Se suspenden las conversaciones entre la minera y el Gobierno

Cuando la mesa parecía estar servida para alcanzar un acuerdo entre la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, un plato se quebró.

Las diferencias entre Minera Panamá y el Gobierno Nacional estuvieron a punto de llegar a un feliz término, es decir, de alcanzar un acuerdo que permitiera la continuidad de las operaciones de la compañía. Ambas partes, optimistas de alcanzar el anhelado acuerdo, se habían dado cita en la sede del Ministerio de Comercio (Mici), que dirige Federico Alfaro Boyd, quien ha encabezado las conversaciones por el Ejecutivo. Lo único que faltaba por acordar era un punto, que estaba relacionado con la depreciación de los recursos minerales.

La reunión, sin embargo, se suspendió cuando llegaron manifestantes, aparentemente promovidos por la minera, buscando ejercer presión para alcanzar el acuerdo y para que se atendieran sus reclamos laborales.

Para evitar fricciones entre los representantes de ambas partes se suspendió la discusión de los aspectos legales de la operación minera, hasta tanto exista el clima adecuado para hacerlo.

En diciembre de 2021, quedó en firme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 21 de diciembre de 2017, que establecía la inconstitucionalidad del contrato ley 9 del 25 de febrero de 1997.

En septiembre de 2021, el Gobierno de Panamá y la minera comenzaron a acercarse para lograr un nuevo contrato de concesión ese año. En enero de 2022 anunciaron un nuevo contrato de concesión. En enero de 2022 dieron a conocer un acuerdo que obligaba a la minera a garantizar un pago mínimo anual de regalías por $375 millones, mejorar las condiciones de los trabajadores, proveer mayores protecciones para el medio ambiente y salvaguardar el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales.

Sin embargo, el acuerdo no se materializó con una firma, lo cual llevó al Órgano Ejecutivo a ordenar la suspensión de las operaciones de la mina en diciembre pasado (2022).

Los trabajadores exigen que la empresa pague todas las prestaciones laborales en caso de que se retire del país. Y argumentan que en su caso no aplica la suspensión de los contratos. Esto considerando que la empresa presentó una solicitud de suspensión de 4.051 empleos de la minera, que explota el yacimiento Cobre Panamá, en la provincia de Colón.

Pero el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) lo rechazó. La minera aplicó la figura argumentando “caso fortuito o fuerza mayor” por la suspensión de actividades del puerto Punto Rincón, en donde se embarca el material para su exportación, porque la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) exigió los certificados de calibración de las balanzas del cobre por una empresa certificada

El jueves 23 de febrero, la empresa minera suspendió las operaciones del procesamiento de material, alegando que no tenía capacidad de almacenaje del material extraído porque no se había abierto el puerto.