Denuncian supuesta corrupción en la AMP

La fiscalía anticorrupción recibió una denuncia por delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos, a través de la cual se expone una presunta extorsión contra el capitán Rafael Botello, representante de la empresa Oceanic Suply & Transport Inc., dedicada a brindar el servicio de recolección de desechos con equipo flotante, quien según el documento recibió una oferta hostil para la venta de su empresa.

Pablo Torres Chong, primo del actual diputado Ricardo Torres, jefe de bancada del PRD en la Asamblea Nacional, y Mario Bretón Deschapelles, también empresario del sector, cercano a la actual administración de la entidad, fueron los que solicitaron la transacción a Botello, según la denuncia.

Ambos fueron acompañados por funcionarios de alto perfil de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y al rechazar la solicitud, el capitán Botello habría sido presionado, según afirmó la abogada Helga Ceballos, quien firma la denuncia.

Ceballos representa a un grupo de colegas del sector que recibieron la información del capitán Botello y que ven amenazada la seguridad jurídica de su sector, por lo cual desean dirimir la verdad de los hechos denunciados, sin mayores consecuencias para sus negocios.

Por otro lado, Pablo Torres Chong no es un desconocido para la AMP, el mismo mantiene en vigencia un contrato a través de Stward Agency, Inc., el contrato A-2003-2018, sobre un fondo de mar en Brisas de Amador, el cual se mantiene vigente hasta el 25 de junio de 2021 y más recientemente le fue otorgada a la misma sociedad, autorización de ocupación del muelle 8 del astillero de Balboa en la presente administración; así como es poseedor de varias licencias para actividades de servicio marítimo.

Supuestamente por su negativa, y sospechosamente casi de manera secuencial, funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) realizaron una inspección, abriendo un proceso administrativo que decantó en resolución administrativa; confirmada en apelación por la junta directiva de la AMP, que dejó sin efecto la licencia antes señalada, en lo que parece ser una medida de retaliación ante la negativa de vender su empresa, afirma el texto.

El capitán Botello entonces manifestó a varios miembros del sector de negocios marítimos y personas vinculadas a la AMP, que este proceso fue un acto arbitrario, en atención a las poderosas facultades institucionales que tiene esta entidad, sin dejar de señalar que pudo existir el fundamento para ello, pero siendo ejecutado el proceso después de su negativa a vender. Sin embargo, otras empresas del sector en similares condiciones, no han sufrido el mismo destino.

Según la abogada Ceballos, se podría presentar una ampliación con mayor información para probar la posibilidad de otras empresas con similares condiciones, que no han sido sancionadas tan severamente como lo sucedido con Botello o han visto sus licencias renovadas por la propia Institución.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de la negación de estos hechos, por parte del capitán Botello, afirmó que no le sorprendería porque estamos ante la presencia de delitos de corrupción complejos, si la persona directamente afectada no ratifica sus dichos, y ese podría ser el caso, dado que estamos hablando de un empresario bajo presión.