03 de Dic de 2021

Nacional

Ministerio Público en la mira; denuncian a cinco fiscales

Se trata de una querella presentada por Lucy Molinar contra cinco fiscales, la exprocuradora Kenia Porcell y directivos del Consejo de Seguridad, que ya admitió el Ministerio Público. La denuncia recoge las amenazas descritas por Abraham Williams frente a una jueza

Ministerio Público en la mira; denuncian a cinco fiscales
Exministra de Educación Lucy Molinar, durante su llegada a la Procuraduría.Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El Ministerio Público se encuentra en una prueba de fuego. En la mañana de este lunes admitió una querella en la que se solicita investigar a cinco fiscales superiores, clave en las pesquisas efectuadas durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, a quienes se les señala de formar “parte de una red para fabricar casos en diferentes instituciones con abogados contratados para tales fines, además de medios de comunicación aliados a los que se les filtraban noticias para producir el efecto esperado que justificaba la necesidad inmediata de la investigación”, se lee en la querella.

La denuncia presentada por la exministra de Educación Lucy Molinar enumeró a los fiscales: Tania Sterling, fiscal especial Anticorrupción; Ruth Morcillo, fiscal superior contra la Delincuencia Organizada; Adecio Mojica, fiscal Anticorrupción; Zuleyka Moore, fiscal superior coordinadora de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y previamente fiscal Anticorrupción, y Nahaniel Murgas, fiscal superior de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita antes fiscal primero Anticorrupción, como parte de la trama.

A estos se añaden los nombres de Kenia Porcell, exprocuradora de la Nación; Eric Estrada, al mando del SPI; Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y Jacinto Gómez, su mano derecha dentro del CSN.

A los mencionados se les acusa de los presuntos delitos de corrupción de servidores públicos; abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos; simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales; falso testimonio y delito de falsedad ideológica.

La denuncia se fundamenta en las declaraciones vertidas por Abraham Williams, exfuncionario del Programa de Ayuda Nacional (PAN), quien fue considerado por la fiscalía como el testigo protegido 'Euro 14' en el caso conocido como 'Granos', durante la audiencia preliminar celebrada el pasado 16 de noviembre ante la jueza del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Águeda Rentería.

En dicha audiencia, que también presenció el fiscal Mojica, Williams deseaba ver la cara del resto de los fiscales mencionados para reclamarles de frente las injusticias de las que fue objeto: “La fiscal (Tania) Sterling es una mentirosa total, lástima que no esté aquí para decírselo”, exclamó Williams.

Quien fungió unos meses como testigo protegido en las compras irregulares del PAN, denunció que el CSN lo obligó a involucrar a altos funcionarios del gobierno de Martinelli a cambio de un cargo en la Embajada y de ser exonerado en las investigaciones. Todo esto con el consentimiento de los fiscales, despachos a los que acudió fuera de horas de oficina a rendir declaración, so pretexto de una estrategia de protección que después desconoció la fiscalía.

“Me dice, yo necesito que tú involucres a los nombres que te dije cuando estábamos en el carro”, señaló Williams como parte de las exigencias de Gómez. “Necesito que menciones a Ricardo Martinelli, necesito que menciones a Mario Martinelli. Le contesté que lo conocí en la política, pero no tuve contacto con él cuando estuve en el PAN”, agregó. También dijo que le solicitaron hablar de Roberto Brin, Félix Fernández, Pablo Ruiz Obregón, Gabi Btesh y de Lucy Molinar, en el caso de mochilas. “Y le dije, Lucy Molinar no quiso nunca ese programa de mochilas en el año de elecciones, se lo dije a Gómez y al fiscal Murgas”, acotó Williams.

Lo dicho por el exfuncionario del PAN refuerza, una vez más, la investigación periodística que publicó La Estrella de Panamá en octubre de 2018 bajo el título: “La mano paralela de la justicia”, en la que se expuso una desviación sin precedentes, de cómo una institución que fue creada para salvaguardar la democracia y garantizar la seguridad nacional, se convirtió en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales. Arrogándose, además, facultades que solo atañen a la Procuraduría General de la Nación (PGN), como son la presentación de testigos protegidos y negociar penas a cambio de cooperación con la justicia.

En 2014 el Ministerio de la Presidencia contrató los servicios del abogado Rogelio Saltarín, fallecido, para redactar las querellas sobre supuestos casos de corrupción en distintas instituciones del Estado durante la gestión Martinelli.

Entre lo narrado por Williams –que la fiscalía nunca objetó durante la audiencia– y el informe de gestión entregado por Saltarín a dicho ministerio, hay varias coincidencias. La primera, según lo narrado por Williams, ocurrió el 14 de noviembre de 2014. Una reunión en la Presidencia de la República a la que fue trasladado en un auto en el que viajaba Jacinto Gömez. En dicha junta, de acuerdo con el audio de la audiencia al que tuvo acceso este medio, Williams dijo que estaban presentes Eric Estrada, jefe del SPI en ese momento, Jacinto Gómez, Rolando López, secretario del CSN, Rogelio Saltarín y para “mi sorpresa la que fue procuradora de la Nación, Kenia Porcell”.

El encuentro fue descrito por Saltarín en el informe de gestión como parte de las tareas realizadas en el mes de noviembre de 2014 de la siguiente forma: “Consejo de Seguridad para presentar testigos protegidos en el caso de PAN (RG), DGI y PAN (GT)”.

