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Caída del PIB replantea el descontento por las restricciones de movilidad
- 23/07/2021 00:00
- 23/07/2021 00:00
La Contraloría General de la República, en su más reciente informe, reveló que el producto interno bruto (PIB) tuvo una caída de 8,5%, en el primer trimestre de 2021, es decir, una disminución de $910.3 millones comparado con igual trimestre de 2020.
Las actividades de los hoteles, restaurantes, las inmobiliarias y empresariales, estuvieron entre las más afectadas, ya que cayeron un 54,8%. El Instituto de Estadística y Censo (INEC) relató que el comportamiento de las actividades económicas fue afectado durante el inicio del trimestre dada las medidas de cuarentena total, producto de la segunda ola por la pandemia de la covid-19 originada desde diciembre de 2020, que llevó al límite al sistema sanitario y obligó a confinar a la población con medidas de movilidad y cierre total o parcial de actividades productivas.
Esta caída del PIB hace que empresarios, comerciantes y analistas laborales replanteen su descontento por las restricciones de movilidad, ya que actualmente el escenario es distinto porque se avanza en un proceso de vacunación y reapertura de ciertas actividades económicas, pero las medidas sanitarias opacan una pronta reactivación económica.
El consultor laboral René Quevedo comentó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectan que el PIB panameño crecerá alrededor del 12% en 2021, apuntalado por las exportaciones de cobre y la recuperación del comercio mundial.
Sin embargo, el sector interno seguirá “deprimido y condicionado” a las restricciones de movilidad, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, lo cual a su vez está ocasionando un aumento del desempleo. Según declaraciones de la ministra de Trabajo (Mitradel), Doris Zapata, la tasa de desempleo se ubica hoy en 20% versus 18,5% en septiembre 2020.
Al 30 de junio de 2021, de los 873,750 trabajadores asalariados en el sector privado que había a agosto de 2019 (INEC), 37% (327,340) había perdido su empleo, 30% (262,381) lo mantuvo, 18% (153,463) fue suspendido y luego reactivado, 13% (111,019) mantiene su contrato suspendido y 2% (19,547) fue reactivado y posteriormente desvinculado, según el consultor laboral.
“La sostenibilidad laboral de estos 111 mil trabajadores no reactivados luce complicada, en particular los 83,974 del sector terciario, pertenecientes al comercio, bares y restaurantes, actividades devastadas por las cuarentenas y toques de queda. El proceso de reactivación de contratos será lento”, advirtió Quevedo.
El consultor laboral señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) no puede tener el poder absoluto sobre si se da o no una reapertura total de la economía.
“Panamá adoptó las más severas medidas de restricción de movilidad en toda Latinoamérica y pagó el más alto precio socioeconómico, teniendo la cuarta peor contracción del PIB en el mundo y su sector privado perdiendo 37% de sus empleos formales en un año, eliminando así 17 años de generación de empleo formal por parte de la empresa privada. En resumen, tomando en consideración los protocolos sanitarios necesarios, hay que levantar las restricciones de movilidad y abrir la economía”, aseveró Quevedo.
Para José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap), resulta incomprensible que el Minsa insista en repetir las fórmulas que han sumido al país en una “debacle”.
“La crisis socioeconómica es más grave que la sanitaria, por lo que las decisiones que se tomen para hacer frente a la pandemia no pueden recaer únicamente en el Minsa, sino que deben involucrar a todos los ministerios relacionados. Basta ya de medidas incoherentes con la situación. Exigimos al Órgano Ejecutivo respeto a los derechos y libertades ciudadanas y actuaciones integrales que permitan a las empresas pequeñas, medianas y grandes enfrentar esta situación sin precedentes en la historia nacional y trabajar en la reconstrucción del país, antes de que sea demasiado tarde”, enfatizó Icaza.
Y añadió: “Los panameños tienen más de 16 meses de estar conviviendo con y combatiendo la covid-19 y se ha aprendido a adoptar las medidas de bioseguridad y aceptado con esperanza un proceso incremental de vacunación, de cara a poder volver a trabajar”.
Icaza recordó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara inconstitucional la Resolución 492 del 6 de junio de 2020 del Ministerio de Salud, que estipulaba restricción de movilidad por género, cédula o pasaporte, “refuerza la postura de la Cciap de la necesidad del levantamiento inmediato de las restricciones de movilidad y el toque de queda, pero también de la importancia de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a la movilidad del país”.
“Nosotros esperamos que el gobierno, producto de este fallo de la CSJ, reaccione y proceda con el levantamiento de las distintas restricciones de movilidad que ha dado”, agregó.
Para representar la teoría de cómo la crisis socioeconómica ya supera la sanitaria, Quevedo explicó que dado el incremento de la planilla estatal, el sector privado asumió la totalidad de su impacto laboral, perdiendo 327,340 plazas de trabajo, 37% de sus empleos formales, en un año. Este fenómeno es directamente responsable de la caída del 40% en los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) en 2020 y la reducción de unos $600 millones mensuales en el consumo a nivel nacional.
Hoy el 70% de los trabajadores del país es informal o funcionario. Cada $1 en salarios privados aporta $0.23 a las finanzas del Estado, vía impuesto sobre la renta, cotizaciones a la CSS y seguro educativo. El salario del funcionario también, pero siendo el Estado el empleador, equivale a “sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro”. El informal aporta poco a las finanzas gubernamentales, dijo el consultor laboral.
De acuerdo con Quevedo, 92% de los empleos generados en la última década (2010-2020) fue informal, y el otro 8% fue el resultado de incrementos en la planilla estatal. Y 4 de cada 5 trabajadores que han perdido sus trabajos por la pandemia tenían empleos formales con salarios inferiores a los $750 mensuales y realizaban trabajos presenciales.
La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (Arbyd), por su parte, confesó que lejos de generar ingreso alguno, continúan acumulando deudas bancarias y de alquileres, confrontando situaciones obrero-patronales complejas, y ni hablar de la inexistente demanda por las limitantes de acceso, la endeble situación financiera familiar que limita el gasto, o las restricciones de aforo. “Es la situación más delicada que la industria ha vivido, sin lugar a dudas”, expusó Arbyd.
La asociación sostuvo que seguirán proponiendo ideas que aceleren la recuperación económica del país y apelan a un gran entendimiento para que se comprendan las consecuencias de otros apagones al sistema económico panameño.
Entendiendo la emergencia sanitaria, que conlleva protocolos específicos, Quevedo aseguró que para reactivar la economía y la generación de empleo se requieren cuatro condiciones:
Eliminar las restricciones de movilidad, sino las cuarentenas y toques de queda seguirán destruyendo empleos.
Minimizar la “narrativa del miedo”. Mientras haya miedo de contagio o incertidumbre económica, se seguirá restringiendo el consumo, y por ende las perspectivas de reactivación sostenible de la generación de empleo.
Inyectar liquidez al sistema productivo, a través de financiamiento bancario e inversión extranjera directa (IED), dada la precaria situación financiera del gobierno.
Buscar “consensos” (no “culpables”) para enfrentar la peor catástrofe laboral de nuestra historia.