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25 de Jul de 2021

Nacional

Contraloría certifica que PPC cumple con el contrato de concesión

El contrato ley de concesión está por cumplir sus primeros 25 años en el 2022; y se prorrogaría 'automáticamente' por 25 años más, bajo los mismos términos y condiciones, 'siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo con este contrato', según lo establece la ley

Contraloría certifica que PPC cumple con el contrato de concesión

La Contraloría General de la República, recientemente, realizó una auditoría a Panama Ports Company, S. A. (PPC), con la que certificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales sustanciales, por parte del operador portuario, establecidas en el contrato Ley No. 5 de 16 de enero de 1997.

La auditoría forense, conducida por un equipo técnico multidisciplinario, se llevó a cabo in situ en las instalaciones portuarias concesionadas a PPC, en la Autoridad Marítima de Panamá, y en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cubriendo el periodo comprendido entre el 16 de enero 1997 al 30 de junio de 2020; y en medio de la posibilidad de que el próximo año 2022 el Estado prorrogue el contrato de concesión, según lo pactado.

Mediante el audito se verificó los estados financieros de la empresa PPC y el cumplimiento al contrato ley que firmó la empresa portuaria con el Estado en 1997. Y en ese sentido, “PPC sí ha efectuado sus operaciones en cumplimiento sustancial de las cláusulas y de las obligaciones básicas del contrato de concesión y sus adendas”, afirmó el contralor general de la República, Gerardo Solís, el pasado 4 de febrero, al revelar los resultados auditados.

PPC, miembro del Grupo Hutchison Ports, opera en Panamá mediante una concesión por 25 años prorrogables, otorgada por el Estado, para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de los puertos de Balboa (litoral Pacífico) y Cristóbal (litoral Atlántico).

Tras revelarse los resultados, surgieron algunas reacciones en desacuerdo con los hallazgos, fundamentando sus posiciones adversas en concepciones subjetivas, sin apego a las constancias fácticas, contables y jurídicas, arrojadas por la auditoría en referencia.

El audito toma mayor relevancia a un año de que se cumplan los primeros 25 años (2022) del contrato de concesión otorgado por el Estado a la empresa portuaria y de la posibilidad de que se renueve la concesión, por un periodo adicional.

El contrato “se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas”, establece la ley No.5 del 16 de enero de 1997 del contrato de concesión.

La auditoría cubrió un periodo de 23 años, a partir del 16 de enero de 1997.Cedida

Uno de los temas controversiales que se ha generado en torno al tema, es el monto que ha recibido el Estado panameño como ganancia por ser socio y dueño minoritario del 10% de las acciones de PPC.

En esta coyuntura es oportuno contrastar la realidad frente a la mitificación de algunos señalamientos en relación al contrato otorgado a la empresa PPC, y que han tenido un eco negativo en la opinión pública.

Mito: frecuentemente se ha señalado que PPC recibió infraestructura portuaria en los Puertos de Balboa y Cristóbal.

Realidad: la infraestructura portuaria que recibió la empresa PPC en los Puertos de Balboa y Cristóbal los cuales fueron construidos originalmente para el manejo de carga en general, no eran puertos diseñados para manejar contenedores, que es la actividad a la que se dedican los puertos a nivel mundial, y que representa la base de la facturación – movimiento de contenedores – que registra los principales aportes directos al Estado.

De hecho, la infraestructura portuaria concesionada a PPC no tenía ningún valor para iniciar el negocio de trasbordo de contenedores, por lo cual hubo que demoler edificaciones no útiles, para construir nuevas y especializadas, implicando una inversión millonaria por parte de la empresa.

Aún siendo este el caso, mediante Adenda No. 1, contenida en la Ley 55 de 28 de diciembre de 2005, que modifica el Contrato entre el Estado y PPC, contenido en la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, el operador portuario se comprometió a pagar una contraprestación de $102,000,000.00 al Estado panameño por las infraestructuras y puertos en operación recibidos en concesión (Cláusula 2.3).

Incluso, este pago de $102,000,000.00 por parte de la empresa PPC fue certificado mediante la auditoría realizada por la Contraloría y presentado dentro del desglose de aportes al Estado.

Mito: la empresa PPC solamente ha pagado al Estado panameño $8,000,000.00 durante todo este período de concesión.

Realidad: la empresa PPC ha pagado al Estado panameño $444,978,979.60 en el período comprendido entre 1997-2020. Este monto incluye facturación de movimiento de contenedores, dividendos, entre otros rubros pactados contractualmente, y que han sido pagados responsablemente por la empresa. El desglose de estos pagos fue presentado por la Contraloría en su informe a la nación.

