Más de 40 organizaciones se declaran en vigilia por las acciones de Cobre Panamá

La idea de extender la vida útil del proyecto minero de Cobre Panamá de 40 a 70 años, llevó a 43 organizaciones panameñas a presentar ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) una declaratoria, para que evalúen las aspiraciones de la empresa.

Entre los movimientos agrupados figuran ambientales, estudiantiles, indígenas, feministas, campesinas, defensores de los derechos humanos, gremios de profesionales, trabajadoras y trabajadores.

La "Declaración sobre la situación actual socioambiental en Panamá" fue entregada en físico al titular del MiAmbiente, Milciades Concepción, por representantes la Asociación de Derechos Ambiental, la Federación de Profesionales de Panamá (FEDAP) y el Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), pero que en total es apoyada por 43 organizaciones. 

Según las organizaciones, Cobre Panamá —que desarrolla el proyecto en Donoso, provincia de Colón— ignora que tiene un fallo de inconstitucionalidad en su contra y entrega "insignificantes regalías del 2% para Panamá, burlándose con ello del pueblo panameño con un contrato a todas luces ilegal y leonino".

"Rechazamos que el gobierno panameño auspicie el extractivismo minero con el proyecto de 'Fortalecimiento Institucional del Sector Minero en Panamá', el cual es financiado y firmado entre el Ministerio de Comercio e Industrias y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la modalidad de cooperación técnica no reembolsable, para continuar impunemente posicionándose bajo la falacia de un falso 'desarrollismo' y perpetuar por años sus prácticas corruptas y de depredación ambiental", destacan las organizaciones en la declaratoria.

A través del documento, las organizaciones cuestionan la labor del MiAmbiente, debido a que la entidad "no ha tenido una efectiva estrategia para combatir la inmisericorde tala de árboles en Darién y otras áreas protegidas".

Las agrupaciones también se refirieron a la falta de "rendición de cuentas y transparencia en el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental de las empresas extractivas e hidroeléctricas y termoeléctricas; lo que genera dudas en la opinión pública sobre su manejo".