Iniciativa de Pineda de eliminar las pena accesoria genera opiniones

Luego de que este lunes, el diputado oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional, un anteproyecto de ley cuyo objetivo es eliminar la pena accesoria por delito común, exceptuando los delitos contra la administración pública, diversas opiniones surgieron sobre la iniciativa.

Para el abogado y comunicador social, Alfonso Fraguela, la propuesta del diputado Pineda podría representar un "retroceso".

Aunque Fraguela reconoce que el sistema penitenciario, no es acorde con las necesidades que deben buscar la resocialización del detenido, "el limitar o excluir las sanciones accesorias, podría no ayudar en la reinserción del detenido en la sociedad", afirmó.

Advirtió que la propuesta de anteproyecto generará un amplio debate; no obstante, "no la veo con buenos ojos", dijo.

Mediante su cuenta en Twitter, el abogado Guido A. Rodríguez L. compartió "El diputado @raulpineda8_6 acaba de presentar un proyecto de Ley para eliminar las penas accesorias del Código Penal. ¿Adivinen a quien busca beneficiar? La pena accesoria b. Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Saquen sus propias conclusiones".

A los señalamientos de Rodríguez, Pineda respondió "Estos son los personajes que sin leer un proyecto opinan. Si lee el proyecto, se puede percatar que solo se contemplan delitos comunes y se exceptúan todos los delitos contra la administración pública. Siga paseando con Odebrecht que le va muy bien".

En tanto, Fraguela considera que una persona que cometa un delito que tenga como sanción inhabilitación para ejercer cargo público, y que con este anteproyecto desee permitir que pueda ejercer cargos públicos, podría dar "a pensar que queremos que todos los que cometen delitos pudieran llegar a tener un premio de consolación que es trabajar en el Estado. La flexibilidad que se pretende con esta propuesta es inimaginable. Si se busca favorecer a un funcionario o exfuncionario, podría sin duda la aprobación de la ley lo lograría", sentenció.

La propuesta de Pineda, la primera de dos iniciativas sobre segunda oportunidad para personas privadas de libertada, busca mejorar la legislación penal panameña, ya que toda persona condenada por un juez, luego purgar su pena y quedar en libertad, no puede ocupar cargos públicos por igual cantidad de tiempo de la sentencia, imposibilitándole a laborar en una Junta Comunal, Municipio o Centro de Salud; lo que a juicio del diputado es "condenarlo de por vida".

Según el Artículo 50 del Código Penal, las penas accesorias se dividen en siete: 

En tanto, el artículo 52 indica que la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas es consecuencia de la pena de prisión y podrá aplicarse aún cuando ésta haya sido cumplida. La inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas no excederá de 20 años.