Por lo tanto, es totalmente erróneo señalar que PPC sólo ha aportado al Estado $8,000,000.00. Cabe destacar que el contrato de concesión portuaria suscrito entre PPC y el Estado panameño es el único que contempla participación accionaria por parte del Estado. En ninguno de los otros contratos de concesión portuaria ni en sus extensiones se pactó el pago de dividendos.

Según datos proporcionados por la auditoría de la Contraloría, la empresa portuaria realizó inversiones en las terminales portuarias dadas en concesión por un monto de $1,695,546,955.00, suma muy superior al compromiso establecido en el contrato inicial de $50,000,000.00 y en la adenda No. 1 de $1,000,000,000.00.

En este contexto, es importante acotar que la decisión corporativa de la Junta Directiva de PPC, en la cual tiene representatividad el Estado panameño, de no repartir dividendos entre los socios todos los años, sino de invertir los recursos en el desarrollo, modernización y optimización de las instalaciones portuarias, ha tenido un resultado positivo en diferentes aspectos:

• Se han incrementado los pagos de movimiento por contenedores que hace la empresa al Estado, entre otros cargos.

• Se ha contribuido al desarrollo de las industrias marítimas auxiliares.

• Se ha fortalecido y consolidado el posicionamiento del país como hub marítimo y logístico de talla mundial.

• Se ha elevado el valor de las acciones de la empresa, en la cual el Estado panameño es socio. Sin embargo, el hecho de que los dividendos no se hayan repartido entre los accionistas todos los años, debido a la ejecución de los planes de inversión, no significa que se hayan perdido o que no haya espacio para repartirlos a futuro, una vez se requieran menos inversiones para mantener en óptimas condiciones las terminales portuarias.

Por consiguiente, el Estado panameño, en su condición de accionista, podría recibir la suma correspondiente a estos dividendos, lo cual representaría una especie de ahorro financiero, que coadyuvará a mitigar los efectos de contracción económica producidos por las actuales circunstancias pandémicas.

Hay que subrayar que el desarrollo portuario demanda altas inversiones de capital, recursos financieros, tecnológicos, humanos, etc.; y es por ello que estas inversiones se contemplan a largo plazo, a fin de garantizar su rentabilidad.

De acuerdo con lo pactado en el contrato ley, la concesión otorgada a PPC tendrá una duración de inicial (25 años), contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia; y se prorrogará automáticamente por un período adicional de veinticinco (25) años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo con este contrato.

El audito realizado por la Contraloría representa un ejercicio de revisión integral, sobre la base de criterios objetivos, en relación al cumplimiento por parte de PPC de sus obligaciones contractuales básicas, consignadas en el contrato original y sus posteriores adendas.

Y contrario a las opiniones adversas, los resultados arrojados reafirman el compromiso pleno de esta empresa de contribuir activamente con el desarrollo de Panamá; y en contraprestación, debemos garantizarle seguridad jurídica a su inversión.

Finalmente, no debemos soslayar que, una vez expirado el contrato de concesión, el período inicial (25 años), más el período de prórroga (25 años), todas las instalaciones, infraestructuras y facilidades dentro de los puertos pasarán a ser propiedad bdel Estado panameño (salvo maquinarias y bienes muebles de la empresa), lo cual dejará un importante activo para el país.

Hutchison Ports PPC es la empresa portuaria con mayor capacidad en América Latina, y ofrece la mejor interconectividad multimodal entre sus puertos. 80 kilómetros de carretera que comienzan y terminan en las entradas de ambas terminales, permitiendo hacer conexiones barco a barco en cada extremo de los dos océanos en un lapso menor a cuatro horas.

Los puertos cuentan con 38 grúas pórticas, 25 en Balboa (Panamax, Post Panamax y Súper Post Panamax) y 13 en Cristóbal (Panamax, Post Panamax y Súper Post Panamax), siendo PPC la empresa con mayor cantidad de grúas porticas en Panamá y Latinoamérica y con mayor cantidad de tomas eléctricas para contenedores refrigerados en toda la región.

Ofrece a todas las líneas navieras un centro de trasbordo, de manera que la administración y operación en los dos puertos se maneje como un producto único y coordinado. Además, es la empresa portuaria panameña que más dinero ha invertido en el país y empleos genera para el país (30 mil empleos, actualmente, entre ambas terminales de manera directa e indirecta); ofrece excelentes salarios y brinda una amplia gama de beneficios para su fuerza laboral y sus familias.