Contratación en Contraloría se realizó con apego a la ley, concluye el Procurador de la Administración

La Procuraduría de la Administración, dirigida por Rigoberto González, concluyó la investigación preliminar iniciada en contra de la Contraloría General de la República, relacionada con la contratación de la empresa Venqis, mediante Resolución N° PA/DS-329-2021 del 17 de diciembre de 2021.

En este sentido, cabe señalar que la decisión de la Procuraduría de la Administración se basó en analizar las explicaciones brindadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, como la entidad rectora de la contratación, y determinar que el procedimiento realizado por la Contraloría General se encuentra en fiel cumplimiento de todos los aspectos legales, técnicos y financieros.

En la tramitación de este caso, la Contraloría presentó un amparo de garantías constitucionales, cuestionando la falta de competencia del procurador de la Administración para investigar al contralor general. Dicho amparo fue resuelto por el pleno de la Corte a través de la sentencia del 12 de julio de 2021, expresando que el literal “b” del numeral 2, del artículo 86 del Código Judicial, que otorgaba competencia privativa a la Corte para conocer de procesos por faltas en las que haya incurrido el contralor general, se encontraba derogado, por lo cual la Contraloría debía rendir el informe solicitado por el procurador de la Administración.

En atención a lo antes dicho, la Contraloría rindió un informe pormenorizado de su acción administrativa, dejando claro que se oponía a un asunto de forma, de procedimiento, ya que en cuanto al fondo no tenía ninguna objeción en rendir cuenta ante quien correspondiera, que en opinión de la Contraloría era la Corte Suprema de Justicia. Habiendo cumplido con la voluntad de la Corte, la Contraloría respondió la petición de información, encontrándose correcta su actuación administrativa y dando por concluida la investigación.

Al haberse desestimado la denuncia, se evidenció que la Contraloría General cumplió con su función constitucional y legal, al velar por el buen uso de los bienes y fondos públicos, y que la contratación se realizó con la transparencia y legalidad debidas.

Es importante precisar que la Ley 258 del 26 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial 29424-C del viernes 26 de noviembre, restablece la vigencia del literal “b”, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, que dispone que es función privativa del pleno de la Corte atender las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, el procurador general de la Nación, el procurador de la Administración, los miembros de la Asamblea Nacional, el contralor general de la República y los magistrados del Tribunal Electoral, de modo que en la actualidad, no podría el procurador de la Administración iniciar una investigación en contra del contralor general, sin que así haya sido dispuesto por el pleno de la Corte Suprema de Justicia..