Gobierno gana pulseo en la negociación del nuevo contrato con Minera Panamá

El Gobierno de Panamá y Minera Panamá acordaron este miércoles el texto final del contrato de concesión que regirá las operaciones a largo plazo de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El acuerdo se logró tras casi un año y medio: 15 meses de negociación y dos meses del proceso de redacción del nuevo contrato que reemplaza el de 1977, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

“Lo más importante es que este contrato es beneficioso para Panamá y los panameños, al tiempo que crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones bajo un entorno de inversión justo y equitativo”, expresó el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, quien dirigió las negociaciones.

La duración del nuevo contrato es por 20 años prorrogable por el mismo periodo, informó el gobierno en un comunicado emitido en conjunto con First Quantum Minerals Ltd, casa matriz de Minera Panamá.

Con este nuevo acuerdo se esperan alcanzar unos ingresos mínimos para el Estado por $375 millones en cada año de vigencia del contrato, es decir, diez veces más de lo que recibía el Estado bajo el contrato ley de 1997, tal y como anunció el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en enero de 2022.

“Después de un largo y arduo proceso de conversaciones, el contrato de concesión propuesto delinea las bases para el futuro de Cobre Panamá. Esperamos una larga y constructiva asociación con Panamá en los años por venir”, comentó el CEO de First Quantum, Tristan Pascall. citado en el comunicado

Entre los aspectos más destacados del contrato están: mayores protecciones laborales y medioambientales, disposiciones anticorrupción, amplias obligaciones de transparencia y de proveer información por parte de Minera Panamá; obligaciones para Minera Panamá de hacer transición hacia fuentes de energía más limpias; amplios poderes de supervisión para el Estado; y el derecho del Estado a adoptar medidas contra la evasión fiscal, reconocidas internacionalmente.

“El contrato garantiza un reparto equitativo de regalías e impuestos por los recursos naturales de Panamá en línea con otros países de la región”, señala el comunicado,

El contrato de concesión será sometido al Consejo de Gabinete, luego deber ser refrendado por la Contraloría General de la República y presentado en la Asamblea Nacional para su aprobación, y por último debe ser sancionado por el Ejecutivo.

El 1 de septiembre de 2021, el presidente Laurentino Cortizo designó un equipo de alto nivel para negociar con la empresa Minera Panamá, S.A. un contrato enteramente nuevo.

Casi cuatro meses después, el 18 de enero de 2022, Cortizo anunció la conclusión del acuerdo previo con la empresa minera. De ahí en adelante se continuaron las conversaciones exclusivamente para la redacción y la firma del contrato, respetando las condiciones ya pactadas .

Pero fue en el proceso de redacción cuando surgieron todos los problemas. La minera asumió una posición en la cual exigía beneficios fiscales y contradecía lo que el presidente había anunciado.

Se conoció que el proceso de discusión del texto del nuevo contrato se desarrolló “lentamente” y “poco a poco, tema por tema”.

En el contrato original (de 1997), el Código de Recursos Minerales tenía como regalía el 2%, luego fue modificado y aumentó a 5%, pero el contrato de ese momento se quedó con regalías del 2%. El monto de las regalías fue uno de los temas álgidos en las negociaciones.

Otro de los temas importantes discutidos fue el resto de las condiciones fiscales y económicas del contrato, entre los cuales están los impuestos que debía o no debía pagar la minera, que de acuerdo con el contrato original había estado exonerada de una serie de obligaciones tributarias.

Todo esto se fue discutiendo en cada reunión, en una lucha titánica entre la posición de la minera y la del gobierno. La minera consideraba que ella debía tener derecho a las mismas prerrogativas que le había dado el contrato de 1997, y el gobierno consideraba que esas prerrogativas en temas de exoneraciones tributarias o fiscales no se justificaban.

En vista de que el contrato había sido declarado inconstitucional, todo el proceso marchó a la luz de tratar de equiparar el nuevo contrato a las condiciones que mantiene la industria en la región, específicamente en países como Perú, Chile y Colombia.

Otra de las diferencias entre los negociadores es que el gobierno era de la tesis que la empresa operaba sin contrato como consecuencia del fallo de la Corte, mientras que la minera alegaba que sus operaciones estaban amparadas en un contrato administrativo.

A finales de 2022, First Quantum y Minera Panamá notificaron a Panamá su intención de someter a arbitraje de inversión, reclamos bajo el tratado de libre comercio (TLC) entre Canadá y Panamá. Se trató de un arbitraje comercial contra Panamá bajo el contrato de 1997 y un arbitraje de inversión bajo el TLC.

El Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Panamá mantienen además un acuerdo para la promoción y la protección de las inversiones.

