19 de Sep de 2021

Nacional

'La restricción al funcionamiento de los despachos judiciales es una afectación al derecho humano'

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), enfatiza que el derecho a la defensa de los presos no debe afectarse por la pandemia

La propagación del virus que causa la enfermedad de la covid-19 ha obligado a tomar medidas sin precedentes en los centros penitenciarios, entre ellas, restricciones de las visitas de los abogados a sus clientes, lo que ha conllevado a una violación de los derechos a la defensa establecidos en la Constitución Política.

'La restricción al funcionamiento de los despachos judiciales es una afectación al derecho humano'Archivo | La Estrella de Panamá

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que en la medida en que no se respete o garantice la defensa de un detenido, el país se convierte en un Estado violador de los principios establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

“El preservar el derecho a la salud no es una carta en blanco para disminuir los derechos de los privados de libertad”, apuntó el jurista.

La pandemia provocó la paralización de los procesos judiciales, lo que ha representado un obstáculo para el oportuno y efectivo acceso de la sociedad a la justicia.

“Cualquier restricción al funcionamiento de los distintos despachos judiciales es una afectación al derecho humano de acceso a la justicia de la sociedad”, concluye el vocero del principal gremio de juristas de Panamá.

Luego de tres años de la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ¿qué opina usted de los resultados en materia de hacinamiento en las cárceles y mora judicial? ¿Se han cumplido las expectativas?

Todo análisis relacionado al SPA siempre tiene que realizarse desde el contexto de lo qué había antes, es decir, el Sistema Inquisitivo Mixto. Cada vez que se realiza ese análisis, no existe otra respuesta que el funcionamiento ha sido mejor porque se han garantizado resultados más rápidos, aunque los mismos están decreciendo en cuando a la celeridad. Pero, aún así sigue siendo mucho mejor de lo que había. Sin embargo, como en toda estructura que involucra asuntos estatales no se garantiza un presupuesto efectivo para su funcionamiento, por lo que siempre va a haber obstáculos. Eso ocurre en un país donde el presupuesto está ligado a la voluntad política. Eso no se puede perder de vista. Pero no existe otra respuesta que efectivamente el SPA ha llegado para brindar un auxilio.

¿Qué cambiaría del SPA?

Haría desaparecer de manera inmediata lo que tiene que ver con reglas del Sistema Inquisitivo Mixto. Mientras haya dos sistemas operando, la posibilidad de compararse resulta grosera. Es demasiado evidente, por lo tanto, lo primero que debe hacerse es desaparecer el viejo sistema para no tener que comparar uno con el otro. Obviamente toda obra siempre puede perfeccionarse. Como estructura, el nuevo sistema ha demostrado deficiencias en una cantidad de temas importantes. Los mismos tienen que ser llevados a un diálogo con todos los que forman parte del sistema para que sean consensuados, considerando que cada reforma debe llevar un equilibrio, y no solo desde la vista de los abogados. Existen propuestas de transformación en distintos ámbitos, pero también existe una visión de los jueces, fiscales y autoridades de seguridad. Son cuatro visiones de un mismo tema, donde cualquier cambio tiene que garantizar un equilibrio entre los sectores que participamos del proceso.

“Toda parálisis involucra una afectación al acceso a la justicia. Es decir, el derecho del ciudadano de acceder a un tribunal de forma oportuna y efectiva”

¿Cómo se ha afectado la justicia durante la época de pandemia?

Toda parálisis involucra una afectación al acceso a la justicia. Es decir, el derecho del ciudadano de acceder a un tribunal de forma oportuna y efectiva. Lo primero es acceso a la justicia. Cualquier restricción al funcionamiento de los distintos despachos judiciales es una afectación al derecho humano de acceso a la justicia de la sociedad.

¿Cree que durante la pandemia, el derecho a la defensa de los detenidos es un proceso que se ha violado?

Sí, categóricamente. Desde el Colegio Nacional de Abogados (CNA) tuvimos la oportunidad de conversar con la relatora de Panamá de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Flavia Piovesan, que expuso sus criterios. Preservar el derecho a la salud no es una carta en blanco para disminuir los derechos de los privados de libertad. Ha habido obstáculos, incluso los abogados se han visto expuestos a largas esperas para conversar y tramitar con los privados de libertad. Eso ha generado mucha frustración en la abogacía por no entenderse el rol de los abogados como defensores de derechos humanos. Esos puntos son afectaciones directas a un derecho de defensa. La demora, el retraso, la perturbación, la creación de condiciones de inestabilidad, que en muchos casos hace que un abogado se replantee tener un cliente que esté privado de libertad, son afectaciones directas a los privados de libertad.

Hay muchos casos en los que los abogados ni siquiera pueden acceder a los centros penales, ¿cómo puede entablar una defensa de un cliente en esas condiciones?

Un tema es evitar el contagio y el otro es entender que cuando un abogado se presenta en un centro penitenciario, lo hace buscando equilibrar una carga, donde el papel del defensor se equilibra al del funcionario, por el rol de garantizar una defensa que está basada en una serie de principios constitucionales.

La abogacía tiene que ser entendida con el respeto necesario de la función que se lleva a cabo. Nuestras voces, a lo largo de la pandemia, han sido para reivindicar y para que las autoridades entiendan el papel del abogado en las visitas a los centros penitenciarios. Hemos pedido que no haya obstáculos. Ha sido muy difícil. Hay retrasos injustificados, hay demoras, no hay una coordinación propia para la atención de las visitas. Quiero repetir que una cosa es adecuarnos a las circunstancias y otra es aceptar una disminución del papel del abogado en las tareas que debe asumir.

Nosotros no podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, que el abogado sea tratado como una persona que incomoda o hace turismo. Cada abogado que se presente en un centro penitenciario lo hace con la responsabilidad de cumplir un mandato que está en la Constitución, y todas las autoridades deben ser respetuosas de la labor que se desempeña.

¿Qué consecuencias podría tener para el país que no se haya cumplido con el mandato constitucional del derecho a la defensa?

En la medida que no se garantice la defensa y protección de los abogados, es un Estado violador de principios establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Su reputación sería la de un Estado violador de derechos humanos. Garantizar un sistema de administración de justicia es también garantizar la eficacia del papel de los abogados.

La independencia de los abogados es parte de la confianza que se transmite hacia un inversionista. La estabilidad de la seguridad de un país pasa por el respeto a los defensores de derechos humanos, emitiéndose como actúan los abogados en su rol de defensores de garantías de privados de libertad.