Estados Unidos señala casos de abuso infantil en informe de derechos humanos

El Informe de Derechos Humanos de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos, dividido en seis secciones, concluyó que hubo casos de abuso infantil en los que estuvieron involucrados funcionarios.

Se trata del reporte que detalla que en marzo de 2021 las autoridades aplicaron una condena a 12 años de cárcel por el abuso sexual de un menor acogido en uno de los albergues.

Adicionalmente, establece que las autoridades acusaron a cuatro funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), por abuso infantil, por permitir que un menor fuera transferido a un albergue autorizado para la rehabilitación de adultos, lo que lo hizo vulnerable al abuso.

A raíz de estos reportes, el Ministerio de Desarrollo Social mantuvo una línea de atención telefónica gratuita, ampliamente difundida para que los menores y los adultos reportaran el abuso infantil.

Se menciona en el mes de febrero el caso de una niña de ocho años, víctima de abuso sexual, el cual resultó en un embarazo. El Ministerio Público de inmediato aprehendió al abusador, mientras que la Secretaría Nacional para la Niñez, Adolescencia y Familia se encargó de brindar a la niña servicios de salud física y mental, y el Instituto Nacional de la Mujer ofreció servicios y asistencias limitadas a las sobrevivientes.

El informe afirma que los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública enjuiciaron casos de abuso sexual de menores, dentro de comunidades indígenas. Los funcionarios creyeron que la explotación sexual comercial de menores ocurría, incluso en las áreas turísticas de la ciudad de Panamá y en las comunidades de playa, aunque no mantuvieron estadísticas separadas. Hasta octubre, ningún caso de turismo sexual infantil había si do reportado en el país.

El texto recoge que las condiciones carcelarias siguen siendo difíciles, a causa del grave hacinamiento, de la falta de seguridad interna, la falta de custodios carcelarios, la falta de agua potable, servicios médicos inadecuados y condiciones sanitarias pobres.

Detectó condiciones físicas abusivas que, según la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), del Ministerio de Gobierno, hasta agosto el sistema penitenciarios mantenía a 21.113 reclusos en instalaciones con capacidad para 14.591 personas.

Los detenidos preventivamente compartían celda con reclusos condenados debido a la falta de espacio. Las condiciones carcelarias de las mujeres generalmente eran mejores que las de los hombres, pero las condiciones de ambas poblaciones son pobres. Las cárceles mantuvieron a mujeres transgénero junto con hombres; varias instalaciones estuvieron hacinadas y varias otras carecían de seguridad adecuada para los reclusos, atención médica, suministros básicos para la higiene personal y agua potable.

Además, la Defensoría del Pueblo recibió denuncias relacionadas con las condiciones carcelarias pobres y maltrato de prisioneros, aunado a que organizaciones no gubernamentales (oenegés) con acceso a las cárceles reportaron que pastores evangélicos autoproclamados y líderes de pandillas continuaron controlando firmemente los pabellones dentro de las cárceles.

También destaca que durante las protestas nacionales en junio y julio, hubo algunas denuncias de abuso de autoridad por parte de policías que detuvieron a los manifestantes. Durante estas protestas hubo acusaciones no corroboradas de arrestos o detenciones arbitrarias. Activistas transgénero alegaron que hubo instancias de detenciones arbitrarias de mujeres transgénero en la ciudad de Panamá.

En cuanto a la libertad de expresión, en junio el Servicio de Protección Institucional (SPI) forzó a grupos de la sociedad civil que representaban a personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, LGBTQI+. Alegaron que el SPI específicamente se enfocó en su bandera porque era un símbolo LGBTQI+.

Casos de corrupción

Señaló que a pesar de que la ley contempla penas criminales para la corrupción por funcionarios, el gobierno no tomó pasos efectivos para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos a los derechos humanos o que participaron en actos de corrupción.

Este informe, además, se refiere al caso de dos expresidentes que fueron enjuiciados por blanqueo de capitales y corrupción. El expresidente Ricardo Martinelli y otras 16 personas fueron enjuiciadas como parte de un caso de blanqueo de capitales relacionado con la compra de Editora Panamá América, S.A. con fondos públicos. A pesar de que esta investigación empezó en el año 2017, la primera audiencia no sucedió hasta julio, luego de múltiples retrasos.

Los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, junto con varios exfuncionarios, también fueron enjuiciados por los sobornos en el caso Odebrecht.