Panamá indemnizará con $11 millones a familiares de las víctimas de la dictadura militar

El contralor general de la República, Gerardo Solís, refrendó el pago de una indemnización contenida en el caso 13.017-C de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a familiares de las víctimas de la dictadura militar de octubre 1968 a diciembre 1989, asociados en el Comité de Familiares de Asesinados y Desparecidos de Chiriquí (Cofadechi).

El monto total a pagar es de $11,024,410.83, los que se harán efectivos en tres cuotas de $3,674,803.61 cada una, conforme lo estableció el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el 18 de junio de 2021.

El Órgano Ejecutivo se comprometió y autorizó como parte de la deuda nacional, a la indemnización de 15 víctimas descritas en el punto tres del Acuerdo de Solución del caso 13.017-C, admitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reconociendo la responsabilidad sobre los hechos ocurridos a las víctimas.

La investigación a la violación de los derechos humanos ocurrida desde hace más de 50 años, fue realizada a solicitud de Cofadechi, con el fin de buscar la verdad y lograr justicia que permita aprender de la historia y asegurar que no se repitan los errores del pasado.

Según informó la Contraloría, este pago refrendado ha sido posible gracias al apoyo presupuestario del Gobierno Nacional, y se concretó por gestiones realizadas por las Embajadas de la República Federal de Alemania y Gran Bretaña, así como de los ciudadanos Alberto Almanza, Alina Torrero, Mónica Gadpaille, Salvador Sánchez, Carlos Lee, Celestino Araúz, Roberto González, Roberto Arosemena, Marcelo Araúz y en especial el abogado Ramón Fonseca Mora y muy especialmente la Iglesia Católica.

Este pago de indemnización fue decretado por el Órgano Ejecutivo, conforme a los criterios desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la indemnización de víctimas apresadas, maltratadas, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas.

El mismo se calculó mediante análisis actuariales que han tomado en consideración el nivel socio económico, la edad, expectativa de vida, educación, ingreso promedio proyectado y finalmente la tasa de inflación calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República (INEC) medida por el Índice de Precios al Consumidor.