24 de Oct de 2021

Nacional

El reto del hacinamiento en cárceles de provincias centrales

La aglomeración en provincias centrales alcanza el 350%, lo que quiere decir que en un espacio concebido para un detenido, hay tres e incluso cuatro. El mayor porcentaje de sobrepoblación en la región está en la provincia de Herrera

El reto del hacinamiento en cárceles de provincias centrales
La resocialización es el camino a seguir por las autoridades para cambiar la vida de los detenidos y reducir la población de presos.Archivo | La Estrella de Panamá

Al hablar de población penitenciaria en el país no podemos pasar por alto el hacinamiento, ya que pareciera un mal de nunca acabar en los penales panameños. Al analizar las estadísticas, aunque se demuestran grandes avances para reducir la sobrepoblación, los números dan cuenta de que el problema se está trasladando hacia el interior de la República.

Un informe presentado al Consejo Editorial del Grupo El Siglo & La Estrella (GESE) por la ministra de Gobierno (Mingob), Janaina Tewaney, y su equipo de trabajo, confirma que en materia de población de presos su despacho ha acentuado los esfuerzos en las cárceles del interior del país, principalmente en las provincias centrales, donde el hacinamiento muestra cifras superiores al 350%. Esto quiere decir que en los penales de las provincias centrales la población penitenciaria es tres y cuatro veces mayor al número de reos que deben tener estas estructuras carcelarias.

En la región central del interior del país, el mayor porcentaje de hacinamiento carcelario lo encontramos en la provincia de Herrera, con 438% de sobrepoblación. Sin embargo, al ver el problema en cada uno de los distritos de esta región central, la alarma se activa en Aguadulce, provincia de Coclé, donde los niveles de hacinamiento están cerca de alcanzar las cifras de 500%.

Para detallar el problema tomamos como referencia las estadísticas del Sistema Penitenciario, que indican que en el centro carcelario de Aguadulce con capacidad para albergar a 40 reclusos, la población penal es de 158, lo que se traduce en un hacinamiento de 495%. Junto con la cárcel de Aguadulce hay otros cuatro penales en la provincia de Coclé que suman una población de 830, ante una capacidad carcelaria para albergar a 310 internos, demostrando una sobrepoblación de 234,2%.

En la provincia de Veraguas el panorama es parecido. Los índices de población penal son de 389% ya que es la única cárcel que tiene una de las provincias más extensas del país y que está ubicada en el distrito de Santiago.

Las estructuras de este penal tienen capacidad para albergar a 150 reclusos, sin embargo es ocupada por 584 detenidos.

Por ser Los Santos una de las provincias del país con menores hechos delictivos según estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se tendría como premisa que en materia de población penal esta sería una de las áreas que menos debiera preocupar a las autoridades de la región, sin embargo la realidad reflejada en los números estadísticos del Sistema Penitenciario dan una lectura contraria.

En Los Santos, donde hay una sola cárcel, que está ubicada en el distrito de Las Tablas, hay 252 detenidos para un penal que solo está en capacidad de recibir a 75 reclusos, según el informe aportado por la ministra a La Estrella de Panamá.

La provincia de Los Santos presenta un promedio de hechos delictivos mensuales entre 180 y 190 casos y es superada por provincias como Coclé y Veraguas cuyo número mensual de delitos está por el orden de los 300 casos, según revela las estadísticas de la PGN.

Pero estas mismas estadísticas indican que en las provincias centrales es donde existe una menor cantidad en la comisión de hechos delictivos al compararlas con otros distritos judiciales donde se encuentran otras provincias como Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí, donde los delitos que se comenten superan los 2 mil casos por mes.

Por ejemplo, las estadísticas de la PGN indican que en Chiriquí, en el mes de agosto se atendieron 814 delitos, mientras que en Panamá Oeste fueron reportados 1,118 casos. En Colón hubo 554 delitos.

La pregunta que surge es, ¿qué está ocurriendo en las provincias centrales donde hay menos delitos, pero es más compleja la resocialización de la población penal producto del alto porcentaje de hacinamiento? El problema del hacinamiento en las provincias centrales es complejo porque se trata de penales con estructuras muy pequeñas, que son compartidas con otras entidades como la Policía Nacional y las gobernaciones, indicó la ministra durante la reunión con GESE.

A ello se suma que la población penal en esta región del país va en incremento año tras año y las estructuras son las mismas. Por ejemplo, en la provincia de Coclé, en el año 2002 había 411 detenidos. 19 años más tarde, la población se ha duplicado a 830. En la misma condición se halla Veraguas, que mostraba una población penal de 254 en 2002 frente a los 584 detenidos que hoy tiene la cárcel de Santiago de Veraguas. En Herrera y Los Santos, aunque el incremento no muestra los altos porcentajes de otras provincias del país, sí existe un notable crecimiento. Por ejemplo, en Los Santos había 151 detenidos en 2002 y ahora son 252, es decir, que en 20 años hay 100 reclusos más.

Mientras que en Herrera, de los 164 detenidos que había en 2002 se incrementó a 340 reclusos.

Tewaney reconoce que la resocialización es el camino a través de programas como granjas agrícolas que a nivel nacional aumentaron en un 14%, al comparar el número de la población penal de 2019 con 2021.

La titular del Mingob espera lograr un incremento para 2022 en los presos que están participando en todos los programas de resocialización. El año pasado la participación era de 9,446 internos en comparación con los 7,859 reclusos que estaban incluidos en este beneficio durante 2019.

El sistema penitenciario desarrolla cuatro programas de resocialización. Estos son los programas que atiende todo el sistema educación desde la básica hasta la superior o universitaria, laborales que hace referencia a los trabajos dentro del penal y extramuros.

A ello se suma la atención especial, con charlas y talleres, que busca formar a reclusos como individuos productivos en la sociedad. Recientemente la ministra sustentó su presupuesto para el año 2022 por el orden de los $454,035,200.00, desglosado en $100,434,900.00 para funcionamiento y para inversión $10,206,800.00.

Con este presupuesto, además de atender los programas de resocialización, se busca cubrir el funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos, al igual que el Instituto de Estudio Interdisciplinario y Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Para especialistas de la Dirección General del Sistema Penitenciario, entrevistados previamente por 'La Decana', el incremento del hacinamiento en los penales se debe a factores directamente relacionados con la violencia a nivel mundial, de la que no escapa Panamá.

“El incremento de la población penitenciaria es consecuencia de diferentes factores, en su mayoría complejos, que hacen que desahogar las cárceles no sea una tarea fácil. Debemos considerar que Panamá se halla en el centro del continente americano, posiblemente el más violento del mundo”, indicó una fuente de la dirección.