¡La próxima cumbre: izquierdas, derechas y centros!

Las elecciones ganadas en México por López Obrador, en Perú por Pedro Castillo, en Honduras por Xiomara Castro, y más recientemente en Chile, por Gabriel Boric, han levantado natural revuelo y reavivado especulaciones de alineamientos ideológicos y sobre el rumbo y las acciones que tomarán esos países, cuyos nuevos gobernantes se reputan como “de izquierda”. Y también que se hagan ensayos para agrupar por bloques a todos los países del continente y se ubiquen los consecuentes liderazgos.

En la última reunión de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la Celac, hospedada por México, el presidente López Obrador, flanqueado por los representantes de Cuba y Venezuela, lanzó la idea de crear una nueva entidad continental que sustituya a la Organización de los Estados Americanos y de la que estarían excluidos Estados Unidos y Canadá. En su momento hubo pocas precisiones o avances para perfilarla con mayor detalle, pero la idea fue echada a rodar.

La OEA, creada en Bogotá en 1948 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, nacido el año anterior, 1947, en Río de Janeiro, fueron promovidos por Estados Unidos. Si se trata de buscarles antecedentes, aparte de los inmediatos vinculados con los resultados de la Segunda Guerra Mundial y del surgimiento de la Guerra Fría, estos pueden remontarse a la proclamación de la “Doctrina Monroe”, por el presidente James Monroe, en diciembre de 1823. Esta doctrina, en esencia, acotó al continente como área reservada a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos y lo declaró como zona vedada a intereses extracontinentales, entiéndase principalmente europeos.

El TIAR, que oficializó el compromiso de los Estados americanos de defenderse conjuntamente contra cualquier amenaza o acción de fuerza, de procedencia extracontinental, que todavía sigue vigente, es una alianza militar. La OEA, según su carta constitutiva está consagrada a preservar la vigencia de los derechos humanos, las libertades civiles y políticas, y la democracia representativa.

Apenas transcurridos menos de dos años desde la terminación del conflicto bélico, el presidente Truman expuso en un discurso ante el Congreso, el 12 de marzo de 1947, la doctrina que se conoce con su nombre y que, en esencia, declara como prioridad de la política exterior de Estados Unidos “apoyar a los pueblos libres contra las tentativas de subversión internas y externas”.

La década de 1950 del pasado siglo, so pretexto de evitar la propagación del comunismo, fue testigo de la instauración de regímenes dictatoriales en un significativo número de naciones del continente: los Somoza, Batista, Pérez Jiménez, Trujillo, Castillo Armas, Rojas Pinilla, Stroessner, y otros más, campearon a sus anchas, ante la indiferencia y, en muchos casos, la complacencia de Estados Unidos.

El triunfo de la revolución cubana en 1959 y las manifestaciones de simpatía y hasta de intentos de repetición en varios países latinoamericanos provocaron la reacción que se materializó en la convocatoria, en 1962, en Punta del Este, Uruguay, de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, en función de Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en la que se aprobó la resolución que declaró “La exclusión del actual gobierno de Cuba”, por considerarlo “incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano”. Cuba seguía siendo sumada como Estado miembro; pero inhabilitada de participar en los órganos del sistema. La suspensión fue levantada en 1969, pero su gobierno nunca ha acreditado representantes ni participado en ninguno de los órganos de la OEA.

Venezuela y Nicaragua, cuyos regímenes han mantenido una permanente confrontación con las iniciativas de la OEA, especialmente las encaminadas a observar el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto de las reglas democráticas, han tomado la decisión de desvincularse como Estados miembros, mediante las correspondientes denuncias de su tratado constitutivo.

El panorama actual es que, por un lado, existen, aunque todavía sin una definición concreta aspiraciones como la impulsada por México, secundada por Cuba y Venezuela, y previsiblemente Nicaragua, de sustituir a la OEA con otra organización y, por el otro, el interés presumible de la mayoría de sus miembros de preservarla y, también, incertidumbre sobre la posición que podrían asumir los nuevos “gobiernos de izquierda”: Perú, Honduras y Chile, o la que podría asumir, por ejemplo, Bolivia, a cuyo gobierno también se le ubica en ese grupo.

Es en este escenario que surge el anuncio hecho por el presidente Joe Biden de convocar, para que se reúna en el próximo mes de junio, la que vendría a ser la IX Cumbre de las Américas. La primera de ellas se celebró en Miami, promovida por el gobierno de Bill Clinton. Su objeto era impulsar el “Área de libre comercio de las Américas”, supuesta a funcionar a partir del año 2005, pero que nunca prosperó. Las cumbres, de las 9 hasta ahora celebradas, 8 ordinarias y 1 extraordinaria intercalada entre la tercera y la cuarta, siguieron reuniéndose con intervalos de 3 o 4 años.

De extraordinaria proyección pueden considerarse la III de Quebec, del 20 al 22 de abril de 2001, que dio el impulso final a la “Carta Democrática Interamericana”, aprobada en Lima, en septiembre de 2001, en desafortunada coincidencia con la tragedia de las “torres gemelas” y de la que tuvo que ausentarse precipitadamente el secretario de Estado, Colin Powell, para regresar de urgencia a Estados Unidos; y la VII, de la que fue huésped Panamá, del 9 al 11 de abril de 2015, y en la que participó Cuba, representada por Raúl Castro.

La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado y de Gobierno del continente americano; pero no es una reunión y tampoco un órgano de la OEA. En un momento a la OEA se le asignó el seguimiento del “proceso de las cumbres” y a esos efectos dentro de la estructura de la Secretaría General fue creada una oficina a la que se encomendó esa tarea.

La iniciativa del presidente Biden podría ser una gran oportunidad para que se haga un examen y evaluación del estado actual de las relaciones interamericanas, acorde con la nueva correlación de fuerzas e intereses políticos del presente. Que de ella surjan acuerdos fundamentales o acciones concretas para el entendimiento inmediato entre países que han optado, por mandato de sus electores, que no es el caso de Cuba ni Venezuela cuyos gobiernos no pueden alegar legitimidad democrática, no es una expectativa razonable. El presidente Biden, con sentido realista no ha puesto metas de ese alcance; pero sí está abriendo una avenida para fomentar la convivencia política civilizada entre regímenes democráticamente elegidos, sean estos de izquierda, de derecha o de centro.

Panamá, a la que el Libertador le señalara la misión de ser sede anfictiónica, que se materializara con la convocatoria del Congreso de 1826, de tiempo en tiempo, y con éxito, ha cumplido ese cometido. La concreción exitosa de la propuesta del presidente Biden es una buena oportunidad para que volvamos a dar vigencia a esa misión, con una participación activa en sus etapas preparatorias. Oportuno y conveniente sería, por tanto, que desde ahora empeñáramos esfuerzos para buscar acercamientos y tratar de promover contemporizaciones que contribuyan a cimentar los denominadores comunes que nos alejen de las confrontaciones que apuntan previsibles, pero que pueden y deben evitarse. Que la décima Cumbre de las Américas sea un éxito dependerá de todos sus eventuales participantes, pero esencialmente de países como el nuestro y de nuestra capacidad mediadora.