Iniciativa que daría subsidio a menores víctimas de delito sexual genera rechazo

"Reparador sería un Estado que vea a las niñas y adolescentes como sujetas de derecho; que les proteja, les respete, les acompañe y les de justicia y que no reduzca, lo peor que les podría haber pasado en la vida, a una cuestión de $75.00 mensuales", esta fue la crítica de la trabajadora social Yuri Pittí en su cuenta de Twitter sobre el anteproyecto de ley que daría el monto citado a las menores embarazadas producto de una violación.

Esta iniciativa que establecería el programa "Mi Resguardo", estipula en su primer artículo que: "Las niñas embarazadas producto del delito de abuso sexual serán apoyadas en un plan gubernamental por la suma de $75.00 mensuales los 3 años siguientes al embarazo".

La psicóloga Chevy Solís, por su parte, manifestó que este anteproyecto no aborda el tema penal ya que las relaciones sexuales con una menor de 12 años o menos es violación, "y parece que los $75.00 vinieran a compensar el daño causado, que no se resguarda con dinero", fustigó Solís.

Para la neuropsicóloga Xotchil Vergara existen artículos que se pueden rescatar, por ejemplo, "el hecho de tener un registro detallado de los pederastas". "Pero con lo que no estoy de acuerdo es con los $75.00 que se le quiere dar", apuntó.

"Primero, $75.00 se van en menos de una semana. Segundo, una niña de 12 años o menor que está embarazada es producto de un abuso y usualmente el abusador es un familiar entonces ese dinero probablemente lo beneficie a él. Tercero, normaliza el embarazo infantil. Cuarto, hay mejores maneras de apoyarla", afirmó Vergara a La Estrella de Panamá.

"Un incentivo para explotadores y pederastas"

"La existencia de un subsidio para niñas víctimas de violencia sexual que hayan sido embarazadas por su violador, las expone aún más a otras formas de violencia como la explotación sexual comercial, pudiendo convertirse este subsidio estatal en un incentivo para explotadores y pederastas”, criticó la asociación Aliados Por La Niñez y Adolescencia.

La oenegé en un comunicado explicó que: "Ante tan grave delito, enfocar el resarcimiento hacia la vía económica, plantea una distorsión del fondo de estas violaciones desviando la atención y recursos que merecen las víctimas y reduciéndolo a un pago por su honra, dignidad, traumas y consecuencias de por vida".

En el año 2019 se reportó un aumento de víctimas menores de edad del 23% (5,239) con respecto al 2018, manteniendo la proporción de niñas y adolescentes mujeres como víctimas en 91%. En lo que va del primer semestre de 2020 se reportan 1,727 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de las cuales 1,537 son del sexo femenino, según cifras del Ministerio Público, citó Aliados Por La Niñez y Adolescencia.

Palabras Poderoxs, un grupo de lectura feminista recalcó que esta iniciativa "romantiza la maternidad y normaliza la violencia sexual hacia las menores". “Son niñas no madres”, seguró el círculo de lectura en su post de Instagram.

"El Estado debe crear políticas públicas de prevención en una base de educación sexual integral, no promover este tipo de leyes que pone en riesgo la vida y los proyecto de vida de miles de niñas", apuntó Palabras Poderoxs.

La socióloga Juana Camargo concuerda con Palabras Poderoxs en cuanto a la fomentación de la educación sexual integral. "Lo que las mujeres hemos planteado es la necesidad de una ley integral en educación sexual", dijo.

Aliados Por La Niñez y Adolescencia también solicitó que se "incluya la educación sexual integral en las escuelas para poder reconocer las distintas formas de violencia, para así prevenirla y denunciarla pertinentemente".

La diputada Cenobia Vargas indicó, a este medio, que el artículo primero se va a "modificar porque la esencia del proyecto es prevenir el abuso sexual infantil. Sí vamos a modificar el primero".