Inseguridad: la visión del gobierno que no comparte la ciudadanía

Sus declaraciones responden a su realidad, que es muy distinta a la de la mayoría de los panameños en los barrios y expuestos incluso en los centros comerciales, donde antes la inseguridad no había escalado hasta estos niveles.

No la tiene, por tanto no la podría calificar, diría que hacen esfuerzos aislados y descoordinados, el aumento en la inseguridad es una mala nota.

Certeza del castigo, los delincuentes tienen claro cómo burlar el sistema, falta de empleo, un mal ejemplo del gobierno y ausencia de educación para el empleo.

No lo han fijado como una política de Estado, tenemos buenos ejemplos de políticas de Estado, como es el Canal de Panamá. La seguridad debe funcionar igual; aquí cada gobierno que llega improvisa y echa a un lado lo que el anterior gobierno ha avanzado.

Certeza de castigo, agilidad en los procesos contra delincuentes, endurecer las penas, y por otro lado tiene que haber generación de empleo y fortalecer la educación en valores. No es algo de un año o dos, pero tiene que iniciarse pronto para que no perdamos el país en manos de la inseguridad.

Frente al incremento de acciones de violencia, homicidios intencionales, víctimas de la delincuencia, sicariato, robos con armas de fuego, es decir, ante un incremento de la inseguridad ciudadana, las declaraciones del ministro de Seguridad, Juan M. Pino, al igual que del director de la Policía Nacional, John Dornheim, son de negación. Declaraciones preocupantes por ser abiertamente ideológicas: “no hay inseguridad”, “no exageremos”, “son casos aislados”, “salen de su zona de confort”. Afirmaciones que expresan una visión simplificada, atrasada y totalmente superada hoy. No es difícil interpretar que dichas declaraciones sobre temas de seguridad están inscritas en una visión de la seguridad de Estado, donde se construye un enemigo interior, se enfatizan los componentes represivos de la seguridad pública y se abandonan los criterios científicos que explican la violencia y la inseguridad ciudadana en la sociedad.

La política de seguridad ciudadana, como una política integral es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social como ente rector de la política pública en temas de bienestar social, política aparentemente ausente en el gobierno y en el Estado. Una política de seguridad ciudadana debe entenderse como multifactorial o multidimensional; y en tanto integra distintos factores o dimensiones, no puede ser lineal. Si el tema de seguridad ciudadana se trata en el “perímetro”, violencia, criminalidad, drogas, será siempre un círculo vicioso, jamás virtuoso.

La explicación del conjunto de las ciencias sociales nunca es simple. Y esta complejidad es la que hace ruido de fondo cuando se establece una comunicación con tecnócratas o burócratas del Estado. Aún cuando la criminalidad y la violencia en general es extensiva al país, lo cierto es que la polarización social es un elemento que está en la base de estos fenómenos de inseguridad. Solo el área metropolitana –distritos de Panamá y San Miguelito– aloja el 47,5% de la población del país; a su vez concentra el 70% del PIB nacional. Esta polarización, que profundiza el hacinamiento, la pobreza y la desigualdad social, impacta a nivel individual, familiar, cultural, incidiendo en las conductas domésticas y sociales como: violencia familiar, feminicidio, ajuste de cuentas, rencillas delincuenciales, robos con armas de fuego, homicidios intencionales, sicariato, pandillerismo, etc.

La ausencia de un enfoque epidemiológico de la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más serios de la política pública. La ciudad de Colón es el ejemplo más chocante del fracaso de toda la política pública en las últimas décadas. Colón aporta aproximadamente el 18% de todo el PIB nacional, sin embargo, es una sociedad degradada en su tejido institucional, cultural y social. Una provincia y una ciudad producto del saqueo sistemático de diversos enclaves económicos. No hay una política científica y sostenida centrada en lo humano.

Los elementos coercitivos y represivos no pueden desestimarse en una política de seguridad ciudadana. No obstante, la condición familiar y social de los individuos, además de edad y sexo, deben permitir racionalizar los componentes de la política de seguridad ciudadana en una gestión preventiva de la política. De igual manera, los factores socioeconómicos y culturales que están en la base de las oportunidades y capacidades de inserción laboral u ocupacional son elementos estratégicos de una política integral. Que algunos de estos componentes solo son eficientes en el largo plazo, sí. Como también la violencia e inseguridad de hoy, forjadas en un contexto de desigualdad y polarización social, construidos a través de los últimos 30 años.