Transparencia pide a Ulloa responder sobre el cumplimiento del pago de multas de Odebrecht

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional) solicitó mediante una misiva fechada el 29 de diciembre de 2020 al procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa el establecimiento de una veeduría ciudadana, tras transcurrido tres años del acuerdo entre esa instancia y la constructora brasileña Odebrecht, hoy Novator.

La solicitud fue remitida mediante una nota firmada por la directora ejecutiva de la Fundación, Olga de Obaldía, que consta de 10 páginas con 17 preguntas sobre el alcance, el estatus actual y la situación de André Rabello, ex-intendente de la constructora en Panamá, y quien en un lapso de 12 años pagará una multa valorada en $220 millones según se estableció en noviembre de 2017.

El citado acuerdo lo dispuso la misma entidad, mediante la Resolución 13 del 3 de febrero de 2015, donde el numeral 3 del artículo 14, indica que tienen carácter restringido "los asuntos relacionados con procesos jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, los cuales son accesibles por las partes del proceso". Aclaran que en consecuencia, el principio de reserva no puede invocarse luego de la conclusión del proceso penal y de la consecuencia administrativa de su ejecutoria, el archivo de la causa.

En el escrito De Obaldía sostiene que la información suministrada "durante los últimos años, la información brindada por el Ministerio Público no ha sido, a nivel nacional, lo suficientemente clara, consistente y oportuna respecto de esos procesos, además de la denunciada falta de cooperación en materia de cooperación judicial, a nivel internacional".

A través del mismo escrito, la Fundación cuestiona el estado de los $59 millones adicionales a los ya citados $220 millones, que Odebrecht se comprometió a pagarle a Panamá, como "fondo de garantía, mientras se investigan sus sobornos en el país".

En la nota —que ya fue recibida por la PGN— de Obaldia además pregunta sobre el estatus del acuerdo con Rabello, debido a que está condicionado a la comparerencia de la audiencia ordinaria de ese proceso.

Ahora, Ulloa según lo determina la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia tiene 30 días para atender un cuestionario remitido por la Fundación.