Saltarín resumió en dos renglones lo ocurrido. Pero Williams fue mucho más extenso y detalló lo que había esperado por años: “Me proponen que si yo coopero me va a ir bien y me iban a dar un puesto en la Embajada de Washington, además que no me investigarían”. Añadió que el sábado 15 de noviembre entre 9:00 y 10:00 de la noche fue llevado a la fiscalía y atendido por el fiscal Nahaniel Murgas y la fiscal Anticorrupción Lissette Chavarría donde Adecio Mojica le tomó declaración. El fiscal decide, “después de hacerme preguntas y de haber aportado información, que esto se tomara como una llamada telefónica anónima y le ponen fecha del viernes 14 de noviembre, cuando en realidad era un sábado 15 de noviembre a las 9:00 o 10:00 de la noche”, relató.

Y así fue. El caso inició de oficio en la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2014 a raíz de la denuncia de un testigo protegido.

El informe entregado por Saltarín refleja que en julio de 2015 hubo una segunda reunión “con el CSN para coordinar la presentación de testigos protegidos en el caso del PAN, DGI”. No obstante, Williams no mencionó esta cita a la jueza durante la audiencia preliminar.

Lo que sí dejó claro Williams fue que en ese mismo mes de 2015, al volver al país después de un viaje, sufrió un atentado en el puente Albrook con Clayton, sin achacar responsables. “Un motorizado con un pasajero atrás me balea mi carro, iba con mi chofer”, describió.

Como parte de su negativa a “colaborar” con los nombres que la fiscalía quería escuchar, “empezaron a tomar otra declaración de un testigo protegido para imputarme cargos”, añadió Williams. “Si se da cuenta, en los casos aparezco en las últimas fojas; esperaron ese momento para iniciar ese ataque. A finales de agosto de 2015 me veo obligado a salir de Estados Unidos vía terrestre hacia México, porque la fiscalía emitió una alerta roja en mi contra. Pasé de ser testigo protegido a perseguido por la fiscalía”, denunció el exfuncionario del PAN.

Williams dijo que al volver al país, para enfrentar los casos en su contra, su padre recibió “una llamada de gente de la fiscalía en la que le decían que tenía que cambiar a mi abogado Rosendo Rivera y bajarme del bus. Yo procedí a cambiar mi abogado a David Cuevas. Bajarse del bus no había cómo”, señaló.

Mediante dicha denuncia, Molinar desea dejar por sentado un precedente para que no se vuelva a usar la justicia para satisfacer el apetito del poder.

“No hubiese dado el paso si no tuviera suficientes elementos para certificar que hubo dolo, mala intención”, dijo la exministra, quien también fue procesada en el caso hace siete años. “Cuando ves que en los expedientes, al menos en mi contra, se pone como querellante una persona que tiene como domicilio el Consejo de Seguridad, y que resulta que un señor del CS le decía al testigo protegido que dijera el nombre de Lucy porque la necesitamos denunciar, se debe investigar”, añadió.

Molinar solicitó que se tomen medidas urgentes. La primera, protección para Williams, prueba fundamental de la denuncia. La segunda, que se asegure el libro de testigos que debe reposar en la Fiscalía Anticorrupción situada en el edificio Avesa donde firmó Williams como testigo protegido. También que se tome entrevista sobre lo dicho y la declaración a Williams; que se certifique la constitución de querellante de David Hidalgo Padilla, domiciliado en el CSN y se tomen las medidas pertinentes. Por último, pidió que se verifiquen las diligencias que se intentaron hacer en el PAN después del 14 de enero de 2015 y los informes que certifican que los documentos no estaban allí, sino que se encontraban en el CS.

Gestión de la firma

En 18 meses el abogado de la firma Saltarín, Arias y Asociados efectuó 153 reuniones con 29 instituciones del Estado como parte del trabajo de asesoría penal que prestó para el Ministerio de la Presidencia. Entre julio de 2014 y diciembre de 2015 recibió $385,200 por sus servicios profesionales.

La entidad con la que más veces se reunió fue con el CSN. Hay registros de 25 encuentros. El propósito podría consistir en recabar información sensitiva o material probatorio que pudiera traducirse en querellas penales ante la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los contratos estipulan que el Ministerio de la Presidencia se obliga a brindar al consultor las facilidades de apoyo que este requería para la ejecución de la consultoría, incluyendo un espacio físico en las instalaciones de la Presidencia. El contrato se adjudicó de forma directa por un monto de $385,200.

Coaccionados

Williams no fue el único que denunció amenazas. La abogada Julissa Stanziola dijo haber recibido una llamada el viernes 5 de diciembre de 2014 “en la que se me preguntaba sobre temas de Rafael Guardia sobre lo que había salido en los medios, bienes y dinero. En ese momento dije a la persona que me llamó que no tenía conocimiento de eso y que podía demostrar que así era. La respuesta fue: sí, es cierto, tú no has hecho nada y lo podrás demostrar, pero antes de eso te van a exhibir y te van a llevar”.

Indicó que la citaron para el día siguiente a las 10:00 a.m. y le dijeron quiénes eran las personas con las que tenía que hablar “indicándome qué era lo que querían escuchar”. Ella se negó y terminó imputada en el expediente, denunció.