Denuncian a juez por 'retener' por 10 años un expediente civil

Por presuntamente haber retenido por 10 años un expediente civil que estaba archivado desde enero de 2010 y por no devolver la fianza del secuestro ni levantar esta medida, fue denunciado penalmente el Juez Primero Civil de Circuito de Chiriquí, Sergio Fernando González Herrera.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Publico en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, por el ciudadano Leonel E. Sanjur A., quien actúa como administrador judicial en una medida cautelar.

En la denuncia se le solicita al Ministerio Publico que investigue la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y  delitos contra los servidores públicos.

Según el denunciante, a los largo de los diez años, el juez no decidía nada sobre este caso, pese a las innumerables solicitudes de impulso procesal que se le presentaban.

En la denuncia presentada Sanjur enumera una serie de elementos que asegura, demuestran que se solicitó al Juez Primero Civil de Circuito de Chiriquí, los impulsos procesales respectivos y no fue hasta e el día 21 de febrero de 2020, 10 años y casi un mes después que emite el Auto No.142 levantando la medida cautelar.

No obstante, reclama el denunciante, el juez no procede a inscribir la misma a favor de los Juzgados 4to o 5to Civil de Circuito de Panamá, según lo previamente solicitado y del cual siempre tuvo conocimiento, toda vez que también en todos los informes mensuales presentados se les hacía saber que parte del secuestro se encontraba en el Juzgado 4to Civil de Circuito de Panamá, lo que a su juicio configura la conducta penal esgrimida.

Señala que como consecuencia de este retardo injustificado, el juez ha perjudicado la administración judicial, la sociedad y las operaciones en torno a la empresa.

Destaca que con esta acción, el denunciado podría haber cometido los delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos establecidos en el artículo 355 del Código Penal.

El artículo 355 del Código Penal establece que: “El servidor que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.

Tras un relato de 25 paginas de los hechos y con una documentación de más de 20 evidencias entregadas al funcionario instructor, el denunciante también solicitó una auditoria judicial al despacho con el propósito de verificar las irregularidades denunciadas y el manejo de ese despacho.

Sanjur también pidió al Procurador General de la Nación, que se haga la investigación de rigor y se solicite la separación del juez de su cargo, ante el riesgo de que se puedan ocultar evidencias y afectar la investigación.