Panamá implementa novedoso modelo de acción comunitaria

Hace dos meses el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), comenzó la ejecución de un novedoso plan mediante el cual rehabilita, mantiene y mejora edificios multifamiliares en áreas de gran sensibilidad social, incorporando a los residentes en la ejecución de las obras, quienes reciben un salario mínimo durante el tiempo que se prolonguen los trabajos.

De ese modo, el programa denominado “Recuperando Mi Barrio” está dirigido a intervenir en forma social y comunitaria esas áreas. A la vez que se cambia el rostro de cada uno de los edificios multifamiliares seleccionados, también se genera empleos y mejora la calidad de vida de los beneficiarios directos.

“El programa busca la incorporación activa de fuerza laboral en los barrios y comunidades donde se desarrolle el proyecto, y permite realizar actividades que reducen factores de riesgo social, violencia y delincuencia, transformando el entorno y revitalizando el espacio de convivencia”, señaló Conades en el documento de exposición del pliego de condiciones.

Destacó que junto con la generación de empleos temporales y acompañamiento social de los residentes de El Chorrillo, el programa está dirigido a formar líderes comunitarios para que velen por el cuidado y mantenimiento de los lugares donde viven.

Ese es uno de los puntos que reconoció José Olivarren, vocero comunitario de El Chorrillo. “Uno de los mayores beneficios de este programa es que ha logrado reinsertar en actividades productivas a jóvenes que antes pertenecieron a bandas, que estuvieron presos y ahora ayudan en sus hogares y aportan a la comunidad”, afirmó.

Previamente los residentes de los edificios que se rehabilitan, que han sido incorporados a la fuerza de trabajo, reciben capacitación por parte de la empresa contratista como pintores, techeros y ventaneros, lo que les aporta una experiencia en oficios que pueden desempeñar en el futuro. El Ministerio de Desarrollo Laboral (Mitradel) les da una inducción en seguridad y salud ocupacional.

Las tres primeras etapas de esa nueva dinámica de trabajo social comunitario, se están desarrollando desde septiembre en el corregimiento de El Chorrillo con la rehabilitación de cerca de un centenar de edificios multifamiliares por un monto de $18 millones.

La pandemia del nuevo coronavirus atrasó el inicio de labores que debe concluirse en un plazo máximo de 15 meses. Todo el personal cumple con estrictas normas de bioseguridad.

De acuerdo con Conades, el programa “Recuperando Mi barrio” es una respuesta ante la pandemia del covid-19 porque inyecta recursos a la economía.

“Estoy contento porque estoy ayudando a mejorar mi edificio. Me están pagando un salario que me ayuda a mantener a mi familia, y estoy aprendiendo un oficio que no conocía”, comentó Andrew González, residente en El Chorrillo, incorporado a la fuerza laboral.

La primera etapa de los trabajos en El Chorrillo, que comprende 32 edificios, le fue adjudicada en enero a la empresa Pinturas Garantizadas, con 50 años en el mercado nacional, y las otras dos etapas, al consorcio Pinturas Conades que está trabajando en la rehabilitación de 70 edificios. Se trata de estructuras que tienen entre 30 y 50 años de haber sido construidas y algunas están muy deterioradas.

Los trabajos de las tres etapas se realizan en forma simultánea y comprenden, entre otros, el reemplazo e impermeabilización de las losas de techos y colocación de planchas de PVC, en lugar de zinc, lo que es más duradero y genera menos calor.

Incluye también el sellado y pintura de paredes, balcones y ventanas, iluminación con paneles solares en áreas comunes y alrededor de los edificios. Contempla, además, la reparación de sistemas pluviales de agua potable, sistemas sanitarios y eléctricos.

Cada edificio primero es intervenido mediante un proceso de hidrolavado a presión para remover la pintura vieja y el moho, proceso que se aplica a los pasillos, escaleras y exteriores. Luego se coloca un sellador transparente que facilita que se adhiera la pintura antihongos, antibacterial e impermeabilizante contra la humedad.

En el caso de la primera etapa, la empresa que dirige los trabajos ha empleado a unos 500 residentes de los edificios donde se realizan tareas de rehabilitación y mantenimiento.

Ese mismo modelo será replicado en otras áreas de gran sensibilidad social en corregimientos de los distritos de Panamá, San Miguelito y Colón, con un total de 20 bloques de edificios multifamiliares que suman 317 estructuras en total. A esos proyectos se ha destinado una inversión de $67 millones, que beneficiará a 17,000 familias, con un total de 85,000 personas, y generará en forma escalonada unos 6,000 empleos en el tiempo que se ejecuten las obras.

Cada uno de esos nuevos proyectos ha sido dividido por Conades en cuatro bloques para dar oportunidad a más empresas participantes, puesto que a cada contratista que participe no se le podrá adjudicar más de dos renglones en cada una de las licitaciones.

Por ejemplo, uno de los nuevos proyectos contempla trabajos en los corregimientos de Barraza, El Chorrillo, Calidonia y Santa Ana.

Las empresas que participen solo podrán adjudicarse dos de esos trabajos. Por el momento 28 empresas panameñas han mostrado interés por participar en esas licitaciones que deben darse en forma escalonada a lo largo del mes de diciembre.

Los trabajos consistirán en reparación de sistemas de electricidad, plomería, mejora de escaleras de acceso a los apartamentos, cambio de techos, pintura e impermeabilización de los edificios y áreas comunes.

Lo que busca Conades es que no se monopolicen los contratos y garantizar la apertura del mercado dando participación a las empresas panameñas.

La nueva Ley de Contrataciones Públicas, que entró en vigor en septiembre, establece que los contratos del Estado menores de $5 millones deben ser adjudicados únicamente a empresas nacionales.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que por una década ha hecho campaña en defensa de las empresas locales, particularmente en la adjudicación de contratos de obras públicas, ha aplaudido esa decisión del Ejecutivo que fue respaldada por la Asamblea Nacional.

Jorge Lara, presidente de la Capac, dijo que desde que asumió el gobierno del presidente Nito Cortizo el gremio de la construcción participó activamente en las discusiones dirigidas a reformar la Ley de Contrataciones Públicas.

“El hecho de que la nueva ley establezca que las obras públicas de hasta $5 millones deban ser adjudicadas a los contratistas nacionales es de gran valor, porque esa ha sido la aspiración permanente de las empresas tradicionalmente panameñas. Las estadísticas que manejamos indican que las empresas panameñas terminan y entregan todas las obras que contratan con el Estado”, resaltó Lara.

Señaló, al mismo tiempo, que las empresas panameñas emplean bienes y servicios nacionales, además de que los recursos que reciben del Estado se quedan en el país, lo que es de gran beneficio para la economía nacional.