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13 de May de 2021

Nacional

CIAM pide evaluación para verificar si hidroeléctricas en Chiriquí contaban con planes de emergencia y contingencia

CIAM señala que las prácticas tradicionales de producción agropecuaria, no son factibles ya que acaban con los bosques y la protección de la población

Inundaciones
CIAM pidió disposición de cumplir los compromisos internacionales de Panamá en materia de cambio climático.Archivo| La Estrella de Panamá

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), hizo un llamado a la reflexión nacional para que se impulsen acciones concretas para prevenir mayores pérdidas en los eventos extremos del clima que el país está enfrentando y que deberá enfrentar en el futuro.

Tras lamentar profundamente el saldo de víctimas y afectados que ha dejado el huracán Eta en la región occidental del país, el CIAM recordó que desde el 2014 el Panel Gubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC) reporta los impactos del cambio climático en nuestra región y la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos.

Y aunque recuerda la organización que en la actualidad el Ministerio de Ambiente diseña instrumentos para cumplir los compromisos internacionales de Panamá en materia de cambio climático; su cumplimiento real señalan, no será posible a menos que haya disposición para una transformación radical del país, que asegure su resiliencia frente a estos fenómenos.

Destaca el organismo que por ello, todas las instituciones deben estar alineadas y comprometidas con esa meta común.

En tal sentido, el CIAM señala que por ejemplo, la producción agropecuaria es fundamental para la soberanía alimentaria del país y garantiza trabajo a muchos panameños; sin embargo, plantean que ya no es factible mantener las prácticas tradicionales de producción que acaban con nuestros bosques y la protección que nos dan.

“Esta realidad se vive también en las tierras altas de Chiriquí, donde organizaciones locales vienen denunciando un incremento de la tala ilegal, abriendo paso a las actividades agropecuarias incluso dentro de áreas protegidas como el Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú”, enfatizó el CIAM.

Aseguran que todas estas labores se realizan en tierras de pronunciadas pendientes que aumentan el riesgo de desastres.

Por otra parte, plantean que en las secciones medias y bajas de las cuencas afectadas, es necesario investigar a fondo la contribución de los sucesivos proyectos hidroeléctricos actualmente en funcionamiento en el área.

Al respecto, consideran necesario hacer una evaluación técnicamente independiente para verificar si estas contaban con planes de emergencia y contingencia adecuados, y si estos fueron cumplidos a cabalidad.

“Los afectados y toda la población panameña merecen la confirmación -incuestionable- de que estos proyectos no han aumentado la vulnerabilidad existente en el área. La afirmación de que las hidroeléctricas cumplen funciones de control de inundaciones y su impacto positivo tan citado en sus estudios de impacto ambiental, debe ser exhaustivamente verificada”, aseguró el CIAM.

Además asegura el organismo, el Estado con sus acciones de despejar derrumbes y construir carreteras como se han construido y reconstruido con anterioridad , no actúa de forma responsable si no implementa cambios drásticos para evitar la tala ilegal en áreas sensibles, y sin cambiar las políticas que promueven el avance de la frontera agrícola a expensas de nuestros bosques.

“Contentarnos con proveer víveres e insumos para los afectados, ya que esto no es acción climática, es ignorar una realidad evidente”, advierten.

El CIAM hizo además  un llamado a las autoridades a evaluar técnicamente todas las variables expuestas, así como el cumplimiento de sus propios protocolos de prevención de riesgos que deben ser de conocimiento público.

“A partir de este análisis será necesario asignar los recursos económicos y humanos para implementar acciones concretas que garanticen que no se repitan estas tragedias. Es urgente actuar con una visión a largo plazo y apostar decididamente por el ordenamiento territorial serio y participativo, que fomente el desarrollo seguro y que proteja nuestras vidas y la de nuestros hijos”, puntualizó la organización.