimen organizado –que recibirá a sus nuevos integrantes con los brazos abiertos– y los delitos comunes que irán en un aumento a raíz de la falta de ingresos y la necesidad de conservar el statu quo que se vivía antes de la pandemia.

El crimen organizado probablemente continuará erosionando la autoridad estatal en los países que no cuenten con la organización, recursos económicos e infraestructura para atender a la población.

El politólogo Emanuele Ottolenghi, miembro principal de la Fundación por la Defensa de las Democracias en Washington D.C., analiza con detenimiento la situación de varios países de la región latinoamericana, las medidas adoptadas ante el Covid-19, los afectados por la pandemia y los millones de empleos que se perderán a causa de la reestructuración de las empresas (como las aerolíneas), ante el desolador panorama económico que vive la región.

A pesar de que el crimen organizado también ha sido golpeado por la pandemia en la cadena de suministros de China para la producción de cocaína, los carteles de la droga tienen una oportunidad para mejorar su posición y desarrollar fuentes de ingresos.

Los carteles mexicanos han llenado de forma acelerada el vacío que dejan las instituciones estatales, con paquetes de asistencia médica para residentes con problemas de liquidez. “El encanto ofensivo de los carteles no solo les ayuda a ganar simpatía con los más necesitados, también envía un mensaje claro de los carteles: los carteles están siguiendo de cerca al Estado, y satisfacen las necesidades básicas de la población, especialmente la más vulnerable”, describe el especialista.

En cada país latinoamericano, el crimen organizado opera de distintas formas. En Brasil, por ejemplo, las pandillas se han dedicado a distribuir asistencia a los necesitados y hacer cumplir el toque de queda en las zonas pobres. Las gangas de El Salvador han amenazado de forma similar hasta con violencia contra cualquiera que rompa el toque de queda o las reglas de distanciamiento. Una especie de Estado dentro del gobierno que impone las reglas, pero que la delincuencia hace cumplir a su manera. “Ahora están aplicando la ley donde las autoridades no lo hacen”, asegura Ottolenghi.

El artículo recoge noticias de Colombia en las que se informa de un aumento de 113% de los grupos rebeldes de reclutamiento forzado de menores. Menciona a Panamá, por el aumento de contrabando de licor proveniente de Costa Rica, a raíz de la imposición de la ley seca durante los primeros meses de la cuarentena. “Así mismo aumentó el contrabando de medicamentos y equipos médicos, con una escasez crónica de desinfectantes y equipos de protección personal que impulsaron el comercio ilícito”, explica el también exdirector del Instituto Transatlántico AJC, con sede en Bruselas.

Menciona, además, la situación de Argentina, donde el Gobierno cerró la producción de tabaco durante la crisis, y provocó un aumento en el contrabando de cigarrillos del vecino Paraguay.

“La contracción económica generará tensiones adicionales a la capacidad de los gobiernos locales y federales para hacer frente a la provisión de servicios básicos”, dice.

“Esto generará invariablemente resentimientos entre los estratos sociales más bajos. La legitimidad percibida de los gobiernos seguramente caerá tal vez más en el corto plazo”, agrega el especialista.

Prevé protestas, pero a medida de que persistan las dificultades económicas, las personas desempleadas serán conducidas a los brazos de los carteles. El debilitamiento del estado de los países de la región puede estar entre las consecuencias duraderas de la pandemia. Con el número de casos positivos en aumento, ese proceso parece estar ocurriendo cada día más rápido.