27 de Sep de 2021

Nacional

Fiscalía entrevista a comisionado del Senan por caso que vincula a altos funcionarios

En este caso, por el presunto delito de corrupción y blanqueo de capitales, figuran como acusados el ministro Juan Pino y otros comisionados del Senan

Barrios
Garay interpuso en fechas recientes una querella penal contra dos comisionados del Senan.Roberto Barrios|La Estrella de Panamá

Ricardo Garay, comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), acudió la tarde de este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción para una entrevista relacionada con las investigaciones de una supuesta lesión patrimonial contra el Senan, que superaría los 40 millones de dólares.

La citación se produce tras evidencias documentales presentadas en la fiscalía que revelan presuntas irregularidades. Al menos cinco helicópteros Bell 212 —que forman parte de un contrato con una compañía y que tendrían que ser repotenciados entre el 2008 a la actualidad— fueron supuestamente recibidos conforme por los altos mandos del Senan en estado inoperativo.

A la fecha ninguna, de estas naves está volando. Además, dos de ellas, según un comunicado emitido por el abogado Justino González, quien asiste a Garay, se encuentran desaparecidas. En este caso figuran como acusados Juan Pino, actual ministro de Seguridad, y otros ocho comisionados del Senan.

González presentó en febrero pasado una ampliación de la denuncia penal. En esta se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción documentos y detalles de cómo dentro de esta entidad se habría presuntamente conformado una estructura destinada a desembolsar dinero de forma irregular e ilegal para favorecer a dos contratistas en perjuicio de la Nación.

La denuncia es por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en contrataciones públicas y blanqueo de capitales.

El Comisionado Garay interpuso recientemente una querella penal contra los Comisionados Ramón Nonato López y Jorge Yanis, director y subdirector del Senan, respectivamente, por supuestamente promover en su contra procesos disciplinarios con fines ilícitos, presuntamente con el fin de proteger a los altos mandos acusados de haber perpetrado los delitos denunciados.