El pasado 23 de febrero la empresa minera paralizó las operaciones de procesamiento de mineral y las operaciones de carga en puerto , tras la exigencia del Gobierno panameño del cumplimiento de aspectos técnicos establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El abogado Guillermo Cochez reaccionó ante el anuncio del gobierno y de la minera de haber logrado un acuerdo del texto final del nuevo contrato de concesión.

Indicó que lo anunciado entre el gobierno y Minera Panamá requiere de una consulta pública, cuyos términos no se han anunciado. “Eso demorará la puesta en práctica de nuevas condiciones contractuales”, expresó.

Cochez consideró que este anuncio de terminación de las conversaciones y firma de arreglo “no” contiene algunas cuestiones básicas que han sido ignoradas.

El abogado enumeró que, por ejemplo, “se hace caso omiso del mandato constitucional que prohíbe que empresas estatales de otros Estados tengan acceso a la propiedad o explotación de territorios del Estado. Es público que China, Corea del sur y Singapur tienen un porcentaje importante de la dueña de la mina First Quantum Minerals”.

Por otro lado, “no se incluye por ninguna parte el terrero de 7.500 hectáreas que Minera Panamá solicitó para su expansión y le fue negado por Anati (Autoridad Nacional de Administración de Tierras), pero Minera Panamá lo utiliza para su tina de relave sin pagar un centavo, hecho denunciado por mí en diciembre de 2021 e ignorado hasta la fecha por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)”.

Otro aspecto que mencionó es que “no se considera pago alguno adicional por el tiempo transcurrido desde que el presidente Cortizo anunció que habían llegado a un acuerdo, enero de 2022, hasta la fecha. El proceso de consulta ciudadana que todos esperamos, no sea como el que MiAmbiente (Ministerio de Ambiente) le ha aprobado a los proyectos del alcalde Fábrega, que arrojará muchas más preguntas sobre este contrato”.

El economista Felipe Chapman recordó que a mediados de enero pasado, la empresa especialista en investigación y análisis económico, Indesa, presentó un estudio de impacto económico en el país en relación con la mina de Cobre Panamá. El análisis arrojó que solo en 2021 la minera logró un aporte de 4,8% al producto interno bruto (PIB), en tanto que los empleados asociados (directos, indirectos e inducidos) ascienden a 40.793, lo que equivale al 2,3% de la ocupación total del país, y además representa un ajuste al alza del impacto que se había estimado previamente con datos provisionales: un aporte de 3,5% del PIB y un número de empleos asociados de 39.000. El impacto multiplicador en la producción de Cobre Panamá en el mismo periodo fue de $4.683 millones (el 4,8% del total), mientras que el efecto multiplicador en el ingreso (remuneraciones) fue de $447 millones (2,6% del total nacional). Aproximadamente 2 de cada 100 empleos que existen en el país están asociados a la producción de la mina de cobre de forma directa, indirecta o inducida por el consumo por parte de los trabajadores.

El comunicado del gobierno señala que el 50% de los ingresos anuales por extracción de cobre será para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, y el 20% para que ningún jubilado o pensionado reciba menos de $350 mensuales.

El 25% de los ingresos mínimos anuales será destinado a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón y áreas colindantes con el proyecto. De tales ingresos, un mínimo de 95% será para proyectos de inversión y solo hasta el 5% para funcionamiento.

Para el manejo de estos fondos se establecerá el “Fideicomiso Conquista del Atlántico”. “La identificación de los proyectos de inversión obedecerá a un plan maestro formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con planificación participativa de los gobiernos locales, con sus respectivas comunidades organizadas, para generar soluciones que mejoren de manera integral la vida de los habitantes de las comunidades impactadas”.

La Universidad Tecnológica de Panamá, en conjunto con las respectivas instituciones del Gobierno nacional, prepararán las especificaciones técnicas de los proyectos correspondientes.

Adicionalmente la UTP asesorará y supervisará las obras con un equipo de expertos en administración de proyectos.

De este 25% de ingresos se establecerá un fondo para becas en el exterior, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. Ello incluye recursos destinados a la capacitación técnica para el trabajo. El 5% de los ingresos mínimos anuales se dirigirá a la creación y funcionamiento del Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, a fin de actualizar teoría y práctica de la enseñanza con los mejores niveles de la región.

El ministro Alfaro rindió un informe de las negociaciones ante el Consejo de Gabinete que se realizó anoche. “Hoy marcamos un proceso revolucionario para el país, con un antes y un después, porque mucho más allá de la finalización de la etapa de un contrato, es también la posibilidad de contar con estos ingresos con que el Estado no contaba antes”, señaló un comunicado de la Presidencia que cita al ministro.

El presidente Cortizo, acompañado por el ministro Alfaro, sostuvo un encuentro con los directivos de la empresa minera.