Gremios sindicales y laborales rechazan proyecto de ley para proteger el empleo

Gremios sindicales y laborales aglutinados en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) expresaron su rechazo al proyecto de ley presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata, para la protección del empleo y que habría sido el producto de una mesa tripartita de trabajadores, sector empresarial y el Gobierno  

La organización obrera declaró que el proyecto remitido a la Asamblea por el Órgano Ejecutivo no es producto del consenso de la Mesa Tripartita del Diálogo.

Advierten que muchos de los temas no fueron objeto de discusión en este espacio. Los dirigentes sindicales manifestaron el unánime rechazo a esa iniciativa que, aseguran, contempla graves lesiones a los derechos y conquistas laborales, como la reducción de los recargos por jornada extraordinaria, recargos por trabajo en día de fiesta o duelo nacional, modificación unilateral por parte de los empresarios de la jornada y horario de trabajo, entre otras afectaciones.

Señalaron además que el proyecto no contempla ninguna medida que favorezca a la protección del empleo, afecta los derechos laborales y favorece los intereses empresariales.

Conato —que tiene como coordinador al dirigente Aniano Pinzón Real— considera que el documento es totalmente contraproducente con las iniciativas de reactivación económica, toda vez que profundizaría las desigualdades y recargaría aún más sobre los hombros de la clase trabajadora el costo de la crisis, acrecentada por la pandemia.

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, ente consultivo sindical y laboral, representativo de los trabajadoras del país, conformado por las organizaciones: CTRP, CNTP, CGTP, CUGT, Convergencia Sindical, Casa Sindical, Fenasep, FSTRP y FAT; se reunió este martes con diputados de las diversas bancadas de la Asamblea, para explicar la posición de este órgano colegiado en torno a esta iniciativa.

La organización demanda desistir de este proyecto de ley y establecer medidas que garanticen los ingresos de la familia panameña, para satisfacer sus necesidades fundamentales durante la crisis.