Diputados españoles entregan información a Panamá de presunto desfalco de la Aecid

La diputada del partido español Vox Macarena Olona entregó a las autoridades de Panamá la documentación que acreditaría un presunto desfalco de $5 millones cometido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Panamá.

Según los documentos, los hechos habrían ocurrido en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Panamá, que se encarga de “las funciones de identificación y seguimiento de los proyectos-programas de cooperación para el desarrollo financiados por la Aecid, así como de aquellas tareas de apoyo y coordinación de todos los actores de la Cooperación Española”.

Vox identifica al panameño Omar Antonio Guevara Barrios, administrador contable de la OTC entre marzo de 1992 y febrero de 2020, como el principal responsable. “Cómo es posible que en 15 años no haya saltado ningún control sobre la extracción de los fondos públicos”, se preguntó Olona, quien conversó con La Estrella de Panamá.

Actualmente Guevara Barrios es uno de los 100 panameños más buscados por las autoridades mediante Oficio #0502 del 02/04/2020 y es solicitado con una orden de aprehensión y conducción, emitida por la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá, referente al posible delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto con abuso de confianza.

Guevara Barrios, según informes sobre la tesorería de oficina Aecid, habría consistido en “la falsificación de la firma de sucesivos coordinadores en innumerables talones con cargo a las diferentes cuentas afectadas”, así como en los estadillos bancarios de las cuentas.

“El informe parece tener una apariencia limitada”, reclama la diputada del colectivo político de extrema derecha, quien se reunió en Panamá con el procurador de la Nación y el contralor de la República.

Detalla el escrito replicado por la agencia de noticias Europa Press que, de la caja en efectivo, se habrían retirado 1.720,94 euros; mientras que las cuentas afectadas serían una de funcionamiento ordinario de la OTC, de donde habrían salido 135.522,87 euros; otra para ingresar fondos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aacid), de donde se habrían sacado 1.311.317,13 euros; y una tercera relacionada con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (Fcas), de donde se habrían extraído 3.587.284,44 euros, lo que arroja un total 5.035.845,38 euros.

El 28 de octubre de 2011 el Consejo de Ministros de España aprobó el denominado “Programa de agua potable y saneamiento en área rural e indígenas de Panamá con énfasis en gestión local” PAN-009-B, al que Fcas debía aportar el 50%, esto es 5.1 millones de euros ($6.8 millones) y el otro 50% el Ministerio de Salud de Panamá, que a través de la Dirección de Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario es además la entidad ejecutora del programa.

La denuncia refleja que las alarmas saltaron “en los días sucesivos a la ausencia del señor Guevara Barrios, el 17 de febrero de 2020”, cuando la Dirección del Subsector del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) reclamó una transferencia de más de un millón de dólares estadounidenses, que ya había sido aprobada y tramitada, pero no realizada, y que obedecía al Programa del Agua Potable y Saneamiento en Área Rural e Indígenas de Panamá.

Entonces, el coordinador de la OTC, Cano Corcuera, preguntó al banco por qué se había retrasado esta transferencia y le contestaron que “el saldo de la cuenta no llegaba a los $2.000”.

Fue en ese momento cuando comenzaron las pesquisas internas. Se puso en conocimiento de la embajada y la Agregaduría de Interior y ese mismo mes se presentó ante la fiscalía panameña una denuncia por presunta malversación contra el administrador. Todo ello provocó que agentes de la Inspección General de servicios del Ministerio de Exteriores viajaran a Panamá entre el 10 y el 12 de marzo de 2020 para indagar lo ocurrido, parte de cuyo trabajo se recoge en el citado informe.

En los documentos entregados a la fiscalía de Panamá se establece que a la fiscalía panameña le compete ocuparse de la vertiente penal de las actividades de Guevara, por la utilización de las cuentas corrientes de titularidad pública como posible cauce para el blanqueo de fondos de origen desconocido.

En declaraciones dadas por Vox a la agencia Europa Press, estos explican que Guevara Barrios fue el administrador de la OTC panameña durante el periodo que se habría sustraído el dinero, se le señala como presunto culpable de un delito de malversación.

No obstante, recalca la diputada, que “la responsabilidad patrimonial de los gestores de fondos públicos alcanza a todas las personas que tengan encomendados el manejo y la custodia de estos”.

Y en este sentido apunta que la coordinadora de la OCT de Panamá entre 2009 y 2017, Rosa Beltrán, debería responder por los 3.187.078,55 euros que habrían salido irregularmente de esas cuentas durante su mandato, y su sucesor Carlos Cano Corcuera, por los 1.848.766,83 euros restantes.