La Cámara de Comercio contra la Solidaridad

En un reciente documento, en el que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) establece su posición sobre el sistema de pensiones, la misma muestra su pleno acuerdo con la conocida propuesta del sector empresarial, la cual apunta hacia la migración completa hacia un sistema de cuentas individuales. Se trata, a nuestro juicio, de un documento carente de objetividad, que en realidad expresa los intereses gremiales de esta organización.

En primer lugar, se califica al sistema de cuentas individuales como uno capaz de “prevenir la pobreza en la vejez”, elemento que no es compatible con la experiencia internacional. En efecto, para dar un ejemplo muy claro de la falacia de esta afirmación se puede señalar que, en el caso de Chile, de acuerdo con el Informe Final de la llamada Comisión Bravo, que fue nombrada por la expresidenta Bachelet para estudiar el sistema de cuentas individuales de ese país, llegó a la conclusión de que: “un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrán tasas de remplazo iguales o inferiores al 15% del ingreso promedio de los 10 últimos años” (p. 91).

En otros países con cuentas individuales la situación también es precaria. En un artículo que publica bajo el título “Privatización de las Pensiones en América Latina” (Nueva Sociedad, No 291, 2021), Mesa Lago llama la atención sobre las siguientes tasas de remplazo en países con sistemas de cuentas individuales: 26% en México; 27% en República Dominicana; 39% en Perú. En el caso de Panamá un estudio realizado por el FMI en el 2005 establece que quienes se jubilen en el subsistema mixto, en el que se encuentran las cuentas individuales, tendrán a partir del 2050 una tasa de remplazo inferior al 25%.

El documento de la CCIAP tampoco aclara que en el caso de las cuentas individuales los riesgos son absolutamente individuales, lo que significa que los mismos recaen exclusivamente sobre los asegurados cotizantes. Entre estos se encuentra el riesgo financiero, que debido a modificaciones en el valor de los activos en que se encuentran invertidos los fondos de pensión, así como a las bajas tasas de interés, pueden llevar a una pérdida del capital de los asegurados cotizantes y, por tanto, se sus pensiones.

Isabel Ortiz y sus coautores, en su libro La Reversión de la Privatización de Pensiones (OIT. 2019), afirman que: “En Perú, durante la crisis financiera mundial 2008-2009, los activos de los fondos de pensiones se redujeron en un 50% o más, debido a que los administradores de cartera de las AFP habían invertido en instrumentos de alto riesgo, incluso superiores a los asumidos por los participantes en la bolsa peruana.”

No hay que ir lejos para llamar la atención sobre este riesgo. En Panamá el fallido sistema del SIACAP, que es un sistema de cuentas individuales puras, ha mostrado en los últimos meses una tasa de rendimiento negativa para los cotizantes. Un hecho poco divulgado en Panamá es que la tasa efectiva de rendimiento del Fondo General del SIACAP ha sido negativa en los último doce meses con un valor equivalente al 2.93%. En el último mes reportado a los cuentahabientes la tasa negativa de rendimiento alcanzó a 13.37%. Esto significó, también tomando en cuenta, que estos debieron seguir pagando la comisión por administración, que el valor del fondo de los mismos se redujo.

Obviamente la CCIAP no aclara que la propuesta del sector privado implica el manejo privado de las cuentas individuales. Esto se podría dar, según algunos voceros de la cúpula empresarial, por la vía indirecta con un modelo parecido al SIACAP, en que tras la apariencia de un organismo público la función registradora - pagadora, así como la mayor parte de la capitalización, la realizan organismos financieros privados. También, de acuerdo con los voceros más radicales de la cúpula empresarial, se podría dar directamente.

De hecho, el manejo de fondos de pensión es un negocio altamente lucrativo. Citando nuevamente a Mesa Lago se puede señalar que las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), junto a las empresas de seguro vinculados a estas, se apropian de una parte sustancial de las aportaciones de los trabajadores cotizantes. En el caso de Chile este porcentaje sería del 28%, mientras que en Perú alcanzaría al 30.0%.

En el caso de los EE. UU. el costo de administración de los fondos privados de pensiones también es sumamente elevado. De acuerdo con Nicholas Barr: “El Consejo Asesor de Seguridad Social de los Estados Unidos estima que, en el marco de supuestos plausibles, los costos administrativos adicionales de un sistema descentralizado absorben alrededor de 20 por ciento del valor de acumulación de una carrera de 40 años” (Reforma de las pensiones: mitos verdades y opciones políticas, Revista Internacional de Seguridad Social, Vol. 55, No. 2, abril – junio, 2002, OIT, Ginebra, p. 19).

Esto se debe a que, a diferencia de lo que planean los promotores del modelo de las cuentas individuales, la realidad muestra que no existe una amplia competencia entre las AFP, sino que existe una muy elevada concentración del mercado. De acuerdo con Mesa Lago entre el 2018 y el 2019 las dos AFP más grandes en Uruguay controlaron el 74.0% por ciento del mercado, en el caso de Colombia este porcentaje alcanzó a 80.5% del mercado, mientras que en El Salvador llegó a 100% (solo dos empresas que son transnacionales).

Esto muestra que los planteamientos de la cúpula empresarial, entre los que se destacan los de la CCIAP, deben ser vistos con cuidado, teniendo en cuenta que objetivamente las cuentas individuales representan un lucrativo negocio para el capital financiero.

Un argumento de la CCIAP es que volver al modelo solidario generalizado implicaría una expropiación a los afiliados al subsistema mixto, donde predominan las cuentas individuales, una violación del derecho a la propiedad privada. Si esto fuera cierto se tendría que aceptar que existió una dura expropiación con la aprobación de la Ley 51, ideada en gran medida por la cúpula empresarial, la cual al decretar la muerte del sistema solidario dejó sin financiamiento la pensión de una enorme cantidad de cotizantes. Olvida, además, que el Artículo 4 del Código Civil señala que “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”.

Finalmente, no es cierto que los sectores sociales solo estén proponiendo volver al sistema solidario. De hecho, junto esto, tal como también lo hace el documento aprobado por los órganos de gobierno de la Universidad de Panamá titulado “Seguridad Social y Sistema de Pensiones en Panamá: Crisis y Alternativas”, se proponen toda una batería de medidas que buscan asegurar la viabilidad financiera de dicha propuesta. Entre éstas se encuentran las relacionadas con eliminar la evasión que el sector empresarial hace de las cuotas de la seguridad social, así como de los impuestos.

La CCIAP debe recordar que en ciencias sociales “analizar científica y técnicamente” cualquier propuesta de política pública, implica tener en cuenta las intenciones de los proponentes. Los de este organismo, a nuestro juicio, están claras: los beneficios que le reportarían el manejo privado de las cuentas individuales.

El autor es economista y Profesor Emérito de la Universidad de Panamá