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02 de Ago de 2021

Nacional

Evasión de la cuota obrero-patronal de la CSS tiene a 30,295 empleadores en juzgados

El programa de pensiones de la Caja de Seguro Social han dejado de percibir $218.1 millones

CSS Clayton
Sede administrativa de la Caja de Seguro Social en Clayton.Larish Julio | La Estrella de Panamá

Hasta agosto pasado, más de 30,295 empleadores en Panamá mantienen procesos judiciales con la Caja de Seguro Social (CSS) por evadir el pago de la cuota empleado-empleador u obrero-patronal y otras obligaciones, según reveló el más reciente informe suministrado por la coordinación Administrativa Judicial de la entidad.

Aunque no todos son empleadores, los expedientes en proceso alcanzan la suma de $218.1 millones, dinero que no ingresaron al programa de pensiones de la CSS.

Mediante un comunicado de prensa, Roberto Cueto Cisneros, coordinador administrativo judicial de la CSS dijo que para diciembre de 2019 la cifra de empleadores que mantenían procesos judiciales con la entidad, era de 30,574 expedientes.

De este total de expedientes para el año 2019, la CSS tramitó 279 carpetas, lo que refleja una disminución ya sea por "casos que se concluyeron o fueron archivados", detalló Cisneros.

Agregó que el artículo N° 5 de la Ley 51 de 2005 que es fundamento de la jurisdicción coactiva de la CSS, establece que esta dependencia tiene como obligación, cobrar todos los montos que deben ingresar por cualquier concepto, incluida las multas, recargos e intereses hasta su fecha efectiva de cancelación.

Luego de tres meses de que el empleador no hace efectivo el pago de sus obligaciones con la CSS o no concreta un arreglo de pago administrativo, el Departamento de Apremio y Cobro adscrito a la Dirección Nacional de Ingresos, en cumplimiento a la Ley 51 de 2005, le remite una certificación de morosidad a la coordinación administrativa Judicial para que se dé inicio al cobro coactivo.

Cueto detalló que "una vez que se le asigne el cobro a uno de los juzgados, este debe sin mediar comunicación con el empleador o deudor, admitir el proceso, emitir el mandamiento de pago y seguidamente el auto secuestro girando los oficios a todos los bancos, registro público, municipios y a la Autoridad de Transito y Transporte Terrestres, ordenando el secuestro de cuentas bancarias o cualquier bien sea mueble o inmueble que tenga a su nombre el empleador, para garantizar que las acciones de cobros iniciados no resulten ilusorias".

El coordinador administrativo judicial de la CSS afirmó que "esta serie de acciones tienen como objetivo, motivar a los deudores para que se acerquen al juzgado a concretar un arreglo de pago, en caso de que la deuda sea mayor que el bien secuestrado, si se trata de dinero".

Aclaró que "para los juzgados ejecutores el secuestro es una medida preventiva con la cual se busca asegurar el pago de la morosidad que tiene un empleador y, en caso de cancelar el monto adeudado, se le devuelve el bien confiscado; y si por alguna razón, el patrono no honra la deuda se procede a elevar el caso a un embargo y posteriormente a remate para que con el resultado de la venta pública satisfacer los montos morosos que tiene el empleador con la CSS".

JUZGADOS EJECUTORES

Actualmente, la CSS cuenta con diez Juzgados Ejecutores, los cuales en obediencia al Código Penal, en su artículo 237, todo empleador será sancionado con prisión de dos a cuatro años de establecerse que en el término de tres meses, siempre que la cuota supere los $1,000 debido a la no cobertura de su obligación de pagar, retener y no remitir las cuotas empleado-empleador a la CSS.

Según la norma citada, aplicarán a los empleadores o a sus representantes y demás sujetos obligados que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, evadan o de cualquier forma impidan la afiliación al seguro social de las personas obligadas a afiliarse.

Mientras tanto, el artículo 238 señala que quien retenga y no remita los descuentos voluntarios del salario, autorizados por el trabajador, a su destinatario, dentro del plazo señalado al efecto, será sancionado con prisión de seis meses